“Esto es para que sepan que no se debe jugar contra la mafia”, fueron las palabras que emitió uno de los diez encapuchados que, con armas largas, cortas y explosivos, irrumpió en la transmisión del canal TC Televisión. Periodistas y técnicos fueron obligados a tumbarse en el suelo mientras pedían por su vida y rogaban a la policía retirarse de los alrededores del edificio.
Aunque dos horas después agentes lograron rescatar a los rehenes, este hecho fue el detonante para una ola de violencia sin precedentes en varias ciudades de Ecuador que se vivió a lo largo de este martes 9 de enero.
Los hechos que llevaron a esta situación se fueron construyendo a lo largo del fin de semana con la toma de seis cárceles por parte de grupos delincuenciales, el secuestro y asesinato de elementos policiales, la detonación de coches bomba y la fuga de uno de los líderes criminales más importantes de este país: Adolfo Macías, alias “Fito”.
Estos hechos llevaron al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a decretar un estado de excepción que, posteriormente, y ante los hechos violentos que se presentaron (donde algunas escuelas fueron tomadas, hubo ataques armados a centros comerciales y calles), se cambió el posicionamiento a “conflicto armado interno” contra más de veinte organizaciones delictivas.
La actual ola de violencia en Ecuador se fue entretejiendo hace tres años, cuando los niveles de esta incrementaron de manera exponencial. Entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron un 82% y el año pasado se batió el récord histórico de homicidios con más de siete mil 878.
Con el fin de entender qué está sucediendo en el país sudamericano, las decisiones políticas que ha tomado el presidente Noboa y el escenario que podría presentarse en el corto y mediano plazo, UNAM Global (UG) entrevistó al doctor en ciencias políticas por la UNAM, Nayar López Castellanos (NLC); a la doctora Silvia Soriano Hernández (SSH) del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe; y a la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira (GR).
UG: La situación que se vivió este martes en Ecuador es la punta del iceberg de un problema social que ha ido creciendo en la última década. Pero, ¿qué momento podríamos decir que es el detonante para que exista una situación como la actual?
GR: Hay que remontarse a hace seis años cuando se dio la primera crisis carcelaria. Me parece que ese es el momento donde el Estado comienza a dar muestras de perder fuerza.
Durante el mandato del expresidente Rafael Correa se apresaron a varios líderes criminales, pero en los últimos años han sido liberados o se les ha permitido fugarse. Diversas instituciones han sido corrompidas y lo que sucedió ayer fue un fiel reflejo de esta situación.
Actualmente hay dos decenas de organizaciones criminales y no importa la cantidad de decretos que se emitan, estas han permeado de forma importante corrompiendo todos los sistemas existentes.
Otro factor que hay que agregar es que el fentanilo se posicionó como la principal droga en el mercado estadounidense y entonces toda la producción de cocaína se quedó en Sudamérica, donde los países únicamente cambiaron su papel de solo ser de tránsito a fungir actualmente como comercializadores.
NLC: Yo coincido con Gabriela. Y agregaría que es una crisis de Estado muy preocupante que se da a partir del abandono de un proyecto como el que impulsó Rafael Correa. Es necesario que en el corto plazo se haga un replanteamiento de las responsabilidades sociales del Estado y que no se ceda ante la incertidumbre social, el miedo y el temor que estos grupos quieren crear.
Me parece importante señalar también que a Estados Unidos realmente no le interesa lo que pasa en los países afectados por el narcotráfico y es necesario que se focalice en atender el alto consumo de drogas que tiene su sociedad y el multimillonario lavado de dinero que se realiza en sus instituciones financieras.
UG: ¿Qué representa el decreto de conflicto armado interno y qué implicaciones puede tener?
SSH: El hecho de declarar un conflicto armado interno habla o evidencia una falta de Estado. Estas bandas están muy bien respaldadas en cuanto a armamento y entonces lo más práctico para hacerles frente es sacar a los militares y darles una libertad absoluta. Pero realmente la medida no es buena y me parece que aquí la juventud de Noboa se exhibe. Provocar más violencia de la que ya existe no es una solución porque se cae en una espiral de la cual es muy complicado salir.
GR: Lo que provocó en primera instancia fue una escalada de violencia que indica que hay ausencia del Estado. Con el decreto de conflicto armado interno se permite que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones militares frente a estos grupos catalogados como grupos terroristas y además tendrán amnistía. Hasta ese punto todo suena bien. Sin embargo, no se piensa en que pueden existir ciertas repercusiones. Por ejemplo, hay policías en activo que son parte de estas bandas delictivas e incluso, se sabe que hay narcogenerales (tema que hasta el momento no ha sido investigado). Entonces se pueden realizar actos indebidos, ejecuciones extrajudiciales o daños colaterales (ayer fallecieron dos jóvenes por balas perdidas). En el corto plazo es una medida que ayuda, es como un parche, pero eso puede decantar en un paramilitarismo, que históricamente no ha dejado nada bueno.
NLC: Históricamente entregarle a los militares en América Latina el poder sin límites y amparados en algún tipo de decreto como el que Noboa estableció, pues tiene grandes riesgos. Y nosotros, los mexicanos, lo hemos visto sobre todo en el lapso de 2006-2012. Entonces es un riesgo que me parece no está calculado del todo, porque se sabe que en Ecuador hay indicios de que el crimen organizado está inmiscuido hasta en el ejército.
