En 2013 se registraron 24 denuncias por acoso y hostigamiento sexual dentro de la administración pública federal, cifra que se elevó a 237 en 2015. “Esto es un incremento del 987 por ciento en sólo dos años; sin embargo, del total de las acusaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y en los pocos meses que lleva el actual, sólo una derivó en una sanción proporcional a la falta cometida: la presentada por una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) que en septiembre pasado llevó a la destitución e inhabilitación de Jorge Lavoignet, un alto directivo de dicha entidad”, señaló Thania Ramírez Alpízar, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
A decir de la especialista en Derecho, ambas cifras, al ser confrontadas, dibujan un escenario paradójico en el que chocan posturas irreconciliables: por un lado, muestran una conciencia cada vez mayor de cómo estas vejaciones afectan a las mujeres y la necesidad de marcarles un alto, y por el otro evidencian a un sistema reacio al cambio y manejado por cofradías machistas proclives a exhibir a la víctima y solapar al agresor, en especial si es un hombre de poder, bajo una torcida lógica de “ser leales con la autoridad”.
“Que en tantos años se hayan recibido miles de denuncias y sólo un individuo haya sido merecedor de un castigo acorde a su falta habla mucho de esta verticalidad y protección a la impunidad en que vivimos. Ello inquieta porque, como advertía la doctora Daniela Cerva, el servicio público —de alguna manera— subjetiviza a la sociedad, es decir, educa a las personas en cuanto a sus relaciones sociales y la gente termina replicando lo que ve en esos entornos”.
Al participar en el 3 Congreso Internacional sobre Género y Espacio, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, la abogada señaló que debido a esta disparidad entre lo mucho que se acusa y lo poco que se sanciona se ha gestado una crisis de credibilidad en cuanto a la aplicación de la norma, pues todos saben que existe, pero nadie cree en ella.
“El Estado tiene mucha responsabilidad en esto ya que ha promovido una suerte de burocratización del sufrimiento en México, lo cual ha derivado un descreimiento en la justicia y un desdén por las instituciones. Gran parte del problema radica en la práctica, es decir, en el proceder de quienes deberían brindar protección a las víctimas y que, al final, hacen muy poco por cumplir su tarea”.
La denuncia contra Jorge Lavoignet fue recibida a finales de 2017; en septiembre de 2018 el INE lo halló responsable de exigir intimidad física a una de sus subordinadas y lo destituyó e inhabilitó, y en noviembre repitió este veredicto, al considerar que el funcionario incurrió en “chantaje sexual a quid pro quoy acoso sexual ambiental”.
Sin embargo, después de la charla sostenida por Thania Ramírez con UNAM Global, trascendió que el acusado promovió un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde cinco jueces hombres (quienes sesionaron en ausencia de sus compañeras mujeres) fallaron a favor de Lavoignet, dándole la oportunidad de revertir la única sanción del sexenio aplicada a un alto funcionario por hostigar sexualmente.
La crisis de credibilidad y la garantía de anonimato
Para Thania Ramírez existe una tendencia a considerar acoso todo acto en el que un individuo muestra la intención de apropiarse del cuerpo de otra persona de manera no consensuada, “pero no debemos meter todo en un mismo saco, pues agregar elementos a nuestra comprensión permite analizar mejor las cosas”.
Sobre este punto aclaró que, dentro de los espacios laborales, si un individuo tiene avances sexuales no consentidos hacia alguno de sus compañeros es acoso. En contraste, si la agresión proviene de un jefe debemos hablar de hostigamiento, ya que en este caso tenemos a un individuo que usa su superioridad jerárquica y poder para condicionar la permanencia laboral de su subordinado o para hostilizar su entorno si éste se niega a sus exigencias carnales.
“Aquí entramos en esa dinámica de ‘yo te doy, tú me das’ (quid pro quo), es decir, en esa suerte de favoritismo sexual del que abusan las personas con alto poder de decisión y que sólo es posible al amparo de estos sistemas de jerarquización sumamente estricta y de nombramientos tan autoritarios y propios de los espacios laborales. Ello nos debe hacer pensar en la necesidad de procesos más justos y equitativos de evaluación integral para los servidores públicos”.
