Ante la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial, las visitas a los centros penitenciarios de México no pueden suspenderse de manera drástica. Las autoridades deben valerse no sólo de medidas sanitarias, sino de ciertos mecanismos legales y jurídicos que les permita hacerle frente a la epidemia desde sus trincheras, destacó Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción para la Justicia (CEA-Justicia).
En el caso específico de los dos centros penitenciarios femeniles de la Ciudad de México, las mil 311 mujeres recluidas en ellos no gozan de las condiciones mínimas que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, como el acceso diario a agua potable, lo que complica aún más las prácticas de higiene que se requieren.
Por otro lado, la medida de preliberación que han solicitado algunas asociaciones civiles de derechos humanos y que se establece dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, necesita la intervención del Poder Judicial para llevar a cabo el proceso, lo cual amerita mucho tiempo, “por tanto, no hay manera”.
Bajo este contexto, Guerrero enfatizó la necesidad de realizar una estrategia simultánea que permita “liberar” a un recluso, es decir, valerse de la iniciativa de Ley de Amnistía local y del indulto, mecanismos distintos, pero necesarios.
Y es que, debido a la política en la que se mantienen las penitenciarías, las preliberaciones están reducidas únicamente a delitos no graves, por lo que el robo agravado no forma parte de ellas, lo que significa que muchas mujeres no podrán salir bajo esta figura.
En el caso del indulto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, cuenta con la atribución para realizarlo en los casos de delitos del orden común. A este respecto, Ángela Guerrero comentó que “más del 30 por ciento de las mujeres que están en los centros penitenciarios están por robo, y una gran parte de esas mujeres son parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad”.
La iniciativa de Ley de Amnistía local, por su parte, puede utilizarse para beneficiar únicamente a personas ya procesadas. Debido a que el 40 por ciento de su población no cuenta con una sentencia, ni el indulto ni la preliberación aplicarían para ellas.
De utilizar cualquiera de estos mecanismos, las autoridades competentes tendrán que pensar en una estrategia de liberación que tiene que ver con cantidad, tiempo y forma, ademas de otros factores que cubran de manera integral su inserción en la sociedad.
“Para sacarlas, necesitarían como mínimo cuatro cosas: atención inmediata para ellas y sus familiares; asegurar su movilidad a la vivienda donde se dirigen; entregarle un documento de identidad para tener acceso a programas sociales y ayudas, y establecer un albergue de gobierno para mujeres. De lo contrario, sacaremos a esa gente en medio de una crisis sanitaria y económica”.
A este respecto, señaló que México actualmente cuenta con una comisión intersecretarial, presidida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de monitorear y establecer el proceso de reinserción social de las personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país (200 mil personas).
La Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales también es la responsable de resolver problemas de reclusión en estados del país que no cuentan con centros de reclusión exclusivamente para mujeres.
“Habría que tener relación con todas las comisiones estatales intersecretariales para pensar en cómo se están juzgando a las mujeres que llegan a esos centros, es decir, si realmente representan un riesgo para la sociedad como para estar recluidas en uno, de ser así, tenerlas bajo condiciones óptimas”.
A decir de Guerrero, existe una brecha grande entre lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el Código Penal y lo que realmente sucede dentro de los centros: “Parece que es una población invisible y no lo es. Es un reflejo de lo que somos como sociedad. Tenemos que empezar a cuestionarnos por qué las estamos metiendo a la cárcel, porque, claramente, vienen de sectores empobrecidos”.