En México tenemos que construir escenarios de seguridad en los cuales participen todos los niveles y las instituciones; además, no criminalizar las condiciones de pobreza, sino coadyuvar para que los escenarios puedan ser lo suficientemente favorecedores para que niñas y niños tengan el ejercicio de derechos que tanto se aspira en nuestro país, asegura la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Gabriela Ruiz Serrano.

La doctora en Trabajo Social señala que las cifras de diferentes organismos internacionales y nacionales sobre las modernas formas de esclavitud infantil (trabajo y matrimonio forzosos) coinciden en un panorama oscuro donde de cada diez víctimas de trata de personas, solo se tiene conocimiento de una.

En ocasión del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil -que se conmemora el 16 de abril- añade que de acuerdo con el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Naciones Unidas, titulado “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna” (2023), 49.6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, de ellas 27.6 millones enfrentan trabajo forzoso; de estas, 6.3 millones padecían explotación sexual comercial forzosa.

De la última cifra 4.9 millones son mujeres y niñas; es decir,12 por ciento de quienes realizan trabajo forzoso son menores de edad y de ellas más de la mitad son víctimas de explotación sexual comercial.

El Índice de los derechos de la niñez, 2018, elaborado por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, revela que México es un país que no logra cubrir a cabalidad los derechos de las niñas y niños, situación que se agrava a partir de la pandemia por SARS-CoV-2, estima la experta universitaria.

“De acuerdo con UNICEF, en nuestro país hay un aproximado de 40 millones de personas niñas -es decir en el rango de 0 a 17 años- pero de ellas la mitad vive en condiciones de pobreza; y los que viven en contextos de referente indígena, 9 de cada 10 no logran satisfacer a cabalidad sus necesidades fundamentales, lo que coloca a sus sistemas de familia en una situación de vulnerabilidad”, precisa.

La profesora de carrera agrega que con base en información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se sabe que México es el segundo país de AL y el Caribe con mayor prevalencia en trabajo infantil. Se tiene un estimado a nivel nacional de 3.2 millones de niñas y niños -de cinco a 17 años- que trabajan.

De acción y decisión

El Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que -derivado del impacto económico que ha tenido la pandemia de la COVID-19- en 2022 el trabajo infantil habría aumentado 5.5 por ciento, lo que significa un promedio de 177 mil niñas y niños.

La Red por los Derechos de la Infancia en México llamó sindemia a ese efecto, y alude a afectaciones derivadas de SARS-CoV-2 en materia de salud y en cómo atentó a otras esferas, como el acceso al derecho a la educación, que los menores tuvieran que salir de los espacios educativos y que en México agudizó las desigualdades que de por sí teníamos, precisa la maestra en Terapia Familiar.

Ruiz Serrano abunda que los grupos delictivos han aprovechado esta situación de desigualdad y precariedad para utilizar la mano esclava infantil en temas de mendicidad forzada y en otras industrias.

“Para efectos de estragos o afectaciones que nos dejó la sindemia, tenemos ahora el primer lugar como país productor de pornografía infantil. Si eso no nos alerta, no sé qué más tenemos que vivir como sociedad para poder cuestionarnos y resignificar el tipo de relaciones que estamos estableciendo con niñas y niños”, enfatiza.

Un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que de 2017 a 2022 se iniciaron aproximadamente tres mil 896 carpetas de investigación, en las cuales al menos una de cada tres víctimas identificadas está en el rango de 0 a 17 años; es decir, perjudican a niñas, niños y adolescentes; 40 por ciento de estas personas se encuentran en trabajos forzados.

“Estas estadísticas nos dan una cuantificación, pero las afectaciones a nivel bio-psico-sociocultural son enormes. Atentar en contra del desarrollo integral de los niños se traduce en contra de la humanidad y del desarrollo que vamos a tener como sociedad, por lo que es justo colocar la mirada en estrategias que no solo se centren en las niñas, sino que puedan cobijar a sus escenarios comunitarios o familiares”, considera la investigadora.

En ese sentido, Ruiz Serrano sugiere reflexionar sobre las violencias que vivimos en nuestro país y sus expresiones relacionadas con la perspectiva adultocéntrica, o sea, pensar que niñas y niños tienen capacidades inferiores respecto al mundo adulto lo que los invisibiliza como sujetos sociales, actores políticos o productores de cultura.

La especialista en trata de personas estima necesario erradicar prácticas de crianza relacionadas con el abuso corporal como medidas disciplinarias y repensar que la protección de los menores es una responsabilidad social, pues el uso del golpe como castigo lo único que hace es generar un tejido hostil y perpetuar la violencia.

“Propongo desplazarnos y pensar en las personas niñas, más como sujetos sociales de acción y decisión. Entender que, si bien no tienen una experiencia acumulada como en el mundo adulto, son seres humanos que se encuentran en una etapa de desarrollo con atributos y habilidades. En la medida que reconozcamos este papel protagónico vamos a tener una sociedad más justa y con mejores condiciones”, enfatiza la experta.