La iniciativa para eliminar el arraigo de la Carta Magna es oportunistamente electorera, advirtió el profesor Ricardo Peralta, de la Facultad de Derecho de la UNAM. “Y digo esto porque diputados y senadores han tenido más de 15 años para remover el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, que es donde se establece dicha figura; sin embargo, es a pocos meses de celebrarse los comicios de 2018 cuando se muestra interés en hacerlo y cuando todos los partidos políticos se disputan la paternidad de la propuesta.
Para el académico, no es que los argumentos detrás de esto carezcan de validez, “pues la figura del arraigo sí debe desaparecer de nuestra Constitución por ser violatoria de los derechos humanos, por obedecer a la lógica de un régimen totalitario y autoritario, y por atentar contra el principio de inocencia de cualquier persona investigada; sin embargo, estos no son los modos ni el momento”.
A decir del jurista, al igual que pasó con los intentos para deshacerse del fuero, la iniciativa para eliminar al arraigo obedece a un cálculo político y se ha impulsado sin tomar en cuenta otras variables que podrían resultar peligrosas de llevarse esto a cabo.
Algo no explicado del todo es que esta figura supone la detención provisional de los imputados de un cargo de delincuencia organizada y que por ello son privados de su libertad en un centro de arraigo. Esto no presupone culpabilidad o sanción penal; es una forma de evitar que estos individuos se sustraigan de la acción de la justicia y que siga una investigación previa a la judicialización de un asunto penal. Esto se da cuando un agente del MP solicita a un juez arraigar a un sospechoso para allegarse de más indicios.
“Por lo mismo, si desapareciera en el escenario actual, el principio indubio pro reo (el cual establece que, en caso de duda o insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado) se decantaría por quienes se encuentran hoy recluidos bajo esta figura y dejaría en libertad peligrosísimos delincuentes bajo investigación, lo cual pondría en riesgo a la sociedad mexicana”.
Ante este panorama, la propuesta de Ricardo Peralta, quien es candidato a Fiscal Anticorrupción, es recuperar las instituciones de investigación y de aplicación de la justicia de nuestro país. “Una vez solucionado esto podremos pensar en modificar las figuras institucionales que tenemos para abatir la impunidad”.
Un camino improbable
Hay quienes dicen que la figura del arraigo es inconstitucional y eso es un absurdo, pues de hecho está en nuestra Constitución, en el artículo 16, párrafo octavo, desde hace poco más de 15 años. Esta medida se estableció cuando comenzaron los gobiernos panistas en el país, recordó Ricardo Peralta.
En este marco, para modificar la Carta Magna, la propuesta de la Cámara de Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales requiere no sólo el concierto de los diputados, ya enviado como dictamen del pleno de los Diputados a la Cámara de Senadores. Ahora debe pasar por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores.
Una vez que se resuelva en la Cámara de Senadores la viabilidad de eliminar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional en su totalidad, deberá aprobado por lo menos por 17 congresos locales. “Salvo que hubiera un periodo extraordinario de aquí a que acabe la legislatura, veo poco probable la eliminación de ese texto”.
Para finalizar, el académico señaló que los tiempos son importantes, y de adoptarse esta medida el artículo transitorio emitido en la reforma constitucional deberá velar porque, pese al principio in dubio pro reo, las investigaciones tengan la suficiente fortaleza para que los presuntos delincuentes tengan un proceso penal justo, legal, igualitario, bajo el principio de inocencia, pero sin permitir que la eliminación de esta figura ponga en riesgo la seguridad del pueblo mexicano.