El antecedente
Cuando el músico Gilberto Gil asumió el cargo de ministro de Cultura de Brasil, de la mano de Luiz Inácio Lula da Silva, marcó las primeras líneas de una nueva política cultural no sólo de su país, sino de buena parte del continente americano, que en ese entonces se señaló como progresista. Su discurso incluía por primera vez a una ciudadanía que se instalaba en el centro de sus futuros proyectos, y en él se señalaba de manera especial a los que llamó “desiguales”, a quienes trataría “desigualmente, en procura de un equilibrio”. Las palabras de Gil reprocharán también la ausencia del Estado en el ámbito cultural en el que sólo incidía fomentando el mecenazgo privado y permitiendo incentivos fiscales para la promoción artística. “El acceso a través del mercado siempre es del tamaño de la billetera —escribirá después Juca Ferreira, quien fue su secretario ejecutivo y posterior sucesor—: los ricos tienen acceso a todo; la clase media tiene acceso a muchas cosas, y a los pobres sólo les queda la televisión abierta”.1 Así, en 2003 se creó formalmente el programa “Cultura Viva y Puntos de Cultura”, que no sólo atiende un acceso más democrático a la cultura, sino que provocó un cambio fundamental: la producción cultural es también un derecho ciudadano, al igual que hace con los gestores culturales y artistas profesionales de una u otra forma, debe asegurar que el Estado y la haga accesible para el resto de la sociedad. Comenzaba así la idea de lo que se llamó ciudadanía cultural y que representaba, en palabras de sus creadores, políticas emancipatorias en un contexto democrático. Sin embargo, los Puntos de Cultura no eran sino infraestructuras dispersas en todo Brasil, que no pudieron concluirse por falta de presupuesto o cuya proyección económica las hacía inviables. Las líneas estratégicas del nuevo programa cultural tuvieron que reencauzarse para iniciar su implementación mediante la incidencia directa en los medios de producción y difusión cultural y no en las edificaciones.
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