Categoría: Nacional

ota original de: Corriente Alterna / Cultura UNAM
Autores de la nota: Ivan Ortiz, estudiante; Carlos Acuña, mentoría 
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2022
https://corrientealterna.unam.mx/justicia-e-impunidad/asesinatos-de-periodistas-mexico-violencia-y-vacio/

A pesar de congregarnos en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, la reunión fue desangelada. Apenas rondaban unas decenas de asistentes. La mitad estaba allí para manifestarse. La otra, para registrar la protesta.

Al vacío lo suplen los nombres: “Aquí está Javier Valdez. Aquí está Miroslava. Yo soy Regina Martínez. Aquí están todas y todos los periodistas que han sido asesinados en el país”, sostiene el reportero Rodolfo Montes desde el micrófono.

El asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez —encontrado sin vida el pasado 5 de mayo, dos días después del Día Mundial de la Libertad de Prensa— motivó a que familiares de periodistas asesinados, la organización Encuentro Nacional de Periodistas y otras agrupaciones convocaran a un mitín y una movilización hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación.

Pero a pocas horas de que comenzara la protesta, otra noticia estalló. Las reporteras Yesenia Mollinedo y Johana García fueron asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, ubicado en el estado más peligroso del país más mortífero para la prensa en todo el planeta: Veracruz.

Yessenia Molinedo, fundadora de la agencia El Veraz, ya había sido amenazada previamente por su cobertura de información policiaca. Dos semanas después, la asesinaron en un ataque con armas de fuego junto con Johana García, reportera de su medio.

Con ellas suman 10 periodistas asesinados y asesinadas en lo que va de 2022.

LÓPEZ ARÉVALO: ECOS DE IMPUNIDAD

Con pancartas en alto, los periodistas exigen un alto a la violencia contra el gremio. Algunos de los asistentes llevan retratos del reportero Luis Enrique Ramírez, del fotorreportero Rubén Espinosa, de Miroslava Breach. Los miembros del Encuentro Nacional de Periodistas destacan en un pronunciamiento: “Con cada agresión se coarta la libertad de expresión y el derecho constitucional a la información”.

Un par de bocinas ayudan a que el mensaje resuene más allá del Ángel. Pero es difícil saber con certeza si las voces no se pierden entre el flujo urbano de Paseo de la Reforma.

Esta organización nació a raíz del clima de violencia contra la prensa en México. Fue justo después de los asesinatos de los periodisatas José Luis Gamboa, en Veracruz, y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana.

Sus exigencias fueron manifestadas en las protestas de aquellos días y también el mitin del 9 de mayo: presentación de informes puntuales y completos de las investigaciones sobre cada asesinato de periodistas, pensiones vitalicias para los familiares de colegas asesinados, mecanismos de protección que sean autónomos y con participación cuidadana, entre otros. Lo conforman tanto periodistas como familiares.

“A mi padre lo asesinaron de noche, con un gatilleo por la espalda en medio de las sombras. Nunca pudieron doblegar su pluma, por eso lo mataron tan cobardemente”, dice en entrevista con Corriente Alterna el hijo de Fredy López Arévalo, director de la revista Jove y exreportero de Notimex, asesinado en San Cristóbal de las Casas el 28 de octubre de 2021.

Freddy Lopez Moreno fue el responsable de abrir el mitin. Dejó claro que los periodistas asesinados no son una estadística, que cada uno tiene un nombre y una historia: Juan Carlos Muñiz, Roberto Toledo, Armando Linares, Norma Sarabia, Fredy López Arévalo…

De acuerdo con López Moreno, el caso de su papá se encuentra estancado porque las autoridades han evadido su responsabilidad: “Quieren, además, darle un carpetazo a base de mentiras en la mañanera”, acusa. Se refiere a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 17 de febrero, cuando el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los autores intelectuales fueron también los autores materiales: un par de sujetos que  sospechosamente aparecieron muertos cuando la Fiscalía General de la República tomó el caso.

“Sé que se puede solucionar el caso de mi padre”, afirma Freddy. “Tengo información con la que se puede vincular a proceso a los responsables. Y lo lograremos. No me importa si será en este sexenio o en el siguiente. Si me hubieran asesinado a mí, mi papá no estaría sentando viendo películas. No descansaría hasta que se hiciera justicia”.

