El cambio climático constituye uno de los desafíos globales más urgentes de nuestro tiempo. Está impulsado principalmente por emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, provenientes de sectores como la producción de energía, la industria y, de manera significativa, la agricultura y el cambio de uso de la tierra, incluida la explotación de los bosques.
En este contexto, la pérdida y degradación forestal representa una fuente crítica de emisiones. Al mismo tiempo, los bosques cumplen un papel estratégico como sumideros de carbono, ya que tienen la capacidad de absorber y almacenar grandes cantidades de carbono atmosférico, principalmente en forma de dióxido de carbono. Esta doble condición —como fuente de emisiones y como solución potencial— ha colocado a los ecosistemas forestales en el centro de las estrategias de mitigación del cambio climático.
Frente a este panorama, la comunidad internacional ha impulsado diversas iniciativas orientadas a reducir la deforestación, restaurar ecosistemas degradados y promover un manejo forestal sostenible. Entre estas estrategias destaca el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), que busca incentivar económicamente a los países en desarrollo para conservar y gestionar sus bosques, aumentar las reservas de carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático.
La pérdida forestal es un fenómeno complejo que abarca tanto la deforestación como la degradación forestal. La deforestación implica la eliminación total de la cobertura forestal, generalmente asociada a la expansión agrícola, ganadera u otros usos productivos del suelo.
En contraste, la degradación forestal se refiere a una pérdida de calidad del bosque sin su desaparición completa, e incluye procesos como la tala no planificada, la sobreexplotación, la introducción de ganado que impide la regeneración natural o los incendios forestales, explicó la Dra. Jovanka Špirić, investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM.
Estas pérdidas no solo reducen la capacidad de los bosques para almacenar carbono, sino que también afectan otros servicios ecosistémicos fundamentales, como la conservación de la biodiversidad y la provisión de recursos naturales para las comunidades locales. La pérdida forestal tiene dimensiones ambientales, sociales y económicas, y responde tanto a causas directas —como ciertas prácticas agrícolas o ganaderas— como a factores indirectos, entre ellos políticas públicas o dinámicas externas al sector forestal.
En este marco, REDD+ se propone como una herramienta para que los países en desarrollo con alta cobertura forestal, especialmente en regiones tropicales, reduzcan sus emisiones derivadas de la deforestación y la degradación, conserven y manejen sosteniblemente los bosques y aumenten sus reservas de carbono. El incentivo se materializa a través de créditos de carbono —equivalentes a reducciones certificadas de dióxido de carbono— que pueden comercializarse en mercados regulados vinculados a mecanismos internacionales bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o en mercados voluntarios, donde participan actores independientes, industrias o países interesados en apoyar proyectos de reducción de emisiones.
El alcance de REDD+ va más allá de la mitigación climática, ya que ofrece la oportunidad de integrar beneficios ambientales, sociales y culturales, reconociendo el valor de los bosques no solo por su capacidad de capturar carbono, sino también por su importancia para las comunidades y los ecosistemas.
Retos REDD+ en nuestro país
Este marco internacional se ha traducido en estrategias nacionales específicas. En el caso de México, el país decidió incorporarse al mecanismo REDD+ en 2008 a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), estructurando su participación en tres fases principales:
- La fase de preparación, enfocada en el desarrollo de capacidades, la formulación de la estrategia nacional y el establecimiento de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
- La fase de implementación, orientada a la aplicación de políticas y acciones tempranas.
- La fase de pagos por resultados, en la que se incentivan aquellas actividades que demuestran una reducción efectiva de emisiones con base en los niveles de referencia establecidos para el país.
Posteriormente, en 2017, se consolidó un marco de implementación basado en el principio de desarrollo rural sustentable. Este enfoque adoptó una escala jurisdiccional a nivel estatal y subnacional, promoviendo un manejo integrado del territorio que combina actividades forestales —como la reforestación y el manejo forestal sostenible— con otras actividades productivas. De esta manera, REDD+ en México amplió su alcance más allá del ámbito estrictamente forestal, incorporando la interacción entre distintos usos del suelo.
