El 10 de octubre, tras una referéndum que tuvo en vilo al mundo entero, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estipulaba: “El mandato del pueblo es que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Las urnas, el único lenguaje que entendemos, dicen sí. Éste es el camino que estoy dispuesto a transitar”, para luego agregar, “proponemos suspender por unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo”. Esto ha hecho que muchos llamen a este episodio, no sin cierto dejo de ironía, “la independencia de ocho segundos”.
“Éstas son palabras tan ambiguas que el gobierno español ha pedido a Puigdemont aclararlas a fin de saber si aplica el Artículo 155 constitucional o si se decanta por algo más. Estamos ante un discurso que, de tan difuso, ha desencadenado un desconcierto de tal magnitud que a casi un mes de distancia no sabemos qué pasará con este proceso”, explicó Sandra Kanety Zavaleta Hernández, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Algo que también ha hecho que esta incertidumbre alcance niveles inimaginables son las irregularidades registradas durante el referéndum del 1 de octubre, como el número de sufragantes efectivos —2.2 millones de un total de cinco millones de catalanes en edad de votar, es decir, menos de la mitad—, el que hubiera personas que depositaron más de una boleta, que extranjeros expresaran su opinión en las urnas o la represión policial que hubo en los comicios.
Ante este escenario, el Senado español ha pedido a Puigdemont definir su postura este jueves o viernes, invitación declinada por el president de la Generalitat, lo que para Sandra Zavaleta no es más que una estrategia para prolongar la irresolución y ganar tiempo, pues declarar la emancipación de Cataluña daría al gobierno de Mariano Rajoy herramientas para aplicar el artículo 155 constitucional y minar la autonomía de la región.
“Se trata de un proceso que va a estar trabado, al menos en el corto plazo, porque las autoridades catalanas se están valiendo de acciones dilatorias mientras que las españolas se muestran empeñadas en frenar una posible independencia, pues ceder implicaría abrir la puerta a movimientos similares en España, lo que pondría en jaque al propio Estado”.
El peso de la economía sobre la política
Para Zavaleta Hernández resulta claro que el gobierno de Rajoy jamás aceptará esta independencia por miedo a un efecto dominó de alcances globales, pues de salir triunfante, esta intentona daría vigor a movimientos separatistas como el de Chechenia en el caso de Rusia, al de Flandes en Bélgica, al vasco en la misma España, al de Kurdistán y a muchos otros impulsados por grupos con usos y costumbres propios, una lengua distinta y la convicción de que han sido segregados o excluidos históricamente.
Por ello, expuso la académica, ya hay Estados que le han negado el reconocimiento a Cataluña si se llegara a independizar, como el mexicano, el cual se pronunció al respecto de forma desatinada, porque las autoridades nacionales se manifestaron de inmediato sobre un tema en el cual ni siquiera los españoles tienen claridad.
“México debería apegarse a ciertos principios de política exterior, entender que se trata de un asunto interno de España y lo que decida ese gobierno deberá ser aceptado, pues es un asunto de soberanía. La nuestra fue una declaración fuera de lugar, arrebatada y poco pensada, producto de una mentalidad neocolonialista”.
Y sin embargo, más que las palabras de los políticos, parecería que los mensajes más efectivos para desalentar ánimos separatistas son aquellos lanzados desde el mercado, ya que el traslado de varias empresas importantes —así como de sus activos— de Barcelona a Madrid ha provocado que muchos ciudadanos se piensen dos veces las posibles consecuencias de este movimiento.
“Que la crisis internacional haya pegado más fuerte en España que en otros países de la Unión Europea hace que en el español común, al considerar los costos económicos de la permanencia o separación de Cataluña, sea más propenso a analizar las consecuencias de una posible independencia. Esto mueve más a la reflexión que la respuesta del Estado encabezado por Rajoy e incluso que las declaraciones del rey, no muy bien vistas en general”.