PROTEGERSE ENTRE AMIGOS Y COMPAÑEROS

Rodolfo Montes es miembro del Encuentro Nacional de Periodistas. Ha cubierto crimen organizado y temas de corrupción por más de 15 años. Para él, ejercer este oficio representa pasión, compromiso y responsabilidad; pero también puede significar firmar su sentencia de muerte.

Montes le cuenta a Corriente Alterna que estuvo adherido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo decidió renunciar hace dos semanas a éste, pues considera que no le dio la suficiente confianza para sentirse seguro. “No confío en el Mecanismo. Sentí que eran negligentes y que es un mecanismo más reactivo que preventivo”, asegura.

Desde entonces, se protege por sus propios medios y con el apoyo de amigos y colegas del Encuentro Nacional de Periodistas, así como de la Fraternidad de Reporteros de México. Dice que “gracias a que he tenido la oportunidad de viajar a distintos puntos del país, cuando salgo a cubrir crimen organizado, siempre puedo contar con con algún amigo, algún compañero, y un lugar seguro donde estar”.

Pero los riesgos siguen presentes, a pesar de los protocolos de seguridad: “No hay varitas mágicas. Nunca sabes cuándo te pueden matar. Mañana cualquiera de nosotros puede morir porque se le antojó al funcionario corrupto al que develamos todas sus tranzas.”

Montes considera que es una colusión entre Estado y crimen organizado lo que asegura la impunidad en los asesinatos de periodistas: “La manera en que dejaron a Luis Enrique Ramírez, embolsado con plástico, es el ejemplo más contundente de que estas acciones son causadas por narcopolíticos”.

EL SILENCIO, EL RUIDO Y EL VACÍO

Cualquier marcha parece nutrida cuando hay periodistas presentes. Las cámaras de televisión, los fotógrafos, los micrófonos y las grabadoras nunca faltan en las manifestaciones, en los bloqueos carreteros, en el inicio de un plantón.

Cuando se protesta por la violencia contra los periodistas es diferente. No sorprende que haya poca participación. Es fácil ubicar a los participantes; son los mismos que suelen acudir a las convocatorias. Y es común escuchar comentarios sobre la falta de apoyo social.

En su camino hacia la Secretaría de Gobernación, algunos asistentes hacen una pausa.  En la Glorieta de las y los desaparecidos —antes Glorieta de la Palma— los periodistas se encuentran con un grupo de madres buscadoras, quienes colocan las fotografías sobre la tierra revuelta.

“Este país se desborda”, dice una de ellas. “Sabemos lo que está pasando con ustedes también”. Otra grita desde el altavoz la consigna: “No están solos”.

Aunque México ocupa la posición número 127 de 180 en la Clasificación de Libertad de Prensa 2022, realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras; este mismo informe lo ubica como “el país sin conflicto armado más peligroso para ser periodista”. Y en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según Artículo 19, 35 colegas han sido asesinados por ejercer el periodismo.

“Si matan periodistas a este nivel, es porque tienen la certeza de que se pueden salir con la suya. Una convicción en que matar periodistas sale gratis”, advierte el reportero y documentalista Témoris Grecko.

Grecko cuestiona el papel cómplice que ha jugado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón. Desde su perspectiva, la Feadle es una “tumba de la memoria”. Donde cada asesinato es sepultado con paletadas de impunidad y se limita, en los casos más afortunados, a procesar a autores materiales; nunca a los intelectuales.

“En todo este tiempo no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México”, comparte la periodista Griselda Triana en la manifestación, a cinco días del quinto asesinato luctuoso de su esposo, el periodista Javier Valdez. “Sin duda, lo que más cala es que sigue silenciándose a personas que, a través de sus publicaciones, mostraban que aquí casi todo está mal.”

Existe una regla no escrita dentro del gremio: los periodistas no debemos ser la noticia. Pero la violencia que enfrentan reporteras, comunicadores, trabajadores de los medios –sobre todo en los estados– tiene efectos: que las nuevas generaciones de periodistas asumamos esta labor no sólo con compromiso, sino también con miedo.

