Fuego contra la ayuda: el dilema de Gaza y el sistema jurídico global
En Gaza, la ayuda humanitaria es interceptada con tanques. Las botellas de agua y los sacos de arroz no llegan: antes cae el fuego. Mientras el mundo observa —a veces—, la comunidad internacional se pregunta si aún existe un marco común que garantice el respeto a la vida en contextos de guerra.
Durante los primeros días de junio, el ejército israelí abrió fuego contra civiles palestinos reunidos en centros de distribución de alimentos en la ciudad de Rafah. Más de 120 personas murieron, según reportes de BBC Mundo, EFE e Infobae. También se impidió la entrada de activistas internacionales a la Franja de Gaza, entre ellos Greta Thunberg y Sergio Toribio, quienes fueron detenidos en aguas internacionales cuando intentaban entregar ayuda humanitaria a bordo del barco Madleen.
“Israel está incumpliendo los compromisos que ha suscrito”.
“Estos hechos se inscriben en una violación directa al derecho internacional humanitario, que protege a la población civil en situaciones de conflicto armado y garantiza el acceso de ayuda humanitaria”, explica la maestra Alina Díaz Ábrego, especialista en Derecho Internacional Público de la UNAM.
Se trata de normas universales recogidas en las Convenciones de Ginebra de 1949, cuya vigencia, advierte la académica, está siendo socavada por intereses geopolíticos y discursos ultranacionalistas.
Selectividad y retrocesos en la aplicación del derecho
El Dr. Tomás Milton Muñoz, investigador en regímenes internacionales y migración de la UNAM, coincide:
“Israel está incumpliendo los compromisos que ha suscrito. No solo niega el acceso a alimentos y agua, sino que ataca directamente a personas refugiadas en su propia tierra”.
“La ayuda humanitaria se ha vuelto objetivo militar”.
Además, advierte sobre una preocupante jerarquización en la aplicación de los derechos humanos:
“El caso de Ucrania recibió atención y solidaridad internacional inmediata. En cambio, el sufrimiento de los palestinos ha sido desestimado por actores clave, incluyendo potencias árabes”.
De acuerdo con Díaz, este doble rasero refleja una crisis profunda de legitimidad del sistema internacional:
“La universalidad de los derechos humanos se está debilitando por visiones ultraderechistas que apelan al nacionalismo radical. Regresan ideas de la modernidad que niegan la diversidad, la gobernanza global y los compromisos asumidos en pactos como la Agenda 2030 o el Pacto de Marrakech”.
Migración, derechos y la batalla por los principios
Frente a este retroceso, algunos países han adoptado medidas contrarias. Tal es el caso de España, donde se discute una regularización extraordinaria para más de medio millón de personas migrantes. De acuerdo con el Dr. Muñoz:
“Esta propuesta reconoce la contribución social y económica de estas personas, muchas de ellas latinoamericanas, y busca evitar su exclusión estructural”.
“Se criminaliza a quienes tienden la mano”.
La iniciativa, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular y avalada por organizaciones civiles, retoma —al menos simbólicamente— los principios del Pacto de Marrakech de 2018: una migración segura, ordenada y regular.
“La sociedad internacional atraviesa un proceso de desintegración inverso al de la globalización”, añade el académico.
“Hoy predominan liderazgos que promueven el miedo, la xenofobia y políticas de exclusión. Se reducen recursos para organizaciones como ACNUR o la OIM, y se criminaliza a quienes ayudan”.
Criminalizar la solidaridad: una tendencia global
“Estamos viendo la criminalización de la ayuda humanitaria”, denuncia Díaz Ábrego. “Personas que históricamente han sido consideradas voluntarias de buena voluntad, ahora son detenidas, expulsadas o incluso enjuiciadas”.
Muñoz recuerda que esta tendencia no es nueva:
“En Estados Unidos, hay personas procesadas penalmente por dejar agua en el desierto. Lo que vemos en Gaza forma parte de esa misma estrategia: intimidar tanto a quienes huyen como a quienes tienden la mano”.
La experta añade que muchas personas desplazadas no solo huyen por conflictos armados, sino también por causas medioambientales:
“Hay islas que literalmente se están hundiendo. Y esas personas, también, merecen protección internacional”.
¿Y el papel de las universidades?
Ambos académicos coinciden en que las universidades deben alzar la voz:
“No basta con investigar. Debemos divulgar, incidir, acompañar y formar una ciudadanía crítica”, afirma la maestra Díaz. “Tenemos que estar actualizados y comprometidos con los derechos humanos como una causa viva”.
Para el Dr. Muñoz, el compromiso de instituciones como la UNAM es doble:
“Apoyar con estudios rigurosos y también estar en campo, ofreciendo atención legal, documentando violaciones y presionando para que las políticas públicas respondan a derechos, no a encuestas de popularidad”.
“Muchas veces, las decisiones en materia migratoria se toman con base en popularidad, no en evidencia. Por eso necesitamos ganar espacios donde la voz académica sea escuchada y tomada en cuenta”.