En México se incrementó el trabajo infantil por la Covid-19. Mas niñas y niños tuvieron que trabajar para poder solventar las necesidades de la familia, ya que sus madres y padres murieron o perdieron su trabajo por la pandemia.
En 2019 se estimaba 3.3 millones menores de edad en actividades laborales. Para 2022 aumentó a 3 millones 850 mil en México, asegura la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.
Trabajo infantil, según la UNICEF, son aquellas actividades en las que participan menores de cero a 18 años de edad y que priva del acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales.
Hay iniciativas en Latinoamérica como el Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú que colocan el trabajo infantil como una actividad que puede contribuir al desarrollo integral de los niños siempre que no inhiban derechos como educación, vivir en un espacio libre de violencia y actividades recreativas.
Sin embargo, sostiene Ruiz Serrano, en un contexto de pobreza y desigualdad, niñas y niños mexicanos realizan labores riesgosas en minas, en campos agrícolas y en “la mendicidad forzada”.
Algunas formas de trabajo infantil en exceso y que inhiben el libre ejercicio de derechos fundamentales de las niñas y niños (acceso a educación y vivienda dignas), son calificadas por la UNICEF “como peligrosas”.
“La explotación laboral infantil —agrega la investigadora de la ENTS—implica un entramado de violencias en donde hay una transgresión al desarrollo biopsicosocial de niñas y niños. En ese caso, el ejercicio de la violencia es tácita contra ellas y ellos y se configura como un fin de la trata de personas.
Factores sociales, económicos y familiares empujan a los menores de edad a trabajar, proceso que viene acompañado de violencias que ocurren dentro y fuera del ámbito familiar.
Cifra negra en delito infantil
Aunque desafortunadamente la Covid-19 lo agudizó, con o sin pandemia (“sindemia” para la Red por los Derechos de la Infancia en México), el trabajo de menores de edad y sobre todo la explotación laboral infantil ya se venía presentando en diferentes lugares de la República Mexicana, vinculado a la presencia “de grupos delictivos del crimen organizado”.
Aquí —dice la investigadora en la trata de personas — ya no sólo son trabajos forzosos que inhiben sus derechos. El problema es trata de personas. Hasta antes de la pandemia se calculaban 30 mil niñas y niños involucrados en actividades delictivas como, por ejemplo, halcones para el sicariato, así como con fines de explotación laboral y sexual. También ha habido un incremento en la pornografía infantil de 150 por ciento.
Hay una cifra negra muy alta; sin embargo, cómo todo esto está articulado a diversos delitos, no se puede dar cuenta exacta de cuántas personas están involucradas.
En cuanto a la trata de personas, donde hay menores de 18 años, la situación es alarmante. Mario Luis Fuentes, quien preside la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas en la UNAM, estima que por cada 10 que padecen explotación sexual, hay 9 más.
Perspectiva adultocéntrica
En México, una sociedad con violencias estructurales y con 40 millones en el rango de 0 a 18 años (la mitad en condiciones de pobreza), hay que dejar de lado la perspectiva adultocéntrica, creyendo que niñas y niños solo están a la espera de la vida adulta, para considerarlos como actores sociales que requiere precisamente ser visibilizado.
Es necesario —agrega la investigadora de la ENTS— un desplace de culturas, de derechos y cuidados hacia las niñas y niños, para distanciarse de esta perspectiva adultocéntrica, que los ve como una propiedad a la que se le reconoce como un objeto.
También hay que diseñar políticas públicas integrales que generen condiciones de cuidados, no sólo becas y otros paliativos, sino que involucren a los sistemas comunitarios y familiares.
Día contra el trabajo infantil
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (se conmemora el domingo 12 de junio), Ruiz Serrano apunta que es una responsabilidad social (no sólo corresponde al Estado) generar espacios y condiciones favorables y de cuidado afines a los derechos fundamentales de la niñez para su desarrollo integral.
Las “fechas conmemorativas” como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos alerta contra “aquellas cosas que como sociedad hemos venido arrastrando” y nos llevan a reflexionar en cómo estamos empeorándolas y, en este caso, a cómo podemos propiciar que la niñez tenga acceso a una educación, a una vida y a espacios de esparcimiento dignos, no como un listado de enunciados en la ley, sino como condiciones que se tienen que expresar en la vida cotidiana.
En México, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (publicada en 2014) es un instrumento jurídico que, para su protección, los coloca en una centralidad para su atención por parte del Estado. “Cobija la manera en cómo debemos atender a nuestra niñez”.
El cuidado de niñas y niños —insiste— es una responsabilidad social; desafortunadamente, en un sistema neoliberal como el mexicano, se ha individualizado y cosificado. Se ve como privativo de la familia, sin importar la calidad de cuidado que se le brinda a la niñez.
Pensar el Día Mundial Contra el trabajo Infantil, acota Ruiz Serrano, es pensar en relaciones mucho más favorecedoras para las y los menores de edad y en contextos que pueda permitir a la sociedad tener espacios de cuidado, de armonización y de un pleno desarrollo integral para la niñez