Rey Destroyer tenía 22 años cuando, a principios de marzo de 2024, sufrió una caída durante una función de lucha libre en Monterrey. Tras caer sobre la lona, logró reincorporarse, pero se desvaneció segundos después. Fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado durante varios días. Sus compañeros organizaron actividades para ayudar a su familia a cubrir los gastos médicos. El luchador murió el 12 de marzo, después de las lesiones sufridas en el cuadrilátero.
El caso de Rey Destroyer muestra lo que puede ocurrir cuando un accidente se presenta en un oficio en el que la protección laboral resulta insuficiente para muchos de sus integrantes. Una lesión no solo puede poner en riesgo la salud de un luchador: también puede representar un problema económico para él y su familia y afectar su posibilidad de continuar trabajando.

De acuerdo con Carlos Juárez Gutiérrez, becario posdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e investigador de las condiciones laborales en la lucha libre profesional mexicana, esta situación forma parte de un problema más amplio. Las formas de contratación, la distribución de las oportunidades de trabajo y las diferencias entre quienes participan en las grandes empresas y quienes lo hacen en el circuito independiente configuran un mercado laboral marcado por distintas dimensiones de la precariedad.
Un mercado laboral desigual
Para comprender las condiciones laborales de los luchadores es necesario entender que la lucha libre mexicana funciona como un mercado laboral segmentado, en el que conviven las grandes empresas y las promotoras independientes, explicó Juárez Gutiérrez.
En las empresas existen diferentes modalidades de contratación. Algunos luchadores mantienen vínculos continuos con una compañía, mientras que otros son convocados únicamente para determinadas funciones. En el circuito independiente, señaló el investigador, son frecuentes los acuerdos informales y de palabra: los luchadores reciben fechas para participar sin que necesariamente exista un contrato escrito que establezca con claridad sus condiciones laborales.
Esta informalidad no significa que carezcan de derechos. La Ley Federal del Trabajo incluye expresamente a los luchadores en su capítulo sobre deportistas profesionales y contempla relaciones laborales por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o para uno o varios eventos. Además, la falta de un contrato escrito no elimina los derechos derivados de una relación de trabajo.
En la práctica, el acceso a las funciones depende, en buena medida, de promotores, empresarios y encargados de programarlas. La cantidad de presentaciones puede cambiar constantemente y, con ella, también los ingresos. Para los luchadores independientes, dejar de ser programados puede significar una pérdida económica y una disminución de su presencia en las carteleras y de su visibilidad ante el público.
La posición que ocupa cada luchador dentro de una función constituye otro elemento determinante. El trabajo se organiza mediante un escalafón en el que existen preliminaristas, semifinalistas y estelaristas. Las luchas preliminares suelen ofrecer espacios a quienes comienzan su trayectoria o cuentan con menor reconocimiento, aunque la posición en la cartelera no corresponde de manera automática con los años de experiencia.
Alcanzar los niveles superiores tampoco depende únicamente de la capacidad deportiva. El reconocimiento del público, la experiencia, las relaciones dentro del gremio y las decisiones de los promotores influyen en las oportunidades que recibe cada luchador. Quienes ocupan las posiciones estelares suelen obtener mejores remuneraciones, mientras que quienes participan en las luchas iniciales reciben ingresos más bajos. La presencia de una figura consolidada puede, además, favorecer la venta de entradas.
Según el investigador, esta estructura también produce diferencias entre las mujeres, los luchadores de la categoría mini y los llamados exóticos. Estos últimos construyen personajes que juegan con expresiones de género y convenciones de la masculinidad. Juárez Gutiérrez considera que las barreras que estos grupos han enfrentado para acceder a mejores posiciones pueden constituir formas de discriminación laboral.
La división femenil, por ejemplo, ha encontrado obstáculos para alcanzar el mismo protagonismo que la varonil. Incluso luchadoras con trayectorias reconocidas pueden tener dificultades para ocupar el lugar estelar de una función. En el caso de los minis, el investigador señaló que su presentación como acompañantes o versiones de otros personajes ha limitado, en ciertos contextos, el reconocimiento de sus propias carreras. Los exóticos, por su parte, han enfrentado prejuicios de promotores, compañeros y sectores del público.
Las cuatro dimensiones de la precariedad laboral
Estas desigualdades se desarrollan dentro de un mercado en el que Juárez Gutiérrez identifica cuatro dimensiones principales de precariedad: la temporalidad e inestabilidad del empleo, la insuficiencia de los ingresos, la desprotección laboral y la vulnerabilidad frente a los riesgos del trabajo.
