El 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación decretaba que, a partir de esa fecha, las mexicanas podían votar y ser votadas. Esta decisión llegó cinco décadas después de que Australia del Sur garantizara, por primera vez, el sufragio femenino universal.
“Incluso, la mayoría del continente americano se nos adelantó en ese rubro (EU lo hizo en 1920 y Uruguay en 1927), aunque no por ello debemos ver a esta resolución como algo emitido con rezago, sino como un logro, pues como todo lo acontecido en el país tras la Revolución, esta conquista es resultado de un largo episodio de mediación ante una élite política, masculina y autoritaria que veía a la participación femenina con recelo, confusión, descontrol e incluso miedo”, expuso Marco Arellano Toledo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
Para el también columnista del International Bussines Times, al analizar este escenario es preciso considerar que si bien a mediados del siglo XX las principales democracias del orbe habían incorporado este derecho en sus normatividades, en México este proceso caminó con lentitud y, en muchos casos, de la mano de ciertas coyunturas.
“Por ejemplo, entre 1923 y 1925 se concedió la igualdad política en tres estados: San Luis Potosí, Yucatán y Chiapas; sin embargo, se hizo de forma limitada y según los caprichos del gobernador en turno. Y en 1947, en el sexenio de Miguel Alemán —para dar un aire de modernidad y tolerancia—, a partir de una propuesta de ley del mandatario, las mexicanas estuvieron en posibilidad votar y ser votadas, aunque sólo a nivel municipal”, dijo.
Esto último sólo fue más una “migaja” para el creciente movimiento de reivindicación, pues no sería sino hasta 1953 cuando se concedió este derecho de forma completa, después de que muchas organizaciones fueran incorporadas al modelo corporativo del Estado y no sin que antes el partido oficial tuviera la certeza (o al menos eso creía) de que dicha concesión no entorpecería sus aspiraciones de ganar elecciones frente a una oposición conservadora.
“La incorporación de los derechos políticos femeninos en México fue resultado de un cálculo desde el poder. Se dio paulatinamente, pues el régimen buscaba garantizar que las sufragistas no desequilibraran las oportunidades del triunfo del partido en la silla presidencial. “Recordemos que éste veía en las mexicanas un caldo de cultivo para que la Iglesia rigiera sus conciencias, empujándolas a preservar el valor sacramental de la familia. El miedo al conservadurismo respecto a la secularidad del Estado estaba en juego” subrayó.
Sobre la clave del triunfo del movimiento sufragista femenino, Arellano Toledo aseveró que ésta fue su capacidad de adaptarse al imbricado escenario mexicano de la época, “pues el antiguo régimen seguía una fórmula compleja, pero funcional, al procesar demandas”.
Primero se negaba; después, si la petición continuaba, intentaba contenerla (a veces mediante represión); si ni lograban opacar su resonancia social, se invitaba a los activistas a participar en las reglas de un sistema autoritario, corporativo y seductor (a veces se les cooptaba y ahí acaba el ciclo); por último, si los demandantes se organizaban, resistían el embate desde el poder, participaban bajo sus reglas y mostraban serenidad política sin alterar “el orden revolucionario”, entonces, se concedían lo solicitado.
El proceso, cuando era exitoso, tardaba 20 o 30 años, aunque si no se cumplían todas las etapas o si se daban confrontaciones por la impaciencia de los participantes, no se concretaba nada.
“En este renglón, las mexicanas nos dieron una lección, porque su paciencia y capacidad de adaptación rindieron frutos, aunque también tuvieron que hacer concesiones, aceptar, esperar, pactar y jugar con las reglas establecidas por el régimen”, aseveró Arellano.
A nivel democrático, esta conquista lograda hace 63 años replanteó nuestro escenario a tal grado que hoy, el 52 por ciento de la lista nominal en México está integrada por mujeres; además, del total de sufragantes en las elecciones federales, 55.7 por ciento son de género femenino (según datos de 2009 del documento Participación política de las mujeres en México. A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino, editado por el PNUD).
“Este dato se ha mantenido en el tiempo, lo cual indica que ellas acuden a las urnas en proporción de su tamaño en el listado referido, pero sobre todo, indica que lo logrado en 1953 fue un acierto”, acotó el integrante del Centro de Estudios Políticos de la FCPyS.
“Los derechos femeninos llegaron para quedarse. Ahora resta profundizarlos, defenderlos e interiorizarlos en una cultura no sólo política, sino social e incluso antropológica, pues aún vivimos en una sociedad con rezagos machistas y obstaculizadora. Ha sido una larga marcha, pero sé que las mujeres avanzarán por esta senda hasta triunfar totalmente”, concluyó.