El maltrato en la vejez es un problema social que afecta la salud de millones de personas mayores en el mundo y constituye una violación a los derechos humanos. En México se estima que entre el 8.1 por ciento y el 18.6 por ciento de la población de personas mayores sufre algún tipo de maltrato (Giraldo-Rodríguez, 2020).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) el maltrato en la vejez es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto, estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos.
El maltrato en la vejez tiene consecuencias importantes en el bienestar físico y mental de las personas mayores, es frecuente observar lesiones físicas como rasguños, moretones o fracturas óseas y secuelas psicológicas severas como depresión o ansiedad. Entre los principales factores de riesgo asociados con el maltrato en la vejez se encuentran las relaciones familiares disfuncionales, carencia de conocimientos sobre el cuidado de la persona mayor, prejuicios y estereotipos sobre la vejez, abuso del alcohol, abandono familiar, aislamiento social de los cuidadores y de las personas mayores
Ante esta problemática social, diversos organismos internacionales y nacionales han creado instrumentos que ayudan a salvaguardar la dignidad y el bienestar de las personas mayores. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores señala en el artículo 9 que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que garanticen el derecho a una vida digna libre de violencia y maltrato. En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores protege los derechos de las personas envejecidas, mientras que el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) brinda apoyo jurídico a las personas mayores que han sido víctimas de violencia, abuso o maltrato.