El 19 de septiembre es una fecha dolorosa para los mexicanos. Después del sismo de 1985, que provocó el derrumbe de miles de edificios y pérdidas humanas en la Ciudad, el mismo día, 32 años después, otro terremoto sacudió la capital mexicana. A pesar de que la magnitud fue menor en el de 2017, el sismo de 7.1 tuvo como saldo más de 300 víctimas y 43 edificios colapsados, según datos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.
A un año de la tragedia y gracias al trabajo de la Unidad de Periodismo de Investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se sabe que la corrupción y negligencia fueron factores determinantes para que el sismo del año pasado cobrara vidas, “los edificios no cayeron solamente por la fuerza del temblor, intervino un tipo de factor humano, ya sea falta de mantenimiento, no cumplir con los reglamentos, negligencia por parte de las autoridades por no hacer acatar las normas ni sancionar a los que las violan”, explicó Miriam Castillo, reportera de MCCI y parte del equipo que realizó la investigación.
Para procesar toda la información recabada en casi un año, un grupo de 20 reporteros revisaron más de 300 inmuebles afectados y seleccionaron 28 edificios para realizar un análisis más profundo, con la asesoría de expertos en legislación y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para determinar qué tan preparadas se encontraban las construcciones.
Sus investigaciones arrojaron que a pesar de contar con un buen reglamento de construcción en la Ciudad de México —considerado uno de los mejores del mundo—, no se cumple la normatividad al pie de la letra.
“No es que todos los edificios construidos en tal año hayan colapsado, también depende de su ubicación, pero la falta de seguimiento de las recomendaciones de las autoridades, la corrupción abierta y negligencia les costó el patrimonio a las personas y sus vidas”, afirmó Castillo.
Resaltó que no se ha sancionado a ninguna autoridad responsable de haber firmado permisos de construcción o autorizaciones de uso de suelo, en consecuencia, la corrupción es unos de los problemas más agudos del país.