En un contexto marcado por la crisis ambiental y el cambio climático, la transformación de los modelos económicos tradicionales resulta impostergable. El esquema lineal de producción y consumo —basado en extraer, usar y desechar— ha acelerado el agotamiento de los recursos naturales y alterado el equilibrio ecológico del planeta.
Frente a este escenario, surge la economía circular como una estrategia que busca cerrar el ciclo de vida de los productos mediante la reutilización, el reciclaje y la regeneración de los recursos. Sin embargo, para que esta transformación sea efectiva y sostenible, es fundamental contar con un marco jurídico sólido que oriente y regule estas prácticas.
En este sentido, el derecho económico circular se presenta como una disciplina emergente y esencial, cuyo propósito es facilitar la transición hacia un desarrollo económico sostenible. Integra principios ambientales, sociales y económicos que promueven una gestión responsable de los recursos y garantizan justicia climática y energética para las generaciones presentes y futuras.
La importancia de la economía circular
La preocupación por los límites del crecimiento y la sostenibilidad ambiental se remonta a los años setenta, con hitos como el informe del Club de Roma (1972) y la Cumbre de la Tierra (1992). Estos momentos clave alertaron sobre los riesgos del modelo económico lineal y la necesidad urgente de transformar la relación del ser humano con los recursos naturales, especialmente ante la aceleración del cambio climático.
En las últimas décadas, la sostenibilidad ha impulsado un cambio profundo en la manera en que concebimos el desarrollo económico y social. Surge así la economía circular como alternativa al modelo lineal, que ha demostrado ser insostenible ante los límites finitos del planeta.
Como explica la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM:
“Actualmente nos enfrentamos a una situación crítica en relación con los límites planetarios. Según recientes estudios, ya hemos rebasado siete de los nueve límites que sostienen la estabilidad de la Tierra. Este hecho pone en evidencia que el modelo actual de producción y consumo, voraz y masivo, está agotando los recursos naturales sin darles tiempo para regenerarse. Esta dinámica no solo es insostenible, sino que amenaza la propia viabilidad de la vida en el planeta.”
La economía circular, agregó, constituye un marco sistémico para enfrentar desafíos globales como el cambio climático. Su objetivo es transformar la manera en que producimos, consumimos y gestionamos los residuos, promoviendo la reducción, la reutilización y la regeneración de los recursos naturales.
¿Qué hace el derecho por la economía circular?
La doctora Ibarra Sarlat señaló que uno de los aspectos fundamentales para lograr esta transformación es traducir estas ideas en un marco jurídico efectivo. El derecho económico circular surge como una respuesta necesaria para fortalecer la regulación del sistema productivo. Su objetivo es pasar de un derecho “blando” —basado en directrices no vinculantes— a un derecho “duro”, imperativo y capaz de influir de forma real en las prácticas empresariales y los patrones de consumo.
Este campo del conocimiento aún está en desarrollo. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, ya se trabaja en la construcción de un marco jurídico coherente que integre la producción, distribución, comercialización y consumo bajo principios de circularidad. Ello implica alinear las legislaciones actuales hacia normativas que prevengan el mal uso de los recursos naturales y promuevan la regeneración ambiental.
“El derecho ambiental ha intentado abordar estos retos con regulaciones que, aunque vinculantes, han enfrentado resistencia del sector económico, que ve afectados sus intereses. Por ello, resulta imprescindible fortalecer el derecho económico circular para que las normas no solo existan en el papel, sino que efectivamente modifiquen los patrones productivos y de consumo hacia la sostenibilidad.”
— Dra. Rosalía Ibarra Sarlat, IIJ-UNAM
Por su parte, la doctora Wendy Aide Godínez Méndez, también del IIJ-UNAM, apuntó que un elemento clave para esta regulación es la infraestructura de calidad. Mencionó que normas internacionales como las ISO 59004, 59010 y 59020 establecen estándares para adoptar modelos de negocio circulares, evaluar su desempeño y gestionar la recuperación de materiales secundarios.
