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Comunidades afroamericanas, las más afectadas en la pandemia

UNAM Global · Discriminación en EU, práctica común de su sistema de justicia

De acuerdo con Gonzalo Sánchez de Tagle, existe una clara tendencia discriminatoria “de facto” hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Según cifras de la BBC por cada “mil 100 personas negras en la cárcel hay 200 personas blancas”.

Lo anterior supone que es práctica común del sistema de justicia que un policía se conduzca sin ningún ordenamiento jurídico en contra de las comunidades negras, quienes, en el contexto de la pandemia, resultan por mucho ser la población más afectada.

“Esto genera un caldo de cultivo de mucha presión y de mucha atención, de tal forma que, no sólo es el asesinato de George Floyd, sino todo el contexto presente que estamos viviendo y el contexto histórico, lo que conduce a la generación de los disturbios”.

En entrevista con Deyanira Morán para Prisma RU de Radio UNAM, el abogado refirió que, desde la perspectiva institucional y del sistema de justicia criminal en su conjunto, los negros son la población más desfavorecida, aun cuando sólo reflejan el 13.5 por ciento de la población, mientras que los asesinatos en contra de afroamericanos, a manos de policías, representa el 23.5 por ciento de esos crímenes.

De ahí la necesidad de analizar el proceso histórico de discriminación por el que ha atravesado el país norteamericano. Sólo así se podría entender por qué hasta la fecha no se han podido solucionar ciertos casos donde interviene la ley o el poder judicial. Es un problema que forma parte de la columna vertebral de la sociedad y de la civilización estadounidense.

“Un fenómeno como este no puede ser visto de forma aislada ni de manera atemporal. Tiene que analizarse como parte de un proceso histórico de larga duración, en el caso de Estados Unidos desde 1776, desde que se conformó como un país independiente”.

Un proceso que -dijo Sánchez de Tagle- Donald Trump no entiende, pero debería de estar inserto en él, ya que la pretensión de responder a las manifestaciones, a través del Ejército, es una violación abierta a los derechos fundamentales de quienes protestan.

“Tiene que haber un balance muy sensible por parte de las autoridades de la forma en la que se tienen que procesar estas protestas y, sobre todo, darles cauce civil a estas protestas que en su mayoría son pacíficas”.