No obstante, a pesar de contar con un marco de gobernanza relativamente sólido y con objetivos claros de mitigación, particularmente en estados como Yucatán, Jalisco, Chiapas y Campeche, los resultados han sido mixtos. De acuerdo con la Dra. Špirić, la efectividad de REDD+ depende de factores como la adaptación a los contextos locales, la participación inclusiva de las comunidades, la integración con otras políticas nacionales, la sostenibilidad del financiamiento y la correcta aplicación de medidas técnicas y sociales.
- Estos resultados contrastantes permiten identificar una serie de retos que aún limitan el alcance del mecanismo.
- Entre los principales desafíos técnicos se encuentran las dificultades para medir y verificar con precisión la reducción de emisiones, prevenir la fuga de carbono —es decir, el desplazamiento de la deforestación hacia otras zonas— y evitar la sobreestimación de créditos en los mercados voluntarios de carbono.
- En el ámbito social, los altos costos de oportunidad asociados al cambio de actividades productivas reducen la adopción de los programas, además de que se han reportado incumplimientos en el respeto a los derechos de propiedad y a la participación plena de las comunidades indígenas, desigualdades en la distribución de beneficios y problemas de equidad de género.
- A ello se suman retos económicos, como la dependencia del financiamiento externo, la falta de un mercado regulado de carbono consolidado y los bajos precios de los créditos, que limitan la viabilidad del mecanismo frente a actividades más lucrativas a corto plazo, como la agricultura o la ganadería.
- Finalmente, los retos políticos incluyen la escasa integración con otras políticas sectoriales y la variabilidad en las prioridades gubernamentales entre administraciones, lo que dificulta una implementación sostenida a largo plazo.
A pesar de estas limitaciones, existen experiencias positivas que muestran el potencial de REDD+. Entre ellas destacan los sistemas agroforestales y silvopastoriles, los cuales han tenido una buena aceptación entre los propietarios de la tierra.
Estos sistemas integran actividades agrícolas, ganaderas y forestales, lo que permite aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono, diversificar los ingresos, reducir la dependencia de fertilizantes químicos, mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a eventos climáticos extremos, promover el bienestar animal y favorecer la biodiversidad. En este sentido, representan un ejemplo concreto de cómo REDD+ puede articular beneficios económicos, sociales y ambientales.
Críticas y desafíos internacionales de REDD+
Muchas de las limitaciones observadas en México no son exclusivas del ámbito nacional, sino que forman parte de un debate más amplio a nivel internacional. A pesar de sus beneficios, REDD+ ha sido objeto de críticas, entre ellas el riesgo de promover una mercantilización del carbono forestal que deje en segundo plano otros valores esenciales de los bosques, como los sociales, culturales y ecológicos, señaló la Dra. Špirić.
Asimismo, se ha advertido sobre posibles efectos adversos para las comunidades locales, incluyendo el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de acceso a recursos de los que dependen para su subsistencia. Estas críticas subrayan la necesidad de implementar REDD+ de manera equilibrada, considerando no solo los objetivos de mitigación del cambio climático, sino también los derechos y el bienestar de las poblaciones que habitan y cuidan los ecosistemas forestales.
Esencial cuidar los bosques frente a la crisis climática
En conjunto, la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal requiere una visión integral y de largo plazo que combine la conservación, la restauración y el manejo sostenible de los bosques. Mecanismos internacionales como REDD+ pueden desempeñar un papel clave en este proceso, siempre que se implementen respetando los valores sociales, culturales y ecológicos de los territorios forestales. Solo mediante una aproximación integral será posible garantizar que los bosques continúen cumpliendo su función como sumideros de carbono, al tiempo que se protege la biodiversidad y se fortalecen los medios de vida de las comunidades que dependen de ellos.