La primera corresponde a la inestabilidad laboral. Los luchadores no siempre tienen certeza sobre la continuidad de sus contrataciones, ya que su participación depende de la programación de las funciones. Una lesión, una decisión de los promotores o un cambio en las preferencias del público puede modificar su agenda. Para quienes se encuentran en el circuito independiente, una reducción o interrupción de las presentaciones puede significar la desaparición inmediata de los ingresos provenientes de esta actividad.
La segunda dimensión es la insuficiencia de los ingresos. El investigador describe una estructura piramidal en la que un grupo reducido concentra reconocimiento y mejores remuneraciones, mientras que otros participantes permanecen en posiciones menos favorecidas.
En el circuito independiente hay luchadores que reciben cantidades muy bajas por función. Algunos tienen otros empleos y utilizan la lucha libre como una actividad complementaria; otros continúan participando principalmente por vocación o por el deseo de permanecer dentro del gremio, aun cuando la remuneración económica sea mínima.
La tercera dimensión es la desprotección laboral. De acuerdo con Juárez Gutiérrez, entre los trabajadores estudiados existen casos sin acceso efectivo a prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas o seguridad social. Ante una lesión, algunos terminan cubriendo por su cuenta consultas, tratamientos y procesos de rehabilitación.
El problema radica tanto en las modalidades de contratación como en las dificultades para reconocer las relaciones laborales y hacer efectivos los derechos correspondientes. Que una persona sea presentada como luchador independiente no permite determinar, por sí solo, cuáles son sus derechos u obligaciones: deben considerarse las condiciones reales en las que presta sus servicios.
Esta desprotección provoca que una parte importante del riesgo recaiga directamente sobre el trabajador. Una lesión derivada de una actividad de gran exigencia física puede convertirse también en un problema económico para el luchador y su familia.
La cuarta dimensión corresponde a la vulnerabilidad frente a los riesgos laborales. El cuerpo constituye la principal herramienta de trabajo de los luchadores y está sometido a golpes, caídas y esfuerzos físicos. Por ello, una lesión puede reducir sus oportunidades de participación, afectar sus ingresos y provocar su desplazamiento dentro de las carteleras.
La precariedad económica puede incluso llevar a algunos a ocultar o minimizar sus lesiones para no perder fechas de trabajo, señaló el investigador. Detenerse significa dejar de percibir ingresos y, en un mercado caracterizado por la inestabilidad, una ausencia prolongada puede traducirse en pérdida de espacios y visibilidad.
De esta manera, las cuatro dimensiones están estrechamente relacionadas. La inestabilidad laboral genera incertidumbre económica; los bajos ingresos dificultan afrontar los costos de una lesión; la falta de protección efectiva obliga al trabajador a asumir sus consecuencias, y ese mismo riesgo puede reducir sus oportunidades futuras de empleo.
El trabajo más allá del ring
Las condiciones laborales también tienen consecuencias en la vida personal. Según Juárez Gutiérrez, quienes participan constantemente en giras y funciones pueden enfrentar viajes frecuentes, horarios irregulares de alimentación, pocas horas de sueño y escaso tiempo para convivir con sus familias.
Esta dinámica puede provocar ausencias durante acontecimientos importantes y dificultades para conciliar el trabajo con la vida familiar. La exigencia física y laboral de la profesión contrasta con la percepción que en ocasiones tiene el público, que observa únicamente el momento del espectáculo sin conocer las condiciones que existen detrás de él.
Además, la precariedad no afecta exclusivamente a los luchadores. La lucha libre depende de numerosos trabajadores: quienes instalan y mantienen los cuadriláteros, el personal de audio y video, los réferis y los anunciadores. Sus condiciones también forman parte del funcionamiento de esta industria.
La disputa por los personajes
A las dimensiones anteriores se suma el problema de la propiedad y explotación de los personajes. En la lucha libre, el nombre, la máscara y otros elementos de identificación constituyen una parte fundamental de la trayectoria y del valor comercial del luchador.
Sin embargo, los derechos sobre esos elementos no siempre pertenecen a quien interpreta al personaje. Dependiendo de los registros y acuerdos existentes, una empresa u otra persona puede ser titular de determinados derechos, lo que puede limitar su uso cuando termina una relación profesional.
