Estados Unidos enfrenta una ola de protestas sociales. La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de intensificar las redadas migratorias e intentar deportar a cerca de 3 mil personas al día —en su mayoría latinoamericanos— «ha provocado manifestaciones de costa a costa, con epicentro en California», explicó José Luis Valdés Ugalde, investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
«Probablemente la crisis crezca más de lo que imaginamos, sobre todo si Trump sigue en su disposición de actuar violentamente en contra de los manifestantes que expresan su punto de vista frente a las detenciones ilegales que se llevan a cabo», agregó el también editor en jefe de la revista Norteamérica.
En entrevista para UNAM Global, el especialista dijo que la respuesta oficial ha incluido la imposición de un toque de queda en el centro de Los Ángeles, así como el inminente despliegue de fuerzas militares, incluyendo 2 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines.
“Estas protestas surgen por las detenciones masivas y arbitrarias realizadas por ICE, el servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. Lo inédito ha sido la magnitud y generalización de las manifestaciones de protesta en distintos estados”, resaltó.
La represión afecta no sólo a migrantes indocumentados, sino también a personas con situación legal establecida, y eso ha detonado una desaprobación generalizada de sectores opositores y de amplios sectores de la sociedad civil.
Aunque esta política se alinea con las promesas de campaña de Trump, no se trata de una estrategia electoral: «No es una jugada política, sino el cumplimiento extremo y violento de un compromiso de campaña que Trump está llevando al extremo», señaló.
Al presidente Trump se le ha pasado la mano y esto podría costarle políticamente, sobre todo en las elecciones intermedias del próximo año, donde podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes, evaluó el experto.
Una situación controvertida
El toque de queda decretado por la alcaldía de Los Ángeles —que abarca apenas un poco más de kilómetro cuadrado de la ciudad— ha sido presentado como una medida legal para controlar actos de vandalismo cometidos por grupos radicales infiltrados entre manifestantes pacíficos. No obstante, la medida ha provocado controversia.
“No sé si se justifica plenamente”, señaló el experto. “Pero es una respuesta de la alcaldesa de Los Angeles, Karen Bass y del gobernador Gavin Newsom, para recuperar el control de la situación y enviar un mensaje claro a Donald Trump: que el gobierno local puede contener la situación sin necesidad de intervención federal o militar.”
El especialista consideró que uso de fuerzas militares en escenarios de protesta ciudadana representa una amenaza para la democracia estadounidense: “Se está rompiendo con un principio democrático fundamental: la libertad de expresión. La convivencia civil es agredida por una corriente autoritaria que representa al trumpismo y los sectores más duros del Partido Republicano.”
Esto no debería suceder, dijo el entrevistado, pero está sucediendo. Desafortunadamente en un país en donde la libertad de expresión se respetaba y se guardaba celosamente.
Así, el toque de queda no sólo afecta a los inmigrantes indocumentados y manifestantes, sino también a todos aquellos actores de la sociedad civil que requieren tener relación con el centro de la ciudad en Los ángeles.
“Se trata de una medida legal, y se atribuye a razones de seguridad interna y de violencia. Durará el tiempo que duren las manifestaciones violentas o hasta que estas sean contenidas por las fuerzas del orden de Los Ángeles”.
México y Estados Unidos
Esta crisis interna ha impactado en la relación bilateral con México. La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, acusó sin pruebas a la presidenta Claudia Sheinbaum de incitar y promover las protestas violentas, a pesar de que Sheinbaum condenó públicamente la violencia desde el primer momento, añadió el experto en la materia.
“Eso -lo de Noem- fue una ruptura con el protocolo diplomático”, afirmó Valdés Ugalde. “Y coloca a la relación bilateral en una situación incierta. Por eso, el gobierno de México debe ser muy cuidadoso con su discurso para no dar pie a interpretaciones de intromisión en los asuntos internos de Estados Unidos.”
Es recomendable que el gobierno mexicano cuide las formas discursivas ante el conflicto que se vive en este momento, debido, por otra parte, a la imposición de impuestos a las remesas, así como también de la persecución de la que son objeto los inmigrantes mexicanos, para que no se confunda el apoyo obligado que el gobierno mexicano debe proporcionar a sus connacionales con una intromisión en los asuntos internos estadunidenses.
Aunque el experto considera que el impacto económico directo de las protestas aún es limitado, sí anticipa posibles consecuencias comerciales en el marco del T-MEC, debido a preocupaciones estadounidenses sobre la reforma judicial recientemente aprobada en México.
“La elección de jueces, magistrados y ministros puede interpretarse como una ruptura de principios clave del acuerdo comercial, lo cual afectaría, en su momento, la negociación bilateral”, concluyó.