Hace unas semanas, en un reportaje publicado en The Wall Street Journal, una exempleada de Facebook dio a conocer que los directivos de esta compañía saben que Instagram, que también pertenece a la primera empresa, tiene efectos negativos en la salud mental de las mujeres adolescentes, especialmente, y no han hecho nada para evitarlos.

En los últimos tres años, Facebook habría realizado estudios internos sobre el lado oscuro de Instagram, y el responsable de uno de los informes, de marzo de 2020, habría señalado, entre otras cosas, que “32 por ciento de las chicas dice que cuando se sienten mal con su cuerpo Instagram las hace sentir peor”.

Al respecto, Luis Ángel Hurtado Razo, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y experto en redes sociales, declara: “Estamos cayendo otra vez en un debate muy antiguo. Cuántas veces en el pasado no se acusó a la televisión de crear el estereotipo de una mujer muy delgada, a partir del cual las jovencitas corrían el riesgo de padecer anorexia, bulimia y otros trastornos. Siempre se ha dicho que los medios de comunicación crean estereotipos, pero éstos también son producto de la construcción social, es decir, de la historia, costumbres, educación y políticas públicas puestas en marcha en cada país. Así, los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) y ahora, además, las redes sociales sólo se encargan de reproducir cada una de las expresiones generadas por la sociedad. En el caso específico de las adolescentes que se sienten mal al ver imágenes de mujeres con un cuerpo casi perfecto, la responsabilidad no recae únicamente en las personas que suben dichas imágenes a Instagram, sino también en aquellas que las consumen”.

En el reportaje de The Wall Street Journal también se afirma que el algoritmo de Facebook premia las manifestaciones de odio y agresividad porque son más atractivas y logran más interacciones de los usuarios, por lo que éstos permanecen más tiempo en esa plataforma digital.

“Claro, los discursos de odio son más atractivos que los positivos. Es más probable que la gente voltee a ver a un individuo cuando agrede a otro que cuando lo felicita. Esto no fue descubierto por los dueños de las redes sociales. Desde hace muchos años, las cadenas de televisión lo saben. Por eso, la televisión está plagada de programas en los que se exhiben infidelidades, agresiones y otras conductas negativas. A los humanos nos interesa más lo que tiene que ver con lo negativo que con lo positivo”, indica el especialista.

Regulación: sí o no

Acerca de una posible regulación de las redes sociales y de Internet. Hurtado Razo piensa que eso sería lo peor que podría pasar. En cambio se pronuncia en favor de que el Estado emprenda cuanto antes la alfabetización mediática de la población, para que ésta sea capaz de discriminar la información que recibe a diario por estos medios, contrastarla, decidir cuál le beneficia y cuál le perjudica, y, sobre todo, saber cuál es falsa.

“Con la educación mediática, los ciudadanos podrían llegar pronto a la conclusión de que lo mejor es tener menos Chumel y más contenidos educativos; menos agresiones y más debates; menos emotividad y más racionalidad. Es la primera vez en la historia de la humanidad que, gracias a las redes sociales e Internet, todos tenemos la posibilidad de expresarnos libre y abiertamente, y hay que defenderla. Si se regularan las redes sociales e Internet, ya no habría marcha atrás y más temprano que tarde perderíamos la posibilidad de expresarnos libre y abiertamente, y de acceder a la información que nos ofrecen. Ahora bien, hay que recordar que todo poder conlleva una gran responsabilidad.”

En opinión de Hurtado Razo también es necesario que las personas no se enganchen a una sola red social, sino que consideren otras alternativas y aun páginas de Internet.

“Y si el discurso es igualmente negativo y perjudicial en estas opciones, lo más recomendable es salirse de las redes sociales e Internet y consultar otros medios, como periódicos, revistas, libros, estaciones de radio, canales de televisión… De esta manera se configura lo que se llama criterio informativo; con él, las personas adquieren la facultad de discernir e incluso cuestionar a los mismos medios, lo cual enriquece el debate y hace que el consumo y la propagación de fake news disminuyan”, finaliza.

SITUACIÓN EN MÉXICO

De acuerdo con el estudio “Cómo utilizan las redes sociales los mexicanos”, coordinado por Luis Ángel Hurtado:

• En promedio, los mexicanos usan Facebook, Instagram y Whatsapp alrededor de cinco horas al día.
• 99 de cada 100 mexicanos que tienen redes sociales poseen una cuenta de Facebook, lo que convierte a ésta en la red más utilizada en nuestro país.