UG: ¿Cuál es la influencia de los grupos criminales mexicanos en la actual situación de Ecuador?
SSH: Han demostrado una vez más que son estructuras criminales trasnacionales. Y han visto que Ecuador, geopolíticamente hablando, está muy bien posicionado. Por ejemplo, el puerto de Manta es un sector estratégico para estos grupos. Correa trató de contener lo más que pudo esta situación, pero los últimos gobiernos dejaron que permeara a niveles importantes y explotó.
GR: Hay dos grandes mafias mexicanas insertas en la dinámica de Ecuador y eso ha provocado la creación de al menos veinte grupos criminales que son “alimentados” por estas. La influencia de esos dos grandes grupos criminales ha permitido el incremento en delitos como el sicariato, las extorsiones, los secuestros exprés, el cobro de derecho de piso. Hay una influencia muy grande que se fue cimentando en años recientes y el Estado fue perdiendo control. Y cuando esto sucede, es muy difícil recuperarlo. Estamos cerca de vivir una situación similar a la de Colombia en los años ochenta.
NLC: Los hechos de ayer reflejan que han logrado una consolidación trasnacional. Es importante ahora que pongamos atención en el triángulo de Argentina, Paraguay y Brasil porque ahí también se están presentando. No de una forma importante, pero están. También se han desplegado por Europa.
UG: ¿Qué factores llevaron a Ecuador a padecer esta situación?
GR: La crisis que vive Ecuador actualmente tiene un trasfondo multidimensional; no se limita solo al tema de seguridad. Aproximadamente el 50% de la población ecuatoriana vive en pobreza extrema, lo que facilita que los grupos criminales encuentren presas fáciles, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, los adolescentes que tomaron las instalaciones de televisión tenían entre 13 y 16 años. Existe una deserción escolar significativa. Las oportunidades laborales y de mejora en la calidad de vida son escasas, por lo que cerca del 50% de la población desea emigrar.
Es fundamental que el Estado implemente medidas que brinden oportunidades a los ciudadanos y que se realice una purga en las fuerzas militares y judiciales. Sin embargo, el problema del crimen organizado no debe limitarse solo a Ecuador, sino que también debe ser una preocupación importante en otras naciones afectadas.
SSH: Es una consecuencia de la mala gestión de Lenin Moreno, quien empezó a desmantelar muchos aparatos del Estado y a dar mayor espacio a grupos corruptos, debilitando así al Estado.
En un sistema corrupto, tanto la policía como los militares y, por supuesto, el Poder Judicial están completamente corrompidos. Esto significa que, aunque se detengan a delincuentes importantes, siempre encontrarán una manera de garantizar su seguridad dentro o fuera de la cárcel y continuar controlando. Las cárceles en Ecuador se han convertido en centros de comando para los criminales, y es crucial retomar el control de estas instituciones.
¿Qué medidas debe tomar Ecuador a corto y mediano plazo para combatir el estado de violencia en el que se encuentra?
SSH: Se deben adoptar medidas que vayan más allá de los estados de excepción, que en gobiernos anteriores no tuvieron buenos resultados. Por ejemplo, consideraría otras soluciones como bloquear los teléfonos celulares en las cárceles.
En lo social, es vital incluir a la juventud en el proyecto de Estado. Los jóvenes carecen de espacios y oportunidades para trascender, lo que les facilita unirse a grupos delictivos. Debemos centrarnos, especialmente los países afectados por el narcotráfico, en ofrecer alternativas a los jóvenes para alejarlos de las drogas e integrarlos en la sociedad, en lugar de excluirlos junto a otros sectores de la población.
GR: No podemos permitirnos improvisar, pero esta crisis llega en un momento en que el gobierno de Noboa está debilitado. Es crucial que el presidente cierre filas y convoque una gran mesa para un pacto nacional por la seguridad, creando un plan emergente de seguridad que involucre a todos los sectores sociales y políticos. Independientemente de nuestras diferencias ideológicas, es necesaria una unidad extrema, ya que el país tiene la capacidad para trabajar en un plan integral de recuperación del Estado. El plan de seguridad no debe caer en la “buquelización” del sistema de seguridad, sino en un proyecto que sostenga de manera inmediata la recuperación del territorio. A mediano y largo plazo, se debe trabajar en la reconstrucción del tejido social, actualmente dañado, responsabilidad en gran parte del Estado.
NLC: También considero necesario depurar a todos los involucrados en el control de los sistemas penitenciarios. De nada sirve atrapar a los criminales, si en la cárcel pueden estar operando. Tiene que hacerse una depuración de los cuerpos de seguridad en múltiples líneas y espacios para garantizar cierto control y obviamente recuperar esa capacidad social del Estado de garantizar las condiciones para que la población pueda vivir bien y no tenga que recurrir a las actividades ilícitas como alternativa extrema.
Ideas destacadas
- Crisis multidimensional en Ecuador, incluyendo pobreza extrema y influencia de grupos criminales.
- Mala gestión de Lenin Moreno y debilitamiento del Estado.
- Necesidad de medidas más allá de los estados de excepción.
- Importancia de la inclusión social, especialmente de los jóvenes.
- Propuesta de un pacto nacional por la seguridad y un plan emergente de seguridad.
- Depuración en los sistemas penitenciarios y cuerpos de seguridad.