Al usar la fuerza se criminaliza a las personas y de la misma forma se militariza la atención de los flujos migrantes, lo cual implica en términos de derechos denegar el acceso al territorio, señaló Luciana Gandini, doctora en Ciencia Social e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
“La participación de las fuerzas militares o policiales implica que se persigue un delito o algún hecho que atender y es ahí donde se comete la primera falta. La migración aunque sea irregular, es una falta administrativa”. Destacó que, al negar el acceso al territorio, se impide que los migrantes soliciten la condición de refugiado. Un derecho que México ha suscrito de manera internacional en Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Indicó que “el uso de la fuerza es violar su derecho y subsecuentes derechos y el debido proceso que debe seguirse con una persona que puede necesitar atención o protección internacional”
Señaló que no todos están en la misma situación pero sí hay una cantidad considerable de personas que se encuentran en condiciones de migración forzada y requieren protección internacional.
Alethia Fernández, investigadora del IIJ, afirmó que el gobierno empezó con una política que permitía regularizar a las personas a través de la emisión de una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual les daba oportunidad de permanecer, trabajar y tener acceso a una identificación e inclusive la posibilidad de solicitar la condición de refugiado. En mayo 2019 la política cambió drásticamente con una estrategia de control y militarización; de buscar la integración y la regularización de las personas a una política de criminalización, como consecuencia de la presión de Estados Unidos.
La especialista destacó que en este tipo de medidas se debe observar el cumplimiento del debido proceso de informar a las personas migrantes cuáles son las opciones de regularización disponibles. Para garantizar sus derechos existen diferentes actores sustanciales en esta observación como lo son las organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles y organizaciones internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Luciana Gandini, doctora en Ciencia Social y Alethia Fernández, doctora en Estudios Humanísticos, ambas investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), participaron en el programa Observatorio Cotidiano con Pedro Salazar en TV UNAM.