El escenario regional y nacional en torno a la migración se encuentra en un punto particularmente álgido, producto de la confluencia de coyunturas cada vez más enardecidas. La primera de ellas es una resurgida discusión en la arena pública sobre la entrada y desplazamiento de centroamericanos por México, al nuestro país haber evitado temporalmente –45 días, para ser exactos– la imposición progresiva de aranceles a todas sus importaciones por parte de Estados Unidos de América (EE.UU.) a través de una dudosa negociación, cuyo resultado público fue un comunicado conjunto entre ambas naciones emitido el pasado 7 de junio. En él, México se comprometió a desplegar las fuerzas armadas de su Guardia Nacional a lo largo de la República para frenar la entrada “irregular” de migrantes centroamericanos a EE.UU. y permitió que dicho país retorne rápidamente a territorio mexicano a quienes soliciten refugio al gobierno estadounidense, en lo que éste procesa “aceleradamente” sus solicitudes. Simultáneamente, encontramos diásporas centroamericanas en México y sus fronteras, pagando cualquier costo por la esperanza; incluso si éste es el mismo del que huyen en sus lugares de origen: la muerte.
La segunda coyuntura es el arranque de la campaña de reelección presidencial de Trump hace dos semanas con un discurso anti-inmigración. No olvidemos que, para el actual presidente y candidato, el nacionalismo xenófobo –un pleonasmo, en realidad– es una bandera que ondea tan alto que no dudó en enfrentar a su país al cierre de gobierno más largo de su historia para conseguir recursos que financiaran el muro fronterizo que prometió durante su primera campaña. Curiosamente, el mismo día que Trump comenzó su segunda carrera por la presidencia, el titular del ejecutivo federal mexicano anunció las nuevas medidas de identificación que solicitó implementar a líneas de autobuses comerciales aludiendo a la supuesta seguridad de los migrantes, y que empresas como ADO (2019) anunciaron como un “derivado de la contingencia migratoria” –¿acaso el término “contingencia” no nos hace pensar en una epidemia que debe ser contenida y, de ser posible, erradicada?–. Por su parte, una tercera coyuntura es el otorgamiento de 30 millones de dólares a El Salvador desde el gobierno mexicano hace poco más de una semana para un programa homónimo al denominado “Sembrando vida” que impulsará en el campo de nuestro país, pero que en territorio salvadoreño pretende servir como medida de contención migratoria. Su baja aceptación por parte de mexicanos en redes sociales no es novedad alguna.
En este agitado marco, resulta particularmente relevante hablar de las perspectivas de nuestros universitarios en torno al tipo de migración que es foco de dichas coyunturas, al tratarse de futuros profesionistas de quienes se espera respuesta ante fenómenos de tal magnitud. En la UNAM, los planes de estudio de al menos una licenciatura en cada facultad incluyen en su perfil de egreso el análisis de los problemas de nuestra sociedad para contribuir en su solución hacia el bienestar. Incluso hay facultades –como la de Filosofía y Letras (FFyL)–, en las que dicho elemento se encuentra –más o menos– presente en todos sus planes de estudio. Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva de nuestros universitarios respecto a problemáticas sociales tan polémicas como la migración indocumentada?
Al visibilizarse mediáticamente el éxodo centroamericano llamado “caravana migrante” a inicios de octubre pasado, el repudio a las y los migrantes por parte de mexicanos en partes usualmente externas a la capital del país, si bien me eran dolorosas, no me resultaban fuera de lo ordinario. Nuestro sistema educativo e instituciones se han encargado de justificar nuestra xenofobia bajo la etiqueta de “identidad nacional”. Basta recordar las marchas ciudadanas que exigieron la expulsión de los centroamericanos “vivos o muertos” y las campañas de odio de las que fueron objeto en redes sociales, incluso por parte de las mismas autoridades locales. Lo que me resultó verdaderamente lejos de lo esperado, fueron las expresiones de rechazo en las redes sociales provenientes de estudiantes de esta universidad: “la máxima casa de estudios”. Como alguien que había buscado inscribirse en cursos especializados sobre migración y realizado voluntariados en albergues de atención a personas que encarnan este fenómeno, la percepción de ilegitimidad hacia el éxodo centroamericano entre tales jóvenes me resultaba abrumadora y, francamente, inverosímil.
