- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya describe la violencia vicaria; ello exige a los estados tipificarla en sus códigos penales
- Lucía Núñez, del CIEG de la UNAM, resalta la importancia de sensibilizar a las autoridades para que atiendan de forma adecuada a las víctimas
Violencia vicaria “significa violentar a través de una persona, en este caso hijas, hijos e hijes, para dañar a la madre, o sea, hay un medio a través del cual se perpetúa, no es directa”, explica Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.
Suele presentarse en momentos de separación y es perpetrada por el progenitor. Hay casos en los que “se ejerce a través de seres queridos e incluso mascotas”.
Mildret Sainz y Lydia Lara han sido víctimas de este tipo de violencia. En la lucha por recuperar a sus hijos se han enfrentado a lagunas legales que no les han permitido acceder a la justicia, ya que en casi apenas la mitad del país la violencia vicaria puede ser denunciada y atendida como delito.
Arrebatar el derecho a maternar
“Somos madres que no sabemos de nuestros hijos y eso te pega mucho en lo emocional, es una tortura. El objetivo de quienes ejercen esta violencia es matarte en vida y, si no lo logran, hacen que para tus hijos e hijas estés muerta”, declara Dulce Mildret Sainz Torres, de 42 años, activista y madre de una mujer de 22 años y un joven de 17 que le fueron arrebatados a muy temprana edad por el padre de ambos.
“Empecé a sufrir violencia vicaria cuando mi bebé tenía pocos meses de nacida. Él buscaba que no se notara que me agredía, pero siempre me decía que, si me iba, lo haría sola, sin mis hijos, porque no iba a permitir que crecieran sin su papá”.
Fue en 2008 cuando Mildret decidió poner fin a la relación, tras un episodio de celos por parte de su entonces esposo, quien intencionalmente estrelló el carro en el que viajaban para luego bajarla a empellones del auto, al tiempo que aventaba sus pertenencias.
“Pensé que la siguiente vez me mataría y pedí el divorcio. Él me dijo: ‘sí, pero el departamento está a nombre de mis papás y no te daré pensión porque gano muy poco. No sé qué harás sola con dos niños, ¿a dónde los llevarás si tu relación con tus padres no es buena?”. La manipulación y amenazas provocaron que Mildret decidiera dejar a su niña de seis años y su pequeño de dos al cuidado de su progenitor, pensando que la situación económica de él era mejor y que ella tenía poco que ofrecerles.
Lucía Núñez plantea que la violencia vicaria no opera de manera aislada, sino en concatenación con otras violencias (psicológica, física-económica y, de manera reiterada, patrimonial). “En procesos de separación o divorcio el hombre tiende a perder el control o el poder, es decir, lograr que la persona con la que había un vínculo afectivo actúe o responda de cierta manera. Entonces utiliza a los hijos e hijas como medio para saber de la madre, para seguir manipulándola, para denostarla o hacer que se angustie”, agrega la investigadora del CIEG.
La violencia vicaria también se manifiesta si el padre ignora a la madre en su función de tal, no cuida a los menores de forma adecuada, les maltrata o no les atiende con el objetivo de que la mamá se dé cuenta y lo contacte para convencerlo de cumplir con sus obligaciones.
“Él puede ejercer violencia económica, por ejemplo, no proporcionando los alimentos o materiales escolares. También, limitando la pensión —si la hay— a lo asignado por las juezas y jueces que, en la mayoría de los casos, es insuficiente. El maltratador piensa que está dañando a la madre, pero en realidad termina violentando a las y los menores. Hay casos extremos donde los niños y niñas son lesionados o asesinados con el único fin de lastimar a la mujer”, expone Lucía Núñez.
Cuando Mildret tomó la decisión de que su hija e hijo estuvieran con su progenitor fue bajo la condición de que ella podría hablarles y verles en el momento que quisiera. Sin embargo, esto duró poco tiempo.
“Tras una discusión y decirle que pediría la guarda y custodia, en junio de 2009, me arrastró calle y media con el carro y me tiró. Después condicionó las visitas y convivencias. Podía ver a mis hijos el fin de semana sólo si me quedaba en casa y tenía relaciones sexuales con él”.
La custodia provisional la tenía el padre, por lo que durante muchos años su expareja mantuvo esa condición violenta hacia Mildret, misma que cambió cuando ella comenzó a hablar en público de lo que vivía y a tener redes de apoyo.
