<strong>• La pandemia ha ensanchado las dificultades para una transición energética descarbonizada y socialmente incluyente.
• “Nunca he visto a un empresario sembrar carbón para cosecharlo”, mencionó la defensora de derechos humanos, Cristina Auerbach, en referencia a que la minería sustentable no existe.
• Equidad, sustentabilidad y seguridad son imprescindibles para una transición energética justa en México.
La transición energética mediante la descarbonización es un proceso al que muchos países se han comprometido como parte del combate internacional al cambio climático. Esta transición requiere de una dimensión social incluyente, que cumpla con el principio, emanando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie atrás.
La justicia social es clave para permitir la transición tecnológica y económica necesaria para la reducción de emisiones, afirmó Harald Winkler, investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo; en el primer módulo del año del Seminario Internacional “Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad”, organizado por la COUS, UNAM. Para lograr estas transiciones muchos países requerirán la condonación de deudas, especialmente tras su profundización a causa de la pandemia de covid-19.
En el caso específico de la industria del carbón, la dimensión social es crucial para el análisis de la transición energética. Jorge Villareal, de la asociación civil “Iniciativa Climática México”, mencionó que en México se estima que 15 mil familias dependen de la economía del carbón, aunque los ingresos y las condiciones de vida de las comunidades en zonas mineras son deplorables. Es común que en las regiones carboníferas se presenten altas incidencias de enfermedades cardiopulmonares, hipertensión, cáncer y problemas renales. La mitigación de estos impactos sociales negativos debe ser parte del proceso de descarbonización y se debe hacer efectiva la participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones sobre su territorio.
Cristina Auerbach, de Fundación Familia Pasta de Conchos, refirió lo ocurrido en 2006 ante el derrumbe en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos en Nueva Rosita, Coahuila; en donde el Estado decidió apoyar a una empresa y abandonar a 65 mineros dentro de la mina. Este hecho se convirtió en un hito en la oposición social a la minería. En las últimas décadas, 3 mil mineros del carbón han muerto en el estado de Coahuila, y en ningún caso se ha penalizado a las empresas.
Desde su experiencia como defensora de los derechos humanos, Auerbach puntualizó que enfrentar a la minería es enfrentar al poder político. Cuando se demostró que la mina de Pasta de Conchos no tenía las condiciones adecuadas para trabajar, la experiencia sirvió para diferenciar claramente un accidente de un siniestro, en el que existe negligencia y omisión por parte de los empresarios y del Estado.
Las condiciones laborales injustas persisten y se profundizan durante la pandemia, pues muchos trabajadores laboran sin cubrebocas. En periodos de alta actividad minera incluso puede encontrarse trabajo infantil, y las actividades de inspección oficial son insuficientes, debido a la falta de recursos y personal.
La Comisión Federal de Electricidad dejó de comprar carbón durante un año por la presión de la sociedad civil ante la mortalidad de mineros. Esto generó que la comunidad minera, sobre todo la más joven, migrara a maquiladoras recientemente instaladas en estas regiones. Lo que sugiere, según Auerbach, que la transición puede ser menos costosa de lo que se estima y que es un buen momento para impulsarla.
En Sudáfrica, por ejemplo, se creó un consorcio de organizaciones sociales y académicas para la planeación de una descarbonización cuidadosa, dado que el 73% de la energía en ese país proviene del carbón mineral. Winkler, quien participó en esta organización, mencionó que las empresas mantienen una fuerte resistencia al cambio, pese los retos que enfrentan con la competencia de energías renovables y al poco mantenimiento y renovación tecnológica que tienen. En respuesta a esta situación, se ha optado por construir mecanismos de financiamiento diversificado para facilitar la transición tecnológica de las empresas y facilitar la inserción de los trabajadores del sector minero en otras áreas del mercado laboral.
En este sentido, Villareal enumeró tres elementos que deben caractetizar la transición energética justa en nuestro país: la equidad, la sustentabilidad y la seguridad. Estos implicarán una distribución equitativa de los costos y los beneficios de la transición, la reducción de las inequidades en el acceso a la energía y a la toma de decisiones, así como el reconocimiento de las injusticias existentes y los impactos del modelo actual.
La minería no tiene nada de sustentable, refirió Auerbach, y mencionó un dicho común entre los mineros del sector: “Nunca he visto a un empresario sembrar carbón para cosecharlo”. Se trata de un modelo energético que opera en condiciones de injusticia profunda y que es apoyado por el gobierno en nombre de la soberanía energética.
Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de “Iniciativa Climática México” y moderador de esta primera sesión del seminario, señaló que a pesar de que las energías limpias ya son más baratas, el costo de la transición social en materia energética es muy significativo.