Con la finalidad de aproximarme a ello, más desde las ciencias sociales, y menos desde la parcialidad de las propias redes y experiencias, el mes siguiente –antes de que la primera diáspora arribara a la Ciudad de México– me propuse encuestar a 50 alumnos de la FFyL seleccionados al azar. Hice uso de un cuestionario escrito y anónimo compuesto de cinco secciones que pretendieron develar las tendencias sociopolíticas en las percepciones de los estudiantes en torno a procesos de migración indocumentada. Participaron alumnos desde 1º a 8º semestre de la vasta mayoría de las licenciaturas existentes en la facultad. A continuación, presento los principales hallazgos y un par de reflexiones al respecto.
¿Qué piensan nuestros universitarios sobre la migración indocumentada?
A partir de las respuestas obtenidas, pude identificar que existen contradicciones de 3 tipos en las perspectivas de los estudiantes sobre la migración indocumentada:
1) Simultánea solidaridad y rechazo hacia los migrantes centroamericanos. Al preguntar si los alumnos experimentaron algunos sentimientos enlistados respecto a la entrada indocumentada de centroamericanos a nuestro país, así como su objeto, aquéllos expresaron tendencias mayoritariamente de solidaridad en el caso de los sentimientos de impotencia, tristeza, enojo y curiosidad; sin embargo, al tratarse del miedo, casi el 60% de los universitarios que dijeron haberlo experimentado, fue con expresiones de rechazo hacia los migrantes. “De las enfermedades que puedan portar”, “por el caos que están generando”, “a que cometan actos delictivos”, “que se queden en México y otros tomen su ejemplo”, “a convivir con ellos”, son algunos de los motivos que los alumnos de esta casa de estudios presentaron –textualmente– en este sentido.
Otra de las secciones del cuestionario consistía en expresar sus opiniones sobre lo retratado en las siguientes fotografías –las hubieran visto antes o no–, además de señalar la frontera en la que se creía retratada la escena y la nacionalidad de los migrantes implicados.
Pese a que los estudiantes afirmaron saber que, tanto la fotografía 1, como la 2, eran escenas ocurridas en la frontera México-Guatemala y los migrantes de origen centroamericano, las opiniones sobre lo retratado fueron contradictorias entre sí por parte de los mismos encuestados. Por un lado, hubo expresiones como “siento lástima por las personas que se ven en la necesidad de abandonar su país y exponerse a estos riesgos” mientras que, por el otro, hubo respuestas como “no estoy de acuerdo con las migraciones de tono invasivo” y “entraron a la fuerza a la frontera, me parece que [es] muy irresponsable de su parte”. Esta percepción de rechazo es apreciable aún con mayor claridad en las siguientes contradicciones.
2) Percepciones diferenciadas en correspondencia con el origen de los migrantes. Además de las imágenes previas, se preguntó lo mismo sobre las siguientes dos fotografías tomadas en la frontera México-EE.UU. (véase fotografía 3 y 4).
La contradicción que saltó fue que cuando los estudiantes estaban seguros de que la frontera era la de nuestro país con Centroamérica (véase fotografías 1 y 2), el rechazo hacia los migrantes primaba con opiniones como “manera inadecuada de entrar”, “se busca por la fuerza el mejoramiento de la vida, aunque el gobierno de México ofreció oportunidades de ingresar legalmente, muchos omitieron eso” y “no hay seguridad en las fronteras, cualquiera puede entrar”. Mientras que en las fotografías 3 y 4 que les hacían pensar –en su mayoría– que el grupo de migrantes era sólo de mexicanos o los incluía, los estudiantes opinaron: “necesidad de la ilegalidad es preocupante”, “impotencia ante las pocas oportunidades de un trabajo estable y bien remunerado [que llevan a] tener que arriesgarse a cruzar” y “las malas maneras en que el gobierno de Trump trata a los migrantes como animales”. Así, parece que la legitimidad de la migración –y sus medios– según los estudiantes encuestados, está relacionada con el origen de los que la llevan a cabo; dicho factor parece determinar también la percepción que se tiene sobre la legitimidad de las acciones de política pública en la materia, es decir, su carácter más o menos restrictivo.