Cada que se asesina a un periodista, se silencia una voz colectiva. El peligro crece en ese silencio. La ciudadanía queda vulnerable a ser manipulada por intereses económicos o políticos a los que el periodista era incómodo. La distancia entre periodistas y sociedad es más grande.

Esa distancia sabe a vacío.

Porque a las marchas de periodistas solo acuden periodistas, sus familiares, quizás alguna comisión solidaria. Y, en espera de que la sociedad civil también les arrope, las y los periodistas hacen lo que saben hacer: sacan sus micrófonos y grabadoras o transmite en vivo para redes sociales. Y mientras hacen un enlace con colegas amenazados en los estados, esta vez también enfocan los lentes de sus cámaras hacia sí mismos. Son la nota y después siguen escribiendo.

Nota original de: Corriente Alterna / Cultura UNAM
Fecha de publicación: 26 de enero de 2022
https://corrientealterna.unam.mx/justicia-e-impunidad/periodistas-en-mexico-entre-la-violencia-y-la-precariedad/

El violento arranque de año y la suma de agresiones acumuladas en la última década en México, país considerado el más mortífero del mundo para ejercer el periodismo, provocaron una ola de movilizaciones de trabajadores de los medios en más de 60 ciudades de 28 entidades de la república.

Sobre la fachada del edificio de la Secretaría de Gobernación se proyectaba con luz blanca la consigna: “No se mata la verdad matando periodistas”. En la acera, con veladoras, se improvisó un altar frente a decenas de retratos de comunicadores asesinados en México; los mismos rostros se proyectarían también sobre los muros Sonaron las consignas: “¡Justicia, justicia, justicia!” Entre las pancartas en alto, una persona menor de edad sobre los hombros de un adulto sostenía un mensaje escrito a mano: “No mates a los periodistas”.

La Ciudad de México no ha estado exenta de la violencia contra periodistas: en 2006 ocurrió el homicidio del periodista José Manuel Nava y en 2015, el del fotoperiodista Rubén Espinosa. Además, en el primer semestre de 2021, la capital encabezó la lista de entidades con más agresiones contra periodistas: 64 casos, de acuerdo con la organización Artículo 19.

La manifestación se convirtió en un espacio para exigir un alto a los crímenes contra periodistas que, en una década, superan el centenar y, en su mayoría, siguen impunes. Sin embargo, la protesta también sirvió para ventilar otros conflictos que enfrenta el gremio: las condiciones laborales en los medios de comunicación, por ejemplo, como parte de la cadena de violencia que merma la libertad de expresión.

“No he sufrido violencia física, pero la violencia laboral es algo constante y a lo que he estado expuesto”, dice Humberto Basilio, periodista de ciencia y medio ambiente, quien asistió a la movilización para exigir justicia por los asesinatos de José Luis, Margarito y Dulce; aunque no deja de mencionar los bajos salarios y la ausencia de prestaciones laborales para sus colegas.

“La precarización contribuye, también, a las condiciones de violencia”, agrega Estefanía Camacho, reportera independiente especializada en temas de género.

Raquel Prior, periodista de investigación, coincide: “No me he sentido vulnerada ni he sufrido violencia como la que están viviendo en otros estados. Sin embargo, la precariedad laboral me hace sentir vulnerable”. No debería considerarse un asunto menor: esta situación, subraya Prior, la ha llevado a replantearse si continuar ejerciendo este oficio.

A lo anterior se suma la violencia de género, que se replica al interior de los medios. Raquel considera que es necesario “que en las redacciones se creen mecanismos para protegernos de violencias como los abusos o el acoso”; además de que haya salarios igualitarios y reconocimiento similar al de los periodistas varones.

Montserrat Reyes es fotodocumentalista. Frente a la Secretaría de Gobernación, explica que parte de su trabajo es documentar hechos noticiosos en la periferia, sobre todo relacionados con violencia y violencia de género. Por cuestiones de seguridad, procura trabajar en colectivo con otras fotógrafas y periodistas. Más de una vez, mientras realiza su trabajo, ha tenido que “elegir si quedarme parada o correr”. El periodismo, dice, “quizá no pueda cambiar el mundo, pero puede generar empatía o una reflexión”.

“Pese a este clima de violencia que se vive –reitera la reportera Estefanía Camacho–, éste es uno de los momentos más importantes para seguir ejerciendo el periodismo”.