El investigador del Instituto de Geofísica Juan Américo González Esparza recibió ayer el Premio Estatal de Ciencia 2021, el cual es otorgado por el Gobierno del Estado de Michoacán.

El reconocimiento le fue entregado en el marco del 16 Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Décimo Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán, organizados por el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación.

González Esparza es responsable del Observatorio de Centelleo Interplanetario de Coeneo, Michoacán, fundador de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Servicio de Clima Espacial Mexicano, y responsable técnico del Laboratorio Nacional de Clima Espacial.

Nació en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1967. Estudió la Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó un doctorado en Física Espacial en el Imperial College de la Universidad de Londres y una estancia posdoctoral en el Jet Propulsion Laboratory NASA-Caltech. Se incorporó como investigador al Instituto de Geofísica de la UNAM en 1997.

De ese año hasta 2006 formó parte del Departamento de Ciencias Espaciales y a partir de 2006 se trasladó a Morelia para dirigir el observatorio de centelleo interplanetario de Coeneo (MEXART) e impulsar la fundación de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica en el campus Morelia. En 2014 fundó el Servicio de Clima Espacial Mexicano y en 2016 el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE). Actualmente es investigador titular C mantiene el nivel D en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel III).

Sus principales líneas de investigación son el estudio de las ondas de choque en el viento solar, simulaciones numéricas magnetohidrodinámicas, centelleo interplanetario y clima espacial. Participa además en el desarrollo de políticas públicas de protección civil en temas de clima espacial en colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Su producción científica incluye 60 artículos de investigación indizados y 28 en memorias en extenso arbitradas.

González Esparza ha tenido una trayectoria excepcional en desarrollo de infraestructura institucional en el estado de Michoacán. Fungió como gestor y responsable científico de la construcción del radiotelescopio MEXART en Coeneo, Michoacán (2001-2005). La antena del MEXART es un arreglo de 4,096 dipolos que cubren un área física de 10,000 m2 (https://youtu.be/Wy8ItD2F-_Y). La construcción del MEXART recibió apoyos de la UNAM y del Gobierno del Estado de Michoacán y fue inaugurado el 1 de diciembre de 2005 por el rector de la UNAM y el gobernador. El observatorio fue considerado uno de los logros más destacados de la UNAM en el periodo 1999-2007. A partir de julio de 2006, González Esparza es fundador de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica, la cual se consolidó como unidad académica aprobada por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM en 2009. En 2014 creó, junto con su equipo de trabajo, un nuevo servicio nacional: el Servicio de Clima Espacial Mexicano. En 2016 lideró el establecimiento del LANCE, el cual tiene su sede principal en el observatorio de Coeneo.

Con respecto a la formación de recursos humanos, ha dirigido 16 tesis incluyendo: cinco de doctorado, cuatro de maestría y siete de licenciatura. También ha dirigido cinco estancias posdoctorales y es actualmente responsable de un proyecto de grupo de cinco cátedras Conacyt. Imparte clases en licenciatura y posgrado en Michoacán. Participó en la creación del plan de estudios de la Licenciatura de Geociencias en 2012 y en la apertura de la sede del Posgrado de Ciencias de la Tierra en 2015, ambos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores-Morelia.

El Internet no sólo se ha convertido en un habilitante para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, sino también podemos afirmar que hoy día es el vehículo por excelencia para su ejercicio.

Así lo consideró Pablo Pruneda Gross, coordinador de la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Al intervenir en el Seminario Internacional La Responsabilidad Civil Extracontractual de los Intermediarios de Internet, convocado por el IIJ, expuso que los mencionados derechos son reconocidos como fundamentales e inherentes a todo ser humano por los diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales.

“Sin embargo, habían permanecido ajenos para la mayoría de la población, hasta que Internet vino a cambiar eso de manera radical”, destacó.

Agregó que ahora cualquier persona con un dispositivo y acceso a una red de telecomunicaciones puede difundir alguna idea u opinión, y puede hacer que su voz sea escuchada, literalmente en todo el mundo.

El investigador resaltó que esto ha sido posible, entre otras razones, debido al surgimiento de empresas dedicadas a proveer servicios para permitir la comunicación entre personas de todo el planeta.