La protección de estos elementos involucra distintas figuras de propiedad intelectual. Entre ellas se encuentran las reservas de derechos al uso exclusivo de personajes y nombres artísticos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, así como los registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sus alcances son diferentes y dependen de lo que se haya protegido.
Por ello, registrar y defender un nombre o personaje puede requerir recursos, tiempo y asesoría especializada. Para un luchador, una disputa de este tipo puede comprometer una identidad profesional que ha construido durante años y limitar sus posibilidades de obtener ingresos a partir de ella.
El envejecimiento y la pérdida de espacios laborales
El envejecimiento constituye otro de los problemas de la profesión. Juárez Gutiérrez advierte que las oportunidades para aprovechar la experiencia de quienes ya no pueden participar con la misma intensidad resultan insuficientes. Cuando disminuyen las capacidades físicas, algunos luchadores pueden perder contrataciones y reconocimiento entre ciertos sectores de la afición.
En su análisis, esta situación se agrava por la pérdida de espacios de trabajo. Las arenas pequeñas han permitido que los luchadores locales se desarrollen y compartan funciones con figuras provenientes de empresas importantes. El cierre de estos recintos reduce las oportunidades de presentación y dificulta tanto la continuidad de las trayectorias como la formación de nuevos talentos.
La falta de espacios también puede limitar las posibilidades de quienes buscan transmitir su experiencia como entrenadores, instructores, visores o formadores de nuevas generaciones. Al mismo tiempo, plantea dificultades para la preservación de los conocimientos y las prácticas de la lucha libre.
“Esto es especialmente importante porque la lucha libre posee saberes y técnicas específicas que forman parte de su patrimonio cultural. Entre ellas se encuentra el tradicional trabajo a ras de lona y el uso de llaves, elementos que históricamente fueron fundamentales para distinguir a la lucha libre mexicana y que han ido perdiendo presencia frente a otros estilos más orientados al espectáculo y a los vuelos”, comentó Carlos Juárez.
La enseñanza del oficio también ha formado parte de sus investigaciones. En un artículo sobre experiencias formativas, el académico recuperó las narrativas de siete instructores y observaciones realizadas en gimnasios para analizar cómo se transmiten estos conocimientos.
El debilitamiento de la organización colectiva
A las condiciones de precariedad laboral se suma una organización colectiva débil, señala el investigador, aunque advierte que no siempre fue así.
De acuerdo con su reconstrucción de la historia del gremio, durante las décadas de 1970 y 1980 la organización sindical permitió fortalecer una identidad compartida y negociar determinadas condiciones laborales. El sindicato contaba con un tabulador salarial y tenía capacidad de interlocución con empresarios y promotores.
Aunque estaba vinculado con el sindicalismo corporativo mexicano y no necesariamente era una organización independiente y confrontativa, representaba una forma de contención frente a los intereses empresariales. “Permitía que los luchadores se reconocieran como integrantes de un mismo gremio y defendieran colectivamente determinadas condiciones”, explicó.
Según Juárez Gutiérrez, durante la década de 1990 esa organización entró en crisis. La pérdida de recursos y el debilitamiento de la dirigencia coincidieron con transformaciones del mercado, el surgimiento de nuevas empresas y cambios en las formas de contratación. La competencia entre promotoras contribuyó a dividir al gremio.
En su interpretación, esta transformación produjo también una fractura en la manera en que los luchadores se reconocían entre sí. La competencia por oportunidades, contratos, lugares en las carteleras y espacios de exposición ganó terreno frente a la identidad colectiva.
La contratación individualizada y la disputa por las funciones contribuyeron, así, a debilitar las posibilidades de organización. Esto no significa que hayan desaparecido la solidaridad o las iniciativas de apoyo entre compañeros, sino que resulta más difícil convertirlas en mecanismos permanentes de defensa laboral.
En un mercado donde los promotores y las empresas tienen un peso considerable sobre la asignación de oportunidades, intentar organizarse puede representar un riesgo para el trabajador. El investigador identifica el temor a los llamados “bloqueos”: dejar de ser contratado, perder lugares en las carteleras, no ser programado en determinadas plazas o quedar fuera de ciertas rivalidades.
Aunque no medie una comunicación formal de despido, un luchador puede ver reducidas sus oportunidades de trabajo. Esa posibilidad favorece que algunos busquen resolver individualmente sus problemas y eviten acciones que consideran capaces de afectar su continuidad.
