Alimentada por la falta de información adecuada, la confusión y segmentación de los datos existentes, además de una evidente falta de conciliación y oficio político para atemperar los escenarios de rechazo que pudieran venir, la obra ha generado toda suerte de críticas y señalamientos, desde aquellos que acusan la privatización del espacio público, hasta los que fustigan el impacto negativo en materia ambiental, arquitectónica, histórica y patrimonial. A ello se ha sumado la denuncia de que el proyecto carece de los permisos federales suficientes.
El escenario de especulación lo atiza la resolución del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, quien decretó la suspensión definitiva de las obras en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo promovido por la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, que solicitó la protección federal.
Frente a las acusaciones, sobre todo aquellas que señalan la falta de permisos federales, las autoridades capitalinas se movilizaron para celebrar una reunión de urgencia con funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a partir de ese encuentro deja en claro que el gobierno de la Ciudad sí contó con el permiso de ese organismo para colocar el concreto hidráulico sobre lo que será el carril exclusivo del Metrobús.
Derivado de esa reunión, ambas partes aclararon que el INAH mantendrá una colaboración estrecha con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y en virtud de ello otorgará los permisos que en su momento requiera la obra.
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