La vivienda adecuada es un elemento central para la calidad de vida de las personas y está estrechamente ligada a su supervivencia. Carecer de ella resta años de vida; por ejemplo, en México se calcula que para los niños en situación de calle la esperanza de vida es de 25 años, es decir, 50 años menos que el promedio del resto de la población, se estableció en el panel de expertos El Reto de la Vivienda en la Nueva Normalidad, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC).
En el contexto de la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial del Hábitat, Mariana Sánchez Vieyra, secretaria técnica de proyectos de esa entidad universitaria, señaló que contar con una vivienda adecuada es un derecho humano y un elemento central para la calidad de vida de las personas; sin embargo, grandes sectores de la población urbana mexicana carecen de él.
De acuerdo con el Censo 2020, refirió, hay ocho millones 669 mil 281 viviendas deshabitadas y de uso temporal (alrededor de 19 por ciento del total del país). Esto habla de una fuerte crisis; la principal entidad que desarrolla viviendas, el Infonavit, las ha construido lejos de las ciudades, o carecen de calidad y por eso son abandonadas.
La vivienda se convirtió en una defensa contra la Covid-19 con la estrategia de quedarse en casa, pero en México no todas las personas tienen un hogar. Muchas están en situación de calle; algunas más, con la crisis sanitaria, perdieron el empleo y se vieron obligadas a desalojar sus casas. En otros casos, por el hacinamiento o la carencia de servicios básicos no se pueden tener normas mínimas de distanciamiento social o el lavado de manos, recordó.
María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, recalcó que por datos oficiales de 2015 se sabe que, en México, 76.2 por ciento de la población ocupada no podía acceder a la compra de vivienda a través del mercado, ni por crédito o subsidios.
El derecho a la vivienda se entiende sólo como para los asalariados y los propietarios, y se excluye a las grandes mayorías. La solución para tener una visión amplia de ese derecho es comprenderlo como lo hacen los tratados internacionales de derechos humanos: que sea una posibilidad para todos.
Tijuana y Ciudad Juárez
María de los Ángeles Zárate López y Alonso Hernández Guitrón, de la Universidad Autónoma de Baja California, al hablar del caso de Tijuana dijeron que esa ciudad cuenta con 576 mil viviendas y que dicha urbe ha crecido sobre todo por medio de la creación de nuevos conjuntos habitacionales y la formación de asentamientos irregulares.
Los especialistas mencionaron que hay más de 100 zonas consideradas como asentamientos irregulares; se trata de alrededor de 300 mil predios de los cuales 27 mil no son factibles de regularizar, ya que se encuentran en zonas de alto riesgo.
Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM, al hablar del panorama en Ciudad Juárez, detalló que en esa urbe hay una fuerte aplicación de la política habitacional de interés social, promovida después del año 2000. Entre 2001 y 2010 se construyeron 150 mil viviendas nuevas para los trabajadores formales que arribaron por las corrientes migratorias. En 10 años se construyó 30 por ciento del parque habitacional actual de la ciudad.
En 2017, destacó, más de la mitad de las colonias eran fraccionamientos, la mayoría de interés social y muy pocos residenciales. Según el Censo 2020, siete de cada 10 viviendas son propias, pero la mitad aún se están pagando.
Eftychia Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura y los posgrados de Urbanismo y Ciencias de la Sostenibilidad, explicó que la vivienda es un problema de largo aliento.
Al hablar de la Zona Metropolitana del Valle de México, puntualizó que una de las estrategias más relevantes en esta región debería ser la descentralización de las actividades, unidades económicas, dotación de bienes y servicios, y fuentes de empleo.
Por último, Franco Barradas Miranda, de la Universidad de Quintana Roo, dijo que las condiciones de habitabilidad encontradas en un caso de estudio, en el fraccionamiento Caribe de la ciudad de Chetumal, son un impedimento para cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud, dado que las dimensiones de las viviendas no permiten respetar la sana distancia.
Además, la falta de disponibilidad de agua durante todo el día dificulta el lavado frecuente de las manos, y todo ello podría explicar por qué ese conjunto de viviendas ha sido uno de los más afectados por la pandemia en esa ciudad, finalizó.