Un avance en el objetivo de tipificar la violencia ejercida contra mujeres, a través de las tecnologías de la información, se logró luego de que el Pleno de la Judicatura del Estado de México aprobara que compartir a través de las redes sociales o internet material fotográfico, video, textos, audios, grabaciones de voz, contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o pornográfico, obtenido durante un noviazgo o relación de pareja, será considerado un delito.
La iniciativa propuesta por la diputada Karina Labastida Sotelo, en noviembre pasado, establece penas que van de uno a 14 años de prisión, además de multas que oscilan entre los 16 mil 898 y los 42 mil 245 pesos, para lo cual modificaron el Código Penal mexiquense.
En México, hay 10 mil estudiantes entre 12 y 16 años, el 36.7 por ciento, que conoce a alguna persona que ha enviado o reenviado, ya sea por celular o por medio de la web, imágenes suyas con contenido sexual, tanto a conocidos o desconocidos, de acuerdo con la encuesta Efecto Internet, realizada por la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet.
Actualmente el uso de tecnologías de la información es algo cotidiano y existen riesgos al publicar información privada, una de ellas es la llamada porno venganza, una práctica recurrente en medios digitales por la rapidez y facilidad de difundir contenido de carácter sexual sin autorización de la persona que protagoniza las imágenes, además de tener como objetivo, la viralización de dichos contenidos en la web para infringir un daño moral, la mayoría de las veces a una ex pareja.
En ese contexto, la mujer es la más afectada porque generalmente es el hombre quien difunde una serie de fotografías para tratar de tener una especie de represalia contra ellas. “Soy un convencido que a pesar de que la constitución establece en el artículo cuarto el principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, las condiciones no hacen ver que exista una igualdad plena”, explicó Francisco Burgoa Perea, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Para el experto en Derecho Constitucional, es un acierto que bajo el principio de la dignidad se sancione fuerte a las personas que difundan algún tipo de material gráfico sin consentimiento porque causaría daño moral y psicológico. Así como una pena privativa de la libertad o una multa, “es muy importante que se pueda regular en todo el país porque no está presente en los 32 estados, pero hemos ido avanzando para evitar la porno venganza a través de las tecnologías”.
Burgoa Perea resaltó que se deben desarrollar protocolos en las fiscalías para que puedan atender la violencia a las mujeres y se evite la re victimización. Refirió que no es sencillo pero se ha avanzado en ese rubro para erradicar la violencia en todas las modalidades, “la situación de violencia se da en distintas escalas y hay que empezar desde las situaciones más pequeñas, como este material que en un principio se da con consentimiento o no, si no se detiene puede ir escalando hasta llegar a los feminicidios”.