Expresiones como “miedo a no saber quiénes son”, comunes entre el grueso de la población mexicana, y entre los estudiantes encuestados, respecto a los migrantes centroamericanos son reproducidas continuamente por los gobiernos para implementar medidas restrictivas que rayan o se transforman en violencia. Sin embargo, resulta paradójico que vivimos día a día con conciencia de que coexistimos en el mismo país con millones de personas cuya identidad desconocemos –a veces, incluso, la de nuestros propios vecinos de cuadra–; entonces, ¿por qué sí nos interesa saber “quiénes son” los extranjeros que llegan en el éxodo? ¿Qué queremos saber realmente cuando “queremos saber quiénes son”? ¿A quiénes consideramos legitimados para ingresar a nuestro territorio y cómo establecemos los requisitos que deben cumplir?
Tal contradicción fue más notoria en el apartado del cuestionario consistente en un test de coordenadas políticas, en el que se solicitó a los estudiantes indicar su grado de acuerdo con afirmaciones sobre la forma en la que el gobierno estadounidense debería abordar la inmigración indocumentada llevada a cabo principalmente por mexicanos, y lo que el gobierno de México debería hacer con la proveniente de Centroamérica. Mientras que, en el primer caso, los alumnos se inclinaron a que el gobierno estadounidense garantizara derechos a migrantes mexicanos –al libre tránsito, trabajo, vivienda, educación, seguridad social, etc.–, en el segundo caso, los estudiantes señalaron mayoritariamente que el Estado mexicano debería no sólo ser más restrictivo en sus políticas migratorias, sino también invertir los recursos públicos que se destinan a la asistencia de migrantes centroamericanos, en problemáticas que aquejan a los mexicanos.
De esta forma, las perspectivas de nuestros universitarios parecen revelar fenómenos sociales de racialización, xenofobia, conservadurismo, clasismo y aporofobia. Todos ellos entrelazados, privando unos sobre otros en correspondencia con la conformación particular de subjetividades, aunque todos presentes en alguna medida; podría decirse que fueron pocas las perspectivas consistentes a lo largo del cuestionario en términos de expresar solidaridad hacia los migrantes indocumentados. A tales fenómenos sociales, se suma una de las problemáticas que, considero, enmarca –y recrudece– muchas de las demás señaladas, a saber, la percepción de falla del Estado mexicano para cumplir con las funciones de bienestar generalizado de su población por las que, según Bobbio, Matteucci y Pasquino (1983), el Estado fue fundado como concepto e institución.
3) Percepciones segregacionistas discordantes con el enfoque humanista sostenido por la UNAM. En las respuestas de los universitarios al test de coordenadas políticas aludido, emergió una tercera contradicción directamente relacionada con la formación humanista que se esperaría entre ellos como estudiantes de la UNAM, especialmente de la Facultad de Filosofía y Letras. Los participantes se dijeron principalmente “sin postura”, “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que el gobierno mexicano debería, tanto “reforzar sus fronteras para evitar la migración indocumentada”, como “endurecer sus políticas migratorias”, pese a que es de conocimiento público que ambas medidas suelen ser en detrimento de los derechos humanos de los migrantes y traer consigo consecuencias funestas. Dicha contradicción se profundiza con el hecho de que el 65% de los encuestados dijeron haber cursado materias en un área específica de ciencias sociales y humanidades en el último año de su educación media superior. Así, la falta de expresión de una postura clara y, especialmente, el de una que no tiende al privilegio de la dignidad humana, no es algo que se esperaría de la población universitaria.