YUCATÁN SE SOLIDARIZA

“Si todos vienen por la foto o la nota ¿quién va a estar en la protesta?”, cuestiona el periodista Oscar Rodríguez al inicio de la movilización convocada en Mérida, Yucatán, para condenar la violencia contra periodistas.

No hay un registro oficial del número de personas que ejercen el periodismo en Yucatán, pero alrededor de 60 asistieron la noche del 25 de enero a la movilización frente al Monumento a la Patria, en Mérida.

A través de un megáfono, la voz de Rodríguez resuena con la lectura del posicionamiento colectivo: “Matar a un periodista en México es como matar a nadie. Lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías, en los estados y la federal, para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”.

Yucatán es uno de los pocos estados del país sin homicidios de comunicadores, según el registro de Artículo 19 de periodistas asesinados en relación con su labor informativa.

Sin embargo, en Mérida, “la segunda ciudad más segura de América”, según el gobernador Mauricio Vila, sí se han registrado casos de violencia contra periodistas. La reportera independiente Lilia Balam enumera dos casos ocurridos, apenas, en el primer mes de 2022: el intento de homicidio del periodista Jaime Vargas y la agresión de un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al fotoperiodista Ramón Celis.

Para Balam, dos de los principales obstáculos a los que se enfrenta la prensa local es que se desconocen los mecanismos de denuncia frente a una agresión o intimidación y, por otro lado, las autoridades se resisten a brindar información pública.

Martín Zetina, fotoperiodista y colaborador de la agencia Cuartoscuro y el periódico Por Esto Yucatán, complementa: la censura institucional, marcada por las líneas editoriales, impide que, en ocasiones, se publique su trabajo. A ello se suma la pandemia de covid-19, porque hay comunicadores sin seguridad social y con sueldos bajos, pese a que trabajan largas jornadas.

JUSTICIA DESDE MICHOACÁN

En Michoacán hay 17 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde 2006, de los cuales ninguno ha sido esclarecido ni se ha encontrado a los responsables. “En Michoacán como en México, la justicia permanece ausente, la apuesta pareciera ser que sus nombres se diluyan con el tiempo”, reclaman los periodistas.

Con veladoras, fotografías, pancartas, cámaras y micrófonos, alrededor de 130 periodistas —acompañados por amigos y familiares— cubrieron su propia manifestación en el Centro Histórico de Morelia.

Recordaron a los periodistas michoacanos víctimas de la violencia: Jaime Arturo Olvera, Israel García Pimentel, Juan Pablo Solís, Miguel Ángel Valle, Martín Javier Miranda, Hugo Alfredo Olvera, Rosa María Ríos Campos, Salvador Adame, Fidel Ávila Gómez, Luis Eduardo Ochoa Aguilar y Abraham Mendoza Mendoza.

También se escucharon los nombres de José Antonio García Apac, Cristian Axel López Cruz, Mauricio Estrada, Rafael Pérez, María Esther Aguilar y Ramón Ángeles Zalpa, periodistas desaparecidos en el estado. Mencionarlos fue un recordatorio “de que nadie está seguro, que cada palabra emitida, cada imagen tomada, puede ser sentenciada”.

“Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias”, dice la periodista Patricia Monreal en la lectura del posicionamiento. “No más periodistas asesinados, no más periodistas desaparecidos: ni silencio ni olvido. No se mata la verdad”.

En medio del pronunciamiento, los periodistas comentaron la muerte de Indira Rascón García, corresponsal de Tv Azteca Michoacán, quien murió atropellada en 2015 mientras realizaba su trabajo. La televisora desconoció una relación contractual porque había sido contratada de manera externa, por lo que sus padres no recibieron una indemnización. Lo cuentan porque hay más de una forma de matar a un periodista y la precariedad de las condiciones laborales es una de ellas.

Con información de Ivan Ortiz, Mariana Beltrán y Jacqueline Silva, integrantes del tercer taller de inducción al periodismo de investigación, Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM / Corriente Alterna.

Nota original de: Corriente Alterna / Cultura UNAM
Fecha de publicación: 26 de enero de 2022
https://corrientealterna.unam.mx/justicia-e-impunidad/periodistas-en-mexico-entre-la-violencia-y-la-precariedad/