Tanto las empresas que prestan servicios de conexión a Internet como las que alojan páginas, los motores de búsqueda, las plataformas de redes sociales y las que abren espacios para la discusión de temas en particular, entre otras, se les llama plataformas de intermediación, definió Pruneda Gross. “Comúnmente se les conoce como intermediarios de Internet y sólo sirven como vehículo para la expresión de ideas de terceras personas, también conocidas como usuarios, es decir, no son los autores productores o editores del contenido que se publica y difunde a través de Internet.”

No obstante, añadió el universitario, se ha planteado que los intermediarios de Internet son jurídicamente responsables del contenido que se encuentra alojado en la red.

O qué responsabilidad tienen estas plataformas, cuando sus usuarios generan y difunden contenidos que producen daños económicos y morales y originan reclamos por parte de otros usuarios, ciudadanos o autoridades.

Estas preguntas, informó, ya han sido respondidas en algunos países, los cuales en términos generales han reconocido y establecido en su legislación que los intermediarios de Internet no pueden ser tratados como autores de los contenidos que se difunden libremente y por lo tanto no deben ser considerados como responsables del contenido que generan y difunden terceros.

Mencionó que, con la entrada en vigor de la actualización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el primero de julio de 2020, se le impuso a nuestro país la obligación de incorporar en su marco jurídico disposiciones en materia de responsabilidad de intermediarios respecto a los proveedores de servicios informáticos, interactivos, en un plazo de tres años.

Ante esto, apuntó, es importante analizar el contenido de este tipo de legislación, que tiene respecto al ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación, así como el desarrollo de la economía digital.

Por lo que, advirtió Pruneda Gross, no se deben perder de vista las consecuencias negativas que este tipo de normatividad pueda tener por las posibles afectaciones a otros derechos inherentes a las personas como son el honor, la reputación y la imagen personal.

El 26 de agosto de 2020 una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó la sección femenil del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, Campeche, y justo ese día apareció un mueble con toallas femeninas de distribución gratuita, algo que causó extrañeza entre las reclusas pues, como denunciarían ellas más tarde, eso se instaló a toda prisa y con ganas de guardar apariencias, ya que nunca antes las autoridades del penal les habían dado insumo alguno para gestionar su menstruación.

“Y esto es algo que se repite en todo México. La mayoría de las presas en el país tienen entre 18 y 35 años, es decir, están en una edad donde el menstruo es una constante y, al carecer de este apoyo, muchas se ven orilladas a arrancar trozos de esponja de sus colchonetas o a usar periódico para contener el flujo”, señaló Hilda Téllez Lino, directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, al participar en el Seminario Mujeres en Espiral, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Para la abogada, que se den situaciones así se debe a que los centros penitenciarios no fueron creados con perspectiva de género, sino para hombres y luego se fueron adaptando para recibir reclusas, con las deficiencias que esto conlleva. “Debemos admitirlo, tenemos una deuda tanto institucional como histórica con las mujeres privadas de la libertad”.

Para diagnosticar las carencias de estos centros, desde 2010 la CNDH visita, año con año, los diferentes centros penitenciarios mexicanos. En su recomendación más reciente, la 35/2021, es clara y tajante: “En estos espacios no se garantiza a las adolescentes y mujeres el derecho a la salud sexual y reproductiva ni una gestión e higiene menstrual dignas”.

Y no sólo eso. Además de haber encontrado que los penales no incluyen en su presupuesto la compra de toallas femeninas (“como si el acto de menstruar no ocurriera cada mes”) en su revisión los observadores constataron que, en los centros mixtos, persiste una separación deficiente entre población masculina y femenina, lo cual pone a muchas mujeres en riesgo de ser objeto de violencia o prostitución.

Según cifras de octubre de 2021, en México hay 222 mil 18 personas privadas de su libertad: 209 mil 541 hombres y 12 mil 577 mujeres (5.66 por ciento del universo carcelario) y, de ellas, 6 mil 994 están recluidas en centros mixtos, es decir, más de la mitad. De entre los focos rojos detectados por la CNDH está un penal donde sólo hay dos reclusas, cuando la Constitución señala: “Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres”.

Cuando los roles de género también son una cárcel

Los días de visita se viven de forma muy diferente en los penales masculinos que en los femeninos; mientras en los primeros se forman largas filas de familiares y se percibe un ambiente casi de fiesta, en los segundos las formaciones son más bien cortas y los visitantes, escasos. Esto se debe a que en el imaginario colectivo es más fácil concebir que un hombre delinca a que una mujer lo haga y, por lo mismo, el estigma recibido por ellas es mayor y esto, con frecuencia, causa el abandono de sus cercanos.

