De acuerdo con Ivet Miriam Pérez Molina, integrante de la Unidad de Indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, “en México, la Constitución reconoció desde 2011 el derecho a la alimentación en el artículo 4º. Sin embargo, no se había promulgado la ley reglamentaria correspondiente”.
Han pasado 13 años desde la reforma al artículo 4º, que establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado debe garantizarlo. No obstante, no fue sino hasta abril de este año cuando finalmente se publicó dicha ley.
“Es una ley muy buena, aunque todavía no cuenta con su reglamento. Estamos presionando para que se publique, pero no será sencillo ponerla en operación”, añadió Pérez Molina.
En el PUDH, un área dedicada a indicadores analiza la situación de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho a la alimentación.
“En un estudio reciente, evaluamos la situación del derecho a la alimentación en México, incluyendo los cambios normativos, las políticas públicas y sus impactos durante el sexenio anterior”, explica Pérez Molina. “A pesar de 30 años de políticas alimentarias deficientes, se observan avances modestos pero significativos que benefician a millones de personas”.
Entre estos avances, Pérez Molina destacó datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Según sus reportes, el porcentaje de población con hambre en México disminuyó del 3.8 % en el periodo 2016-2018 al 3.1 % en 2021-2023.
El actual titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Antonio Berdegué Sacristán, quien previamente fungió como representante regional de la FAO, cuenta con experiencia relevante. Los expertos esperan que adopte un enfoque integral para el sector alimentario.
“A pesar de estos avances, erradicar el hambre para 2030 sigue siendo un desafío complejo”, enfatizó la investigadora.
Inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria, conocida en México como “carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad”, también registró una disminución, pasando del 22.2 % al 18.2 %. Sin embargo, todavía afecta a 23 millones de personas.
Grupos específicos enfrentan mayores desafíos. Entre la población indígena, esta carencia bajó del 35.9 % en 2018 al 30.5 % en 2022, y en las zonas rurales, la reducción fue del 28.8 % al 23.9 % en el mismo periodo.
“Estas personas no tienen acceso regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo adecuados, ni para llevar una vida activa y saludable”, detalló Pérez Molina.
Desnutrición y obesidad
La malnutrición en México presenta dos caras: por un lado, la desnutrición crónica en menores de cinco años, medida por la baja talla para la edad, disminuyó del 14.2 % en 2018 al 12.6 % en 2021. Por otro, la desnutrición aguda, que se refleja en el bajo peso para la estatura, aumentó ligeramente de 1.4 % a 1.5 %.
En contraste, el sobrepeso y la obesidad han alcanzado niveles alarmantes. En 2022, más de un tercio de los niños y niñas de 5 a 11 años (36.7 %) padecían sobrepeso u obesidad, mientras que esta condición afectaba al 41 % de los adolescentes y al 75 % de los adultos mayores de 20 años.
“Estos problemas están estrechamente vinculados a la proliferación de alimentos ultraprocesados, la falta de actividad física y cambios en los hábitos alimentarios”, explicó la especialista.
El sobrepeso y la obesidad, además de ser un problema de salud pública, están relacionados con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión.
Pobreza y políticas públicas
Otro gran reto es la pobreza. Entre 2018 y 2024, el porcentaje de personas en pobreza extrema por ingresos, aquellas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria, disminuyó de 14 % a 12.1 %. Este avance se atribuye a diversas políticas públicas, entre ellas, el incremento al salario mínimo, las transferencias directas en efectivo y el apoyo a pequeños productores agrícolas.
Los precios de garantía para productores de granos básicos y programas como Diconsa y Liconsa, ahora transformados en tiendas del bienestar, también han contribuido a mejorar el acceso a alimentos.
“Es fundamental continuar con estos programas, que no solo son medios de subsistencia para pequeños productores, sino que fortalecen los sistemas alimentarios en todas sus etapas: producción, distribución, comercialización y consumo”, subrayó Pérez Molina.
Regulaciones escolares
En el ámbito educativo, la reforma a la Ley General de Educación busca promover entornos escolares saludables mediante nuevos lineamientos para la preparación y venta de alimentos. Aunque estos lineamientos debían publicarse en 2022, fueron emitidos el 30 de septiembre de 2024, al término de la administración anterior.
“Estos lineamientos detallan qué alimentos no se podrán vender en las escuelas, las características nutrimentales que deben cumplir y proponen menús para desayunos escolares”, precisó Pérez Molina.
“Después de décadas consumiendo productos promovidos por las grandes empresas, México comienza a caminar hacia modelos agroecológicos que rescatan la dieta tradicional y promueven una alimentación más saludable”, concluyó.