El 10 de septiembre de 2021, un deslizamiento de tierra en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, provocó la muerte de cuatro personas y desplazó a numerosas familias. La tragedia recordó de manera contundente los riesgos que enfrentan quienes habitan en zonas montañosas del país.
Sin embargo, el evento no fue un caso aislado, sino la manifestación más visible de un fenómeno estructural: la expansión urbana sobre cerros, laderas y terrenos accidentados, impulsada por la creciente demanda de vivienda y las limitaciones de la planeación urbana. El Chiquihuite evidenció cómo la interacción entre topografía, pobreza, urbanización informal y deficiencias en infraestructura puede convertirse en un riesgo crítico para la vida de las personas.
Para comprender este proceso, UNAM Global entrevistó al investigador Enrique Pérez Campuzano, del Instituto de Geografía (IGg), quien señaló que estos asentamientos reflejan, por un lado, la falta de alternativas habitacionales seguras y, por otro, la ausencia de regulación efectiva en construcciones en muchas zonas montañosas.
Relieve, ciudad y riesgo
México es un país marcado por una topografía compleja. Grandes cadenas montañosas como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico Transversal moldean la distribución del territorio y condicionan los asentamientos humanos. Muchas de las principales zonas urbanas se desarrollan en mesetas y valles intermontanos, donde el relieve facilita la construcción de infraestructura y la expansión urbana.
No obstante, este contexto geográfico implica que el crecimiento de las ciudades interactúe constantemente con pendientes pronunciadas, barrancas y laderas, terrenos que presentan desafíos constructivos, logísticos y sociales. El fenómeno es especialmente visible en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
En la ZMVM existen asentamientos en el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, el Cerro del Chiquihuite, el Ajusco y la Sierra de Guadalupe. Esta última, pese a ser un Área Natural Protegida desde 1990, ha enfrentado fuertes presiones por construcciones irregulares y deforestación. Caso aparte es la zona conocida como El Hoyo, en Iztapalapa, un asentamiento urbano construido dentro del cráter del extinto volcán Tepecolco.
“Usualmente, la urbanización de estas zonas está ligada a poblaciones de bajos ingresos que construyen de manera informal o autogestiva ante la falta de acceso a suelo regular”, explicó Pérez Campuzano. Estas comunidades enfrentan carencias graves de infraestructura: agua potable, drenaje, electricidad, servicios educativos, conectividad y vías de acceso adecuadas para servicios de emergencia.
Sin embargo, la urbanización en cerros no es exclusiva de sectores populares. También existen desarrollos dirigidos a personas de altos ingresos en zonas como Santa Fe o Atizapán, donde la topografía accidentada se convierte en un valor agregado: exclusividad, vistas panorámicas y construcciones con tecnología avanzada. Esta dualidad revela con claridad la desigualdad urbana: el mismo relieve que para unos representa oportunidad y plusvalía, para otros implica vulnerabilidad y riesgo.
Expansión urbana desmedida y desigual
Esta desigualdad no es fortuita, sino resultado de un modelo de crecimiento urbano que, en las últimas décadas, se ha expandido aceleradamente hacia periferias y zonas montañosas. Ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y la ZMVM han experimentado un crecimiento masivo impulsado por migración interna, dinamismo económico y demanda de vivienda.
Un elemento clave en este proceso fue la política de vivienda de inicios de los años 2000, cuando los gobiernos promovieron grandes desarrollos inmobiliarios en la periferia, con financiamiento público y ejecución privada. La estrategia buscaba ampliar la oferta habitacional, dinamizar el sector de la construcción y fortalecer la base catastral municipal.
“No obstante, en muchos casos esta expansión ocurrió sobre terrenos poco aptos para urbanización, sin infraestructura suficiente ni planeación territorial adecuada. Mientras algunas familias de ingresos medios lograron acceder a vivienda formal en estas zonas, los sectores de menores recursos quedaron excluidos y recurrieron a asentamientos irregulares en cerros y barrancas, donde el suelo es más barato y la vigilancia regulatoria más laxa”, expresó el investigador del IGg.
Así se consolidó un ciclo de vulnerabilidad: viviendas autoconstruidas en pendientes pronunciadas, sin estudios geotécnicos ni infraestructura adecuada, expuestas a deslaves, inundaciones y fallas estructurales.
