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Crisis política en Venezuela

El jueves pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano suspendió la segunda etapa del proceso para convocar al referendo sobre si Nicolás Maduro continúa o no en la presidencia, tras detectar un fraude en la fase inicial, en la que se solicitaba recolectar como mínimo 190 mil firmas (el uno por ciento del padrón electoral del país) a fin de dar cauce al siguiente paso.

“Esto no debe ser visto como resultado de una estrategia dilatoria del gobierno chavista, sino como un error táctico de la oposición, pues es indudable que sí cometió las irregularidades que se le imputan”, expuso Nayar López, coordinador del centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Al respecto, el académico señaló que esto no implica que la consulta llegue a su fin o que se le cierren las puertas, sino que será aplazada hasta determinar quiénes son los responsables de presentar cerca de 600 mil rúbricas apócrifas, pues pertenecen a menores de edad, personas con identidad falsa, convictos e incluso muertos.

Para el profesor investigador, lo desconcertante es que los impulsores del referéndum (agrupados en una coalición de partidos llamada Mesa de Unidad Democrática o MUD) debían colectar sólo 190 mil firmas, “pero llegaron con un millón 800 mil, de las cuales una tercera parte exhibía irregularidades evidentes, como revelaron las revisiones posteriores a su recepción”.

De haber considerado sólo signaturas reales, los opositores de Maduro hubieran fácilmente pasado a la segunda fase —programada para el 26, 27 y 28 de octubre— y que consistía en reunir ahora de cinco a seis millones de rúbricas (el 20 por ciento del listado electoral venezolano).

Entonces, ¿por qué hacer algo así? “Al mostrar un número tan superior al mínimo requerido por las autoridades lo que buscaba la MUD era lograr un mayor impacto político”, explicó López Castellanos.

No obstante, esta táctica resultó contraproducente, pues los opositores estaban esperanzados en realizar el referéndum antes del 17 de enero de 2017, pues ello obligaría a convocar a nuevas elecciones presidenciales, pero con esta dilación la consulta tendrá lugar después de esa fecha límite y Nicolás Maduro, en caso de ser obligado a renunciar, simplemente legará el poder a su vicepresidente sin necesidad de llamar a las urnas.

Actualmente, el CNE revisa el alud de demandas presentadas por los familiares de los niños o de los fallecidos consignados por la MUD como partidarios de la revocación de mandato, lo que ha obligado a suspender el proceso hasta aclarar las cosas.

“De haber sido limpios en esa etapa, el revocatorio se habría realizado la semana entrante. Tenían un millón 200 mil rúbricas reales y sólo necesitaban 190 mil, ¿para qué meter 600 mil falsas? Al hacerlo cometieron un gran error”, concluyó.