Y es que, a decir de Hilda Téllez, los roles que la sociedad le impone a las mujeres no se quedan afuera, sino que se introducen en el reclusorio para seguir ejerciendo presión, y uno de los que más preocupa a la abogada es ese papel que la sociedad ha adjudicado a las mujeres: mientras a un padre se le permite ser una figura ausente, ellas son cuidadoras de sus hijos y el sostén de la familia.

“Algo que hemos detectado en las reclusas es ansiedad no sólo por estar en una prisión, sino también por no estar en casa atendiendo a sus madres, padres, hermanos e hijos. Esta carga de roles termina por ser un lastre que genera angustia y deteriora su salud mental.”

Pero los centros penitenciarios apenas y consideran la atención a este tipo de padecimientos, el tratamiento de adicciones y situaciones relacionadas. “Noventa por ciento de las quejas recibidas por la CNDH por parte de los internos tiene que ver con la salud, tanto la física como la psicológica; de ahí la importancia de realizar visitas y formular recomendaciones”, finalizó.

Las mujeres hoy en día postergan su embarazo hasta más allá de los 40 años porque le dan prioridad a su desarrollo personal, profesional y laboral, el cual no se logra a los 20 años, edad biológicamente idónea para embarazarse, afirmó Ana Paola Sánchez Serrano, egresada de la Facultad de Medicina (FM) y socia fundadora del Centro de Reproducción Procrea.

Pero gracias al avance de la ciencia en este campo, actualmente se aplican con éxito varias técnicas de reproducción asistida para ayudar a las parejas que naturalmente no pueden tener hijos, ya sea por su edad o por diversos padecimientos.

Sobre esas técnicas, la especialista en biología de la reproducción dictó una conferencia, organizada para recibir a los alumnos de nuevo ingreso de la UNAM en esta área del conocimiento.

Infertilidad, problema de salud pública

Sánchez Serrano explicó que la infertilidad es un problema de salud pública que atañe a muchísimas parejas, varias de las cuales buscan a toda costa concebir un bebé. “La posibilidad de quedar embarazada en el humano es relativamente baja, de un 20 a 25 por ciento en las parejas sanas, aunque esto se asocia totalmente a la edad. Entre más joven es la pareja mayor es la posibilidad de quedar embarazada”.

Entre sus causas se encuentran de 50 a 60 por ciento de casos asociados a problemas de la mujer, entre 40 y 50 por ciento del hombre, y entre un cinco y 10 por ciento es por causa desconocida, detalló.

La incidencia del uso de la reproducción asistida ha aumentado por el matrimonio a edad más avanzada, la postergación de la maternidad, el menor número de hijos, mayor tiempo de anticoncepción y mayor tiempo de exposición a sustancias tóxicas como el tabaco y a enfermedades de transmisión sexual.

Diversas opciones

La reproducción asistida es una rama de la biología de la reproducción, que a su vez es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia en medicina, dijo la experta en esa área, quien explicó varias técnicas actualmente en uso en la práctica médica.

Entre las técnicas más comunes y modernas destacan el coito programado con inducción de ovulación, que busca optimizar el periodo de ovulación con el propósito de prefijar las relaciones sexuales y conseguir un embarazo. Se usa principalmente en parejas jóvenes con problemas de infertilidad leves o que buscan una opción a las técnicas de reproducción asistida tradicionales.

Otra, es la inseminación artificial o intrauterina, la cual consiste en inyectar directamente en el útero una muestra de semen previamente procesado para facilitar la llegada de los espermas al óvulo con el objetivo de aumentar las probabilidades de fecundidad. Es usado frecuentemente cuando el esperma o moco cervical tienen baja calidad, lo que impide el correcto desplazamiento de los espermatozoides.

Se trata de una práctica muy sencilla en la que el semen es sometido a un lavado en donde se escogen los espermas con mayor salud para elevar la tasa de éxito. No se requiere anestesia, es rápido y seguro. Para la utilización de este método el médico tiene que determinar que al menos una de las trompas sea permeable, es decir, que permita el paso de los espermatozoides de forma sencilla.

La fertilización in vitro es el tratamiento en el que la fecundación del óvulo no se da dentro del útero materno, se hace en el laboratorio por medio de diferentes técnicas. Se puede llevar a cabo cuando hay diferentes problemas, como cuando en las trompas de Falopio se impide el paso del esperma al óvulo, cuando hay pocos óvulos disponibles, si la ovulación ocurre en periodos muy prolongados, por algunos padecimientos que afectan la función ovárica o de trompas; o en casos en los que los que hay poca presencia de esperma en el semen y su calidad no es la requerida para conseguir la fecundación de forma natural.