A fin de prevenir estas conductas el Estado se comprometió desde 2016, a través de tratados internacionales, a aplicar un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexuales, el cual, a decir de Thania Ramírez, aunque representa un avance tiene deficiencias técnicas pues no establece bien los procedimientos a seguir y, en vez de eso, faculta mucho a los llamados comités de ética para valorar conductas, lo que da luz verde a criterios subjetivos que, a la postre, inclinan la balanza hacia quien tiene el poder y no hacia una debida atención a la víctima.
“También hay procedimientos paralelos en la administración pública federal donde es posible acudir a alguna unidad interna de manera anónima, lo cual suena bien, pero en la práctica esto no funciona porque, de manera errónea, se suele pedir ratificación de la queja, lo cual equivale a hacer público el nombre de la persona afectada: ello de inmediato pone en riesgo su estabilidad laboral y posibilita que el agresor o sus aliados la vulneren y le impidan el acceso a la justicia”.
En la inconformidad presentada por Lavoignet ante el INE tras su destitución, el denunciado decía que era su derecho “que la acusante compareciera ante la autoridad administrativa para ratificar”, a lo que la parte dictaminadora respondió: “Fue jurídicamente acertado no llamar a la denunciante para ‘ratificar’ su escrito inicial o ser objeto de un interrogatorio adicional o confrontación con el acusado debido a la perspectiva de género que debe orientar estos asuntos y el cuidado reforzado que debe tenerse para evitar revictimizar a quien dice haber sufrido abusos o actos sexuales no consentidos”.
Sobre este punto, Thania Ramírez señala que en materia administrativa —rama a la que ella se dedica— no es preciso ratificar; en la penal sí debemos hacer esto del conocimiento de la de persona que lo resiente, pero ello no significa que la autoridad haga público el nombre de quien denuncia. “Y pese a todo, los órganos internos de control encargados de recibir estas quejas, por carecer de perspectiva de género, no garantizar el anonimato. En ninguna parte la ley prohíbe hacer denuncias anónimas y, sin embargo, la ratificación es una práctica nociva en la que aún se insiste”.
Las sanciones como ejemplo
Para Thania Ramírez Alpízar, la destitución e inhabilitación de Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, quien hasta hace poco fungía como director del Secretariado del INE, es una medida tan ejemplar como necesaria. El ver una cifra tan alta de denuncias y un número tan bajo de sanciones indica, por un lado, que no hay efectividad al aplicar la justicia y que aún prevalece un sistema de impunidad basado en proteger al aliado y ser leales con la autoridad, incluso si ello implica dar un espaldarazo a conductas éticamente reprobables.
“El que se otorguen sentencias absolutorias aún habiendo archivos sobre las agresiones, videos y testigos sólo demuestra una aquiescencia para que el acoso y el hostigamiento se sigan perpetrando. Por ello, sancionar es una forma de corregir algo que nos hiere a todas, pues estas conductas nos niegan el derecho a la seguridad y movilidad en los espacios públicos. No es ser punitivos porque sí, sino señalar a los responsables y removerlos, al tiempo que echamos abajo aquel estereotipo que justifica cualquier falta bajo el argumento de ‘si es mujer, quiere, y si es hombre, desea’”.
La administración pública federal consta de 53 dependencias y de todas ellas el INE es la que más denuncias por acoso y hostigamiento sexual tiene, de ahí que para Ramírez Alpízar sea muy importante la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral contra el abogado Lavoignet Vásquez, quien en 2009había sido ya señalado por otra de sus subordinadas justo por lo mismo, pero había sido desoída.
Antes de saber que cinco jueces hombres del TEPJF —a los que la columnista Elisa Alanísdescribió como el “G5 Varonil”— respaldarían a Lavoignet en su intento por echar abajo la sanción a la que se hizo merecedor, Thania Ramírez Alpízar había declarado: “Se necesitaron muchas denuncias para que el INE finalmente destituyera a este alto funcionario, aunque todo ello nos hace pensar en todo lo que se hubiera evitado si la primera hubiera sido oída y hubiese prosperado”.