“Cortó el vínculo, en especial con mi hija. Esto venía maquinándose porque desde los seis años le generaron recuerdos de que ella era quien se hacía cargo de su hermano, de que yo le había sido infiel a su papá y de que era una mala madre. No representaba autoridad para ella, incluso para mi hijo, aunque él ha sido un poco más crítico con la situación”.
Esto ha provocado que hasta la fecha la hija de Mildret se niegue a verla y que con su hijo pueda convivir sólo en algunas en ocasiones.
Las malas prácticas por parte de los abogados a los que acudió Mildret y de las autoridades encargadas de hacer justicia han impedido que durante 16 años ella esté presente como madre. “Me asesoré con una abogada que me dijo que le dejara todo, lo hice pensando que era lo mejor. Me acerqué a grupos que sólo lucran con las víctimas porque, al darse cuenta de que el agresor paga más, se van de su lado”.
Otro de los abogados que la asesoró, en conjunto con una psicóloga, la sumieron en depresión al hacerle creer que debía dejar de luchar por la guarda y custodia, por lo que desistió del proceso legal hasta que encontró a sus hermanas de lucha.
En 2020, Mildret conoció a otras mujeres que atravesaban la misma situación; con ellas cofundó la colectiva CAM CAI y se convirtió en activista. “Investigamos y dimos con el término ‘violencia vicaria’. Ya tenía nombre lo que estábamos viviendo, pero nos faltaba atacarla”.
Además de dar voz a los violentados realizaron una encuesta mediante la cual determinaron el perfil de las víctimas, tanto de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, como de los agresores. Con ello establecieron las bases mínimas que se necesitaban en la ley. Poco a poco, junto con otras agrupaciones femeninas, han luchado para obtener justicia.
Abandono legal de las víctimas
“Ha sido duro porque no he encontrado justicia. Desde 2019 el papá de mi hijo decidió llevárselo, apartarlo de mí y limitarme en todos los aspectos para demostrar que él tiene el poder”, expresa Lydia Lara, una mujer de 37 años que trabaja en telecomunicaciones.
La expareja de Lydia comenzó a ejercer violencia vicaria cuando el hijo de ambos era un bebé, en ocasiones impidiendo que ella se le acercara. Además, controlaba la cuenta bancaria y su entrada y salida de trabajo, al grado de seguirla. “El detonante para que él decidiera apartarme de mi hijo de cuatro años fue decirle que quería separarme. Ese día me violentó físicamente y luego se lo llevó. Le ha sembrado ideas contra mí”.
Su expareja obtuvo la custodia provisional del niño debido a que denunció a Lydia como la victimaria y, a pesar de que ella tenía un convenio para ver a su hijo cada 15 días, de noviembre de 2022 a la fecha no se ha cumplido. Esto la ha afecta emocionalmente, por lo que reconoce que el padre de su hijo la está violentando psicológicamente al mantenerla alejada de su pequeño. “Es una situación frustrante y dolorosa porque parece que quiere borrarme de la vida de mi hijo”.
Lucía Núñez enfatiza que hace falta capacitación, pero también sensibilización por parte de quienes administran e imparten justicia. “Muchos ministerios públicos, juezas y jueces, no saben qué es la violencia vicaria ni cómo identificar la violencia contra las mujeres por motivos de género”.
Para Lydia el proceso legal ha sido un tormento debido a la burocracia y falta de perspectiva de género, por lo que la investigadora del CIEG remarca que quienes atienden estas situaciones deben saber cómo reconocer y tipificar esta violencia para proporcionar a quienes la sufren las herramientas necesarias para enfrentar un proceso que, en la mayoría de las ocasiones, es desgastante y tortuoso.
Lydia se ha unido a la colectiva Deconstrucción Violeta, la cual le ha brindado acompañamiento y ha sido una fuente de fuerza ante la frustración que vive a diario por no encontrar justicia, pues a la fecha sigue luchando por la custodia definitiva de su hijo.
Nombrar, prevenir y atender
Tanto Mildret como Lydia no han podido denunciar la violencia vicaria ante las autoridades porque ésta sólo se encuentra descrita en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) y está tipificada en el Código Penal de 15 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
“Mi proceso se ha visto afectado cuando he levantado alguna denuncia porque mi expareja no me deja ver a mi hijo. Me dicen que es tema familiar y aunque yo argumento que se trata de violencia vicaria, responden que no está tipificada todavía”, manifiesta Lydia.