“De igual manera, es fundamental integrar conceptos de justicia climática, justicia energética y justicia social en el diseño e implementación del derecho económico circular. La justicia climática busca garantizar políticas que respeten la equidad, los derechos humanos y la inclusión social, mientras que la justicia energética pone atención en el acceso equitativo a fuentes de energía, clave para la distribución y conservación de alimentos y otros bienes esenciales.”
— Dra. María del Carmen Carmona Lara, IIJ-UNAM
Otro de los ejes necesarios dentro de este marco jurídico es el consumo responsable. La sociedad actual vive en un estado de hiperconsumo, donde los productos no se adquieren por necesidad, sino por razones psicológicas, sociales o emocionales. Por ello, resulta imprescindible educar a los consumidores, brindar información clara mediante ecoetiquetas y promover estilos de vida sostenibles.
La economía circular y su marco jurídico deben basarse, además, en principios como la responsabilidad diferenciada, la equidad intergeneracional y la participación inclusiva. Solo así será posible construir un sistema económico y social que respete los límites planetarios, preserve los recursos naturales y garantice un futuro justo para todas las generaciones.
Justicia circular: un nuevo principio rector
Más allá de la regulación técnica, el componente ético resulta indispensable. Para que el derecho económico circular tenga un impacto profundo y equitativo, debe estar orientado por un principio rector: la justicia circular.
Mientras el derecho económico circular establece normas, obligaciones y políticas públicas para que los actores económicos actúen de forma sostenible, la justicia circular orienta esas normas hacia un fin ético y socialmente justo, evitando que la economía circular se reduzca a un mero mecanismo de eficiencia técnica o marketing verde.
“La justicia circular no es una idea aislada. Forma parte de una transformación más amplia del derecho, en la que convergen disciplinas como el derecho ambiental, económico, energético y de justicia climática. Este enfoque propone una evolución del derecho ambiental hacia un derecho al desarrollo sustentable y exige una reformulación de las bases legales y políticas que rigen la relación entre la sociedad, el Estado y el medio ambiente.”
— Dra. María del Carmen Carmona Lara, IIJ-UNAM
México y la economía circular: avances y limitaciones
Algunos estados mexicanos, como Querétaro y Quintana Roo, han dado pasos importantes al legislar sobre economía circular e introducir principios como la responsabilidad extendida del productor, que obliga a las empresas a hacerse cargo del impacto ambiental de sus productos durante todo su ciclo de vida.
El doctor Jorge Witker Velázquez destacó que, aunque son avances plausibles, el Estado debe mantener un rol irremplazable. Si bien México cuenta con 32 leyes relacionadas con el manejo de residuos —siendo la más relevante la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), publicada en 2003—, éstas no bastan para garantizar resultados efectivos. Es necesario establecer regulaciones obligatorias, políticas públicas robustas y marcos normativos que integren tanto la protección ambiental como el desarrollo económico.
Retos hacia el derecho económico circular
Un punto crítico para consolidar esta disciplina es la dificultad de trasladar el conocimiento académico a la toma de decisiones políticas. A pesar de la existencia de investigaciones, propuestas normativas y diagnósticos, los gobiernos suelen no actuar con la urgencia necesaria. Por ello, se sugiere traducir las consecuencias ambientales en impactos económicos concretos —como costos en salud o pérdida de recursos—, con el fin de motivar una respuesta más pragmática desde las instituciones.
Hacia una economía regenerativa con justicia circular
La crisis ambiental actual exige una transformación profunda del modelo económico dominante. La economía circular no solo representa una alternativa técnica o productiva, sino una nueva forma de concebir el desarrollo, basada en el respeto por los límites del planeta, la equidad y la justicia intergeneracional.
Para que esta transformación sea efectiva, el derecho económico circular debe consolidarse como un marco normativo fuerte, vinculante y éticamente orientado. Solo así será posible impulsar un cambio sistémico que articule la sostenibilidad con la justicia social y ambiental.