También pregunté si conocían la cifra de centroamericanos que componía la “caravana” a la que se hacía referencia; 29 estudiantes dijeron no hacerlo o no contestaron, y de los 21 que dijeron que sí, sólo 4 se aproximaron a la cantidad reportada por diversas fuentes (entre 2,000 y 4,000 migrantes), el resto de ellos, enunciaron cantidades altamente superiores. Curiosamente, pese a que no se les solicitó que expresaran su percepción sobre las dimensiones de la “caravana” si no conocían su cantidad, 39 encuestados lo hicieron independientemente de ello; 34 dijeron que la “caravana” les parecía “mediana”, “grande” o “muy grande”, pese a que su cantidad real no representa siquiera el 0.6% del estado menos poblado de México (Colima) y tan sólo el 0.003% de la población total del país. De esta forma, y al cruzar tales respuestas con las proporcionadas en otras secciones del cuestionario, encontré una contradicción entre la materia social de estudio de los alumnos y, por un lado, la desinformación respecto al tema y, por el otro, las fuentes de construcción de la percepción sobre la dimensión del fenómeno, pues ésta proviene en menor medida de información certera, y más a partir de sus prejuicios y del sesgo, tanto de los medios de comunicación, como de sus propias redes sociales.
Un último hallazgo relevante para lo aquí tratado es que sólo 15 participantes (30%) dijeron haberse implicado en labores de asistencia para los migrantes de la “caravana”; sólo 3 de ellos lo hicieron de forma diferente a la donación. Pese a que podría esperarse un mayor involucramiento en tales labores de la población en cuestión, es importante visibilizar la acción de esos 15 estudiantes. De la misma forma, pese a que se trata de intenciones que pueden nutrirse para desencadenar su potencial, más que de percepciones humanistas ya consolidadas o de acciones realizadas, la mayoría de los universitarios se inclinaron a que tanto México como EE.UU. debían continuar brindando ayuda internacional a los países de los que provienen los migrantes que entran indocumentadamente a sus territorios y a que la solución a la problemática debe provenir de la cooperación internacional, pues la respuesta a ella no incumbe sólo a un país. Algo parece estar fallando en la formación humanista de la universidad como para que sus estudiantes de humanidades y ciencias sociales tiendan al segregacionismo en materia migratoria; sin embargo, estos últimos datos parecen indicativos de que ello puede cambiar.
La relevancia de (re)posicionarnos como universitarios
La xenofobia, racialización, conservadurismo, clasismo y aporofobia presentes en las perspectivas de los universitarios respecto a los procesos de migración indocumentada aquí retomadas, son sólo la punta del iceberg perteneciente a quienes poseen estudios superiores en materias sociales. Así, la base del iceberg no puede ser mucho mejor –salvo admirables excepciones en ambos espacios–. ¿Por qué esto es relevante ahora? Porque el tiempo corre y, con él, consecuencias con costo tan alto como el de vidas humanas.
Con el acuerdo firmado entre EE.UU. y México, al final se dio un paso más hacia lo que Ebrard ha señalado en múltiples ocasiones que no se haría: posicionar a México como un “tercer país seguro“. Este concepto tiene su base en la convención de refugiados de 1951 –con antecedentes desde 1933– y su definición se encuentra en una conclusión del comité ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitida en 1989. Para que México se convirtiera en el “tercer país seguro” de EE.UU., ambos Estados tendrían que acordar que nuestra nación procesará como propias solicitudes de refugio inicialmente hechas a su vecino, ante el desborde de las capacidades de éste para hacerlo. Aunque no se puede afirmar que éste es el estatus actual de México, la posibilidad de que suceda no podría descartarse todavía, pues lo que sí quedó acordado es que fungiríamos las veces de “sala de espera” en lo que se procesan tales solicitudes en EE.UU. Así, en caso de que éstas sean rechazadas o retardadas, el número de peticiones de refugio a México aumentará considerablemente, operando éste como “tercer país seguro”, aún sin la etiqueta de serlo. Habrá que esperar a la declaración que se comprometieron a emitir ambas naciones en 90 días y a la primera evaluación de las medidas de México para detener la migración indocumentada con destino a EE.UU. en 45 días –a partir del 7 de junio–. Como dije: el tiempo corre.