Sin embargo, esta situación cambiará, pues el 17 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los códigos federales civil y penal en materia de violencia a través de interpósita persona (nombre con el que se define la violencia vicaria).
“El Código Civil Federal y el Código Penal Federal también se verán modificados a partir de la publicación en el Diario Oficial. Eso no significa que, de manera automática, las normatividades locales, a su vez, se transformen o incluyan ya un tipo penal que atienda esta problemática. Aunque, específicamente en el artículo nueve de la reforma, se señala como obligación para los estados tipificarla como delito, es decir, que se incluya en los códigos penales la conducta exacta y el margen de sanción”, explica Rosalba Cruz Martínez, consejera jurídica de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU).
En Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí únicamente se encuentra descrita en la LAMVLV.
Rosalba Cruz aclara que describir a detalle este tipo de violencia en la Ley General visibiliza sus efectos y exige políticas públicas de intervención y prevención. Además, en todo el país ya se podrá argumentar e incluso acreditar que se está ejerciendo violencia vicaria dentro de los procesos de orden familiar.
“Aunque no esté en el Código Civil o Familiar de todos los estados, el que se contemple en la Ley General, con marcos mínimos de intervención, implica que la autoridad jurisdiccional está obligada a instrumentar acciones. No se sanciona en materia penal, pero se argumenta que estas conductas forman parte del ciclo de violencia”, puntualiza la especialista de la CIGU.
Por su parte, Lucía Nuñez comenta: “Que llegue al código penal tiene implicaciones importantes porque al ser un delito autónomo no necesita de otro. En sí misma, la violencia vicaria configura una conducta prohibida y en el momento en que se prueba, hay una sanción específica para ella”.
Remarca, además, que aunque en algunos estados no se considera un delito, es importante que esté en la ley porque con ello se puede sancionar, hacer política pública y establecer medidas preventivas y de protección.
Luego de casi 16 años de lucha, Mildret comenta que “aunque legalmente ya no puedo recuperar a dos jóvenes —uno que acaba de cumplir la mayoría de edad y una que ya la superó—, mi forma de acceder a la justicia es que mi hija no sufra lo que yo, que esté protegida y no haya forma de que puedan quitarle el fruto de su trabajo y de su vientre”.
Y afirma que, si la violencia vicaria llega al código penal en la Ciudad de México, ella y otras mujeres que ya tienen sus procesos familiares perdidos podrían acceder a justicia.
Lucía Núñez coincide con Mildret respecto a que la violencia vicaria no ha llegado a las leyes y códigos penales de todos los estados por falta de voluntad política y, aunque la investigadora no crea que las sanciones penales sean el instrumento más efectivo para combatir estas violencias, considera que todavía muchos hombres se resisten a sancionar este tipo de actos.
“Primero porque los naturalizan, no los ven como graves sino como algo normal y no quieren dar el paso, porque hay miedo a que, entre más tipos penales, en algún momento les pueda tocar a ellos, porque es una violencia que perpetran los hombres, no las mujeres”.
Mildret y Lydia han recorrido un largo camino en busca de justicia y aunque aún no la han encontrado, ambas, desde sus espacios, siguen luchando para que la violencia que han vivido no quede en el olvido.
“Es una victoria concienciar, que nos miren como personas dignas, como seres humanos en igualdad de derechos. Estamos desnormalizando lo que se ha visto normal, estamos nombrando lo que para nosotras ha sido injusto y que, en ese sentido, daña a la sociedad porque somos parte importante de ésta. Por lo mismo, deben reconocerse nuestros sufrimientos, intereses y experiencias”, finaliza Lucía Núñez.
“Nuestros hijos e hijas son nuestros motores, lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de que están lejos de nosotros. Quiero decirle a mi niño que todo lo que estoy haciendo es por el gran amor que le tengo y que lo más que quiero es verlo crecer a mi lado”, concluye Lydia. Por su parte, Mildret expresa que “mujeres juntas y organizadas, de diferentes extractos sociales y entidades de la República, hemos logrado un gran cambio en el país. A mí me hubiera gustado que alguien me ayudara cuando yo empecé con mi proceso y por eso sigo luchando, porque ninguna merece vivir ningún tipo de violencia”.