Esto produce una situación paradójica: quienes más necesitan organizarse para defender sus derechos pueden ser precisamente quienes tienen mayores dificultades para hacerlo. El miedo a perder el trabajo genera desánimo y limita la participación.
Por ello, la desunión gremial no puede explicarse únicamente como falta de interés o solidaridad entre trabajadores. En el análisis de Juárez Gutiérrez, también responde a relaciones laborales asimétricas, precariedad, competencia y temor a represalias.
¿Qué se puede hacer?
En este contexto, la declaratoria de la lucha libre como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México, realizada en 2018, representa un reconocimiento importante. Refuerza su valor como expresión de identidad y como una tradición sostenida por conocimientos, técnicas y prácticas compartidas.
La declaratoria contempló una comisión encargada de instrumentar un plan de salvaguarda. De hecho, el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural capitalino había autorizado y validado ese plan en febrero de 2018. Se trata de un reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de México, distinto de una inscripción en las listas de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
Sin embargo, la existencia de un reconocimiento y de instrumentos de salvaguarda no garantiza, por sí sola, mejores condiciones laborales. El reto consiste en que las políticas de preservación y promoción también contemplen la protección de quienes hacen posible el espectáculo y permitan evaluar sus resultados.
En este sentido, como sostiene Carlos Juárez, puede hablarse de una “patrimonialización del espectáculo” cuando se reconocen la tradición, los personajes, las técnicas y el valor turístico de las funciones, pero no se atienden con la misma intensidad las condiciones de quienes producen ese patrimonio. Para evitarlo, sería necesario articular políticas culturales, laborales y deportivas que atiendan de manera conjunta las distintas dimensiones de la actividad.
Para el Dr. Juárez , una primera medida sería conocer las dimensiones reales del gremio. La creación de un padrón de luchadores profesionales permitiría identificar cuántas personas trabajan en la actividad, bajo qué modalidades y cuáles son sus principales necesidades. A partir de esta información podrían diseñarse políticas públicas más específicas.
También sería necesario fortalecer la formación y preservar los conocimientos de la lucha libre. Esto podría incluir mecanismos de certificación para instructores e instructoras, así como un mapeo de gimnasios y espacios de enseñanza. Apoyar la continuidad y recuperación de las arenas y los centros de trabajo ampliaría las oportunidades para nuevos talentos y para quienes buscan transmitir su experiencia.
Otro frente corresponde a las condiciones laborales. Además de revisar los mecanismos de supervisión de promotores y empresarios, es necesario hacer efectivos los derechos existentes y establecer con claridad las condiciones de contratación. También podrían discutirse parámetros o tabuladores de pago que consideren las diferencias entre empresas, funciones y categorías.
La protección frente a los riesgos físicos constituye otro aspecto fundamental. La lucha libre es una actividad de gran exigencia corporal en la que pueden producirse lesiones graves. La Ley Federal del Trabajo establece, entre las obligaciones especiales de los patrones de deportistas profesionales, mantener un servicio médico que realice reconocimientos periódicos; también prohíbe exigir esfuerzos excesivos que pongan en peligro la salud o la vida.
Para quienes trabajan por cuenta propia, facilitar el acceso a la seguridad social y a coberturas adecuadas para los riesgos de la profesión representa otra vía de protección. Los seguros privados pueden complementar estos mecanismos, pero no sustituyen las obligaciones que correspondan cuando existe una relación laboral.
Finalmente, según lo propuesto en la investigación desarrollada en el IIS UNAM , cualquier política de protección tendría que considerar la participación de los propios luchadores. La debilidad de la organización colectiva es uno de los problemas identificados en este texto; por ello, las medidas que se diseñen difícilmente podrán ser efectivas si quienes trabajan en el gremio no participan en su elaboración y aplicación. La protección del patrimonio cultural de la lucha libre debería incluir también la protección de las personas que mantienen vivo ese patrimonio.
Ver más allá de los encordados
Detrás de cada función existe una red de trabajadores que sostiene una tradición ampliamente reconocida, pero cuyas condiciones pueden estar marcadas por la inestabilidad, los bajos ingresos, la falta de protección efectiva y los riesgos físicos.
Reconocer su labor requiere generar condiciones que les permitan continuar ejerciendo y transmitiendo este oficio, acceder a sus derechos y construir una trayectoria dentro y fuera del ring.








































