En días pasados algunos partidos políticos se han pronunciado a favor de renunciar al cien por ciento de sus recursos públicos para destinarlos a las familias damnificadas de las entidades que sufrieron afectaciones por los dos sismos que ocurrieron en el mes de septiembre.
Sin embargo, esta propuesta de recursos públicos cero para los partidos políticos “impactaría en la administración de recursos, en la naturaleza de los partidos ya que dejarían de ser de interés público, así como en las condiciones de equidad y no discriminación de quienes participan en el proceso electoral”, señaló Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para el abogado y jurista mexicano, las declaraciones de los dirigentes de los partidos que así se pronunciaron son “ímpetus mediáticos con simple intención de alcanzar un impacto político, dejaron de lado un estudio serio y reflexivo, analítico de las realidades sociales, constitucionales y legales del país”.
Aseguró que cuando hayan reflexionado, tendrán que rectificar, “no creo que una decisión, tomada al calor de muchos estímulos, sea el que vaya a prevalecer en ellos mismos, sobre todo cuando adviertan de la magnitud del error que están cometiendo, no solo en el técnico-jurídico, sino también en los ámbitos político y social”.
Para el doctor en Derecho se ha generado un discurso en torno al sismo, que dejo 153 mil viviendas en condiciones de deterioro, 13 mil escuelas y un número indeterminado de víctimas. Si bien, la magnitud del daño tendrá un impacto económico de 40 mil millones de pesos, pero el monto del que disponen los partidos es de 6 mil millones de pesos que correspondería solo al 15%, “no arreglaría el daño”. Aunque aseguró que dicho monto es excesivo.
Valadés Ríos acotó que ni los partidos ni la Cámara de Diputados pueden modificar el destino del presupuesto otorgado a los partidos, “a menos que se haga una reforma constitucional, los partidos no pueden disponer de esos recursos, si destinaran recursos procedentes de la masa tributaria a propósitos que no determinan la Constitución y leyes, el INE rechazaría la justificación de gastos y se les acusaría por desviación de fondos”.
Asimismo, señaló como una falta de seriedad que los partidos hagan campaña electoral sin recursos, “es ir en contra de su naturaleza y su función, si quieren ser coherentes, los partidos tienen que sustentar que no reciben intereses del Estado y dejarán de ser de interés público”.
Apuntó que la democracia se ha desestructurado por la desconfianza de la ciudadanía, expresada en las redes y medios de comunicación, sin embargo, exhortó a hacer un enorme esfuerzo por revalidar las instituciones.