La Ley General de Cambio Climático mexicana —aprobada en 2012— ha sido considerada un ejemplo a seguir por organizaciones como Globe International y reconocida en el orbe como vanguardista por incluir fases de mitigación y adaptación, diseño institucional, criterios de política pública y mecanismos de participación social y de acceso a la justicia, “es decir, es un documento que merece una calificación de 10 porque hicimos la tarea, aunque en la práctica, al cruzarse con la política y realidad nacionales, se nos vuelve pomada”, señaló José Clemente Rueda Abad, secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
“Parte de ello se debe a que estamos ante un texto que, pese a ser muy bonito, es un monstruo porque reconoce la existencia de más de una propuesta jurídica y en cuya redacción se dio coba a todas las fracciones parlamentarias, es decir, se metieron todos los partidos políticos. Yo mismo participé en ella como asesor y me gusta describirla como lo que es: un Frankenstein”, expuso el académico.
Esto ha derivado en una serie de compromisos incumplidos, metas inalcanzables y contradicciones internas, como que su título octavo, dedicado a la participación social, se contradiga con el artículo 51, el cual pone trabas a la representación ciudadana, o que establezca que para 2016, los 2416 municipios del país deberán contar con una autoridad específica en cambio climático, “pero podríamos preguntar en cada una de estas demarcaciones y ver quién las tiene y la respuesta es que ninguna; la ley nos está quedando muy grande”.
No obstante —añadió Rueda Abad—, la falla más importante está en los primeros artículos transitorios, pues ahí se establece que 180 días después de su entrada en vigor debería establecerse un reglamento para la ley. Ésta apareció el 12 de octubre de 2012, estamos en 2017 y aún no tenemos nada. De los seis meses originales de plazo ya llevamos poco menos de cinco años (o mil 700 días sin reglamento), “algo por lo que incluso podríamos demandar al Estado mexicano”.
Sin embargo, debemos señalar que esta carencia no es excusa para inmovilizarnos, pues todos los datos apuntan a que aunque los países firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a evitar que la temperatura global se eleve más allá de los 1.5 grados centígrados, no lo lograremos, señaló al participar en la mesa Impactos Socioecológicos de las Reformas Medioambientales en México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
“Plantearé que pasaría si todo nos sale mal: si como se sugiere en el Cuarto informe de evaluación del IPCC, llegamos a un incremento de 6.4 grados, la extinción de especies en el orbe llegaría al 99.5 por ciento, el nivel medio del mar subiría de 12 a 18 metros y nuestra nación perdería entre 400 y 450 kilómetros de costa”.
Por ello, subrayó el maestro en Ciencias, los riesgos son tantos que es preciso trabajar desde ahora y aunque no contemos aún con un reglamento en forma, al menos tenemos un instrumento jurídico con el cual avanzar y eso representa en sí una gran ventaja.
“La desventaja es que no necesariamente lo estamos haciendo bien, y en el contexto de cambio climático equivocarnos es sinónimo de no hacer nada, porque el impacto económico, ambiental y social de seguir estrategias erróneas sólo nos dejará con dinero mal gastado”.
Contra la soberbia legislativa
Por su parte Octavio Klimek Alcaraz, doctor en Recursos Silvícolas, coincidió con José Clemente Rueda al señalar que “es mejor contar con una Ley General de Cambio Climático que no tener ninguna, aunque la existente para mí también sea un Frankenstein, pues los dos años de su redacción alcanzaron para que todos con algo que decir pusieran, al menos, una coma”.
El problema, advirtió el analista ambiental, es que lo que debía ser un documento integrador se recargó en una sola dependencia, la Secretaría del Medio Ambiente, y no involucró lo suficiente a otras entidades cruciales en el renglón, como la de Energía (Sener), cuya máxima parece ser ir con todo en el tema de los hidrocarburos.
“Como suele pasar en el país, la actividad económica se privilegia sobre la ambiental; ésa ha sido nuestra historia durante décadas”, acotó.
Para Klimek Alcaraz, gran parte de los inconvenientes con esta ley se deben a que se publicó con premura. “Debía salir en abril de 2012 porque se avecinaba el fin de la LXI Legislatura y venía el periodo de receso, las elecciones y si no aparecía en ese momento habría incertidumbre. Eso pasa cuando nos ponemos a merced de los tiempos políticos y las prisas”.
A decir del también exlegislador “una verdad de la realpolitik que no tiene caso ocultar es que en los procesos legislativos todo es una moneda de cambio, tú ofreces una cosa para recibir otra de vuelta y el proceso de negociación es constante”.
¿Entonces cómo procesar adecuadamente los temas ambientales en las cámaras?, preguntó Klimek Alcaraz. “La respuesta es sencilla, póngase las pilas y escojan buenos legisladores, así de simple. Los ecosistemas no tienen partido, pero sí dependen de a quienes escogemos y debemos asegurarnos de que éstos sean verdaderos representantes de la gente y no emisarios de los cabilderos”.