Requiere una previa estimulación ovárica con medicamentos para promover el desarrollo de los folículos, para así conseguir más y mejores óvulos.

Sánchez Serrano concluyó que, antes de seleccionar la técnica, se debe estudiar cada caso y de forma individual, haciendo un diagnóstico correcto que indique el método más adecuado para cada pareja.

La vivienda adecuada es un elemento central para la calidad de vida de las personas y está estrechamente ligada a su supervivencia. Carecer de ella resta años de vida; por ejemplo, en México se calcula que para los niños en situación de calle la esperanza de vida es de 25 años, es decir, 50 años menos que el promedio del resto de la población, se estableció en el panel de expertos El Reto de la Vivienda en la Nueva Normalidad, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).

En el contexto de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial del Hábitat, Mariana Sánchez Vieyra, secretaria técnica de proyectos de esa entidad universitaria, señaló que contar con una vivienda adecuada es un derecho humano y un elemento central para la calidad de vida de las personas; sin embargo, grandes sectores de la población urbana mexicana carecen de él.

De acuerdo con el Censo 2020, refirió, hay ocho millones 669 mil 281 viviendas deshabitadas y de uso temporal (alrededor de 19 por ciento del total del país). Esto habla de una fuerte crisis; la principal entidad que desarrolla viviendas, el Infonavit, las ha construido lejos de las ciudades, o carecen de calidad y por eso son abandonadas.

La vivienda se convirtió en una defensa contra la Covid-19 con la estrategia de quedarse en casa, pero en México no todas las personas tienen un hogar. Muchas están en situación de calle; algunas más, con la crisis sanitaria, perdieron el empleo y se vieron obligadas a desalojar sus casas. En otros casos, por el hacinamiento o la carencia de servicios básicos no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o el lavado de manos, recordó.

María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, recalcó que por datos oficiales de 2015 se sabe que, en México, 76.2 por ciento de la población ocupada no podía acceder a la compra de vivienda a través del mercado, ni por crédito o subsidios.

El derecho a la vivienda se entiende sólo como para los asalariados y los propietarios, y se excluye a las grandes mayorías. La solución para tener una visión amplia de ese derecho es comprenderlo como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos: que sea una posibilidad para todos.

Tijuana y Ciudad Juárez

María de los Ángeles Zárate López y Alonso Hernández Guitrón, de la Universidad Autónoma de Baja California, al hablar del caso de Tijuana dijeron que esa ciudad cuenta con 576 mil viviendas y que dicha urbe ha crecido sobre todo por medio de la creación de nuevos conjuntos habitacionales y la formación de asentamientos irregulares.

Los especialistas mencionaron que hay más de 100 zonas consideradas como asentamientos irregulares; se trata de alrededor de 300 mil predios de los cuales 27 mil no son factibles de regularizar, ya que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, al hablar del panorama en Ciudad Juárez, detalló que en esa urbe hay una fuerte aplicación de la política habitacional de interés social, promovida después del año 2000. Entre 2001 y 2010 se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que arribaron por las corrientes migratorias. En 10 años se construyó 30 por ciento del parque habitacional actual de la ciudad.

En 2017, destacó, más de la mitad de las colonias eran fraccionamientos, la mayoría de interés social y muy pocos residenciales. Según el Censo 2020, siete de cada 10 viviendas son propias, pero la mitad aún se están pagando.

Eftychia Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura y los posgrados de Urbanismo y Ciencias de la Sostenibilidad, explicó que la vivienda es un problema de largo aliento.

Al hablar de la Zona Metropolitana del Valle de México, puntualizó que una de las estrategias más relevantes en esta región debería ser la descentralización de las actividades, unidades económicas, dotación de bienes y servicios, y fuentes de empleo.

Por último, Franco Barradas Miranda, de la Universidad de Quintana Roo, dijo que las condiciones de habitabilidad encontradas en un caso de estudio, en el fraccionamiento Caribe de la ciudad de Chetumal, son un impedimento para cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud, dado que las dimensiones de las viviendas no permiten respetar la sana distancia.

Además, la falta de disponibilidad de agua durante todo el día dificulta el lavado frecuente de las manos, y todo ello podría explicar por qué ese conjunto de viviendas ha sido uno de los más afectados por la pandemia en esa ciudad, finalizó.