Desafíos constructivos y técnicos
Los riesgos asociados a habitar en laderas son múltiples. Aunque la experiencia técnica de muchos albañiles en México es notable, el conocimiento empírico no sustituye estudios de mecánica de suelos, sistemas de contención adecuados o drenajes pluviales diseñados profesionalmente. En algunas zonas, las construcciones se levantan en pendientes que en ciertos casos alcanzan inclinaciones críticas, lo que incrementa la probabilidad de inestabilidad si no existen medidas de mitigación apropiadas.
En contraste, los desarrollos de ingresos medios y altos suelen incorporar ingeniería especializada, muros de contención, sistemas de captación y desalojo de agua, así como monitoreo estructural. La diferencia no radica únicamente en la pendiente, sino en los recursos disponibles para reducir el riesgo.
Sin embargo, el problema no se limita a la estabilidad de las viviendas. La urbanización de cerros implica también una transformación profunda del entorno natural que sostiene a las ciudades.
Su importancia ambiental y social
Los cerros de la Ciudad de México y otras metrópolis albergan bosques templados y fríos que cumplen funciones estratégicas. Entre sus principales servicios ecosistémicos se encuentran la captura de carbono —que contribuye a mitigar la contaminación atmosférica— y la recarga de acuíferos, que aporta una proporción significativa del agua consumida en la capital, además de la provisión de espacios recreativos como los Dinamos, el Desierto de los Leones o el Ajusco.
Estos ecosistemas también resguardan flora y fauna endémica, incluyendo reptiles, pequeños mamíferos y diversas especies de murciélagos fundamentales para la polinización. La pérdida de cobertura vegetal incrementa la erosión del suelo, reduce la infiltración de agua y aumenta la vulnerabilidad ante lluvias intensas, cada vez más frecuentes en un contexto de cambio climático.
“Mantener los cerros con bosques y áreas verdes es crucial para regular la temperatura, reducir el impacto de lluvias extremas y conservar un microclima estable”, subrayó Pérez Campuzano.
En el plano social, estos territorios también ofrecen oportunidades económicas mediante el manejo forestal sustentable: recolección de hongos, agricultura en terrazas y otros productos que combinan conservación ambiental con generación de ingresos locales.
¿Qué se puede hacer?
México cuenta con un marco normativo sólido, como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En teoría, esta legislación regula la planificación, fundación, crecimiento y ordenamiento de los centros de población. En la práctica, enfrenta obstáculos significativos.
Las dependencias municipales suelen carecer de recursos humanos y materiales suficientes para actualizar catastros, realizar estudios topográficos y supervisar construcciones. A ello se suma la corrupción en el sector inmobiliario y de servicios públicos, que debilita la aplicación de la normativa.
Otro factor crítico es la falta de cultura de prevención. “En muchas comunidades se ha normalizado vivir con el riesgo”, señaló el investigador.
Frente a este escenario, controlar la urbanización en cerros requiere una perspectiva integral que trascienda los ciclos administrativos municipales. Es necesario articular planeación territorial, gestión de riesgos, política de suelo y recaudación fiscal. Sistemas catastrales vinculados a servicios básicos, atlas de riesgo actualizados, monitoreo permanente de laderas y sistemas de alerta temprana son herramientas técnicamente viables, pero que requieren inversión sostenida y voluntad política.
“Más que prohibir de manera aislada la construcción en cerros, el reto consiste en replantear el modelo de crecimiento urbano. Las ciudades mexicanas necesitan esquemas más compactos, densificación planificada en zonas seguras y acceso real a vivienda social bien localizada, evitando que la necesidad empuje a los sectores más vulnerables hacia terrenos inseguros”, concluyó el investigador.
Evitar que las ciudades crezcan hacia el riesgo
La urbanización de los cerros en México no es simplemente un problema de geografía ni una suma de decisiones individuales mal calculadas. Es el reflejo de un modelo de ciudad que ha crecido más rápido que su capacidad de planear, regular y prevenir. Mientras la vivienda siga resolviéndose en los márgenes —ya sea por necesidad o por especulación— los riesgos continuarán acumulándose en las laderas.
El desafío no consiste únicamente en impedir nuevas construcciones en zonas peligrosas, sino en replantear la forma en que las ciudades crecen, se financian y distribuyen oportunidades. Apostar por una densificación segura, fortalecer la capacidad técnica de los municipios y proteger los ecosistemas no es un lujo ambiental, sino una condición básica para reducir la vulnerabilidad futura.