La preocupación de que México sea declarado un “tercer país seguro” para la mayoría de los que nos decimos migrantólogos, viene menos del lado de “vergüenza nacional” apreciable en múltiples comentarios en redes sociales, y más porque nuestro Estado no es un país seguro para los migrantes, pues el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Defensa Nacional se encuentran entre las 5 autoridades con mayores quejas frente a la CNDH (2019) –considerando que las cifras pueden estar subestimadas, ya que no todas las violaciones a derechos humanos (DD.HH.) son denunciadas– y 99% de los delitos contra migrantes quedan impunes (Suárez, Díaz, Knippen y Meyer, 2017). México no es un país seguro siquiera para los defensores de los derechos humanos de dicha población, pues las violaciones a los DD.HH. de tales defensores han llegado a ocupar el segundo lugar de violaciones contra defensores de DD.HH. en México (14% en 2013) (ACUDDEH, 2013). El caso reciente más conocido es el de Cristóbal Sánchez. Grupos de la sociedad civil organizada dedicados a la protección de personas migrantes incluso han denunciado que el presente gobierno busca, tanto desprestigiar sus acciones sin mostrar evidencias (Ureste y Pradilla, 2019), como manejar un discurso de política migratoria de respeto a derechos humanos contradictorio al enfoque de seguridad militarizada que está operando de facto en el país (Misión de observación, 2019), pues los cuerpos de seguridad no sólo se encuentran a la expectativa en las zonas de paso migratorio, sino que han recrudecido los actos persecutorios realizando redadas en espacios públicos y privados –como hoteles, vecindades y los mencionados camiones comerciales–. Si bien tampoco EE.UU. es un lugar seguro para los migrantes –especialmente desde que se postuló con un discurso de odio su actual presidente–, una cosa es segura: no puede decirse que México sí lo es sólo para operar una política migratoria cuyo fin ulterior es la restricción.
Ante todo lo aquí expuesto, ¿cómo nos posicionaremos los universitarios en las coyunturas que sólo se prevén agravadas?, ¿qué se puede y qué se debe esperar de nosotros? ¿Qué de nuestra institución? ¿Qué podría esperarse de la formación que ofrece a sus estudiantes; particularmente de la de aquellos especializados en ciencias sociales y humanidades? ¿Es la memorización de teorías y la realización de trabajos difícilmente aplicables a lo que aspiramos?, ¿o podríamos construir otros proyectos educativos dedicados al reconocimiento de la alteridad y una lectura sociológica libre de prejuicios fragmentarios?
No hay duda sobre las contradicciones entre los discursos y acciones de nuestros gobernantes, ¿pero estamos conscientes de las que existen en nuestros universitarios? ¿Qué podemos hacer para aceptarlas y resignificarlas, en lugar de negarlas y permitir que erijan muros simbólicos –y reales– entre seres con el 99.9% de sus genes iguales? Ojo: este artículo no busca condenar individualidades, sino sistemas de los que somos producto (Arendt, 1963/2003), pero también reconocer las agencias que podemos construir en sus grietas.
Como universitarios nos compete, si bien no tener una misma opinión sobre semejante polémica, sí cuestionar el origen de nuestras propias perspectivas, hacer uso de las herramientas que idealmente nos ha dado nuestra formación y exigir que nuestros gobernantes no utilicen a seres humanos como moneda de cambio política y económica. Construyamos una universidad que combata y no que reproduzca la fragmentación social.
[1] Egresada de la Licenciatura en Pedagogía (FFyL-UNAM), ayudante de profesora en la FFyL-UNAM, asistente de investigación en el INIDE-UIA y apoyo académico externo del servicio de educación migrante en Baja California.