Las al menos cuatro mil personas en situación de calle y en abandono social que hay en la Ciudad de México también son parte de la contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Son población vulnerable frente a la COVID-19.
Vivir en la calle los coloca en una desventaja social y económica porque a diferencia de quienes trabajamos en casa, obtener dinero para su sustento depende del trabajo que puedan ejercer en la calle, donde cada vez hay menos movimiento.
“Por eso no creemos que sea lo más adecuado forzar a la gente a que vaya a los albergues o que les cierren los espacios a donde moverse”, comentó para el programa radiofónico Primer Movimiento de Radio UNAM, Luis Enrique Hernández Aguilar, director de El Caracol A.C.
El 26 de marzo la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sibiso) anunció acciones para hacerle frente a la pandemia. “Pero lejos de sentirse protegidos, son tratados como un medio de infección a quienes se les tiene que desinfectar”.
De cuerdo con Hernández Aguilar, la insistencia del Presidente de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México en hacer valer las garantías individuales de la ciudadanía es un asunto que además de apelar a la conciencia de la ciudadanía, tiene que ser aplicada de forma pareja para todos quienes la conforman.
De ahí la necesidad de llevar a cabo acciones focalizadas que entiendan la propia dinámica de cada uno de los colectivos formados por gente en situación de calle.
Para el director de esta Organización No Gubernamental la gente llega a la calle porque, al enfrentarse a un problema complejo, no encuentra en la cadena social y gubernamental un apoyo que la mantenga dentro de esa estructura, por eso es importante que cada estrategia que apliquen esté más apegada al marco de sus derechos humanos.
“La estrategia que diseñemos tiene que ser de protección sanitaria (evitar que el virus llegue a las calles), y de provisión social (revisar cómo está el sistema de alimentación)”.