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Pandemia, hacinamiento y represión en El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, autorizó a la Policía Nacional Civil y al Ejército utilizar la fuerza letal para capturar en las calles (y asesinar si se oponen a su detención) a los integrantes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), 18-Revolucionarios y 18 Sureños, a quienes calificó de terroristas. Lo anterior derivado de 49 homicidios en menos de 72 horas, en un repunte inédito de la violencia en el país centroamericano.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario decretó emergencia máxima en los centros penitenciarios y ordenó que los delincuentes —indistintamente del grupo al que pertenezcan— convivan y sean recluidos en las mismas celdas (espacios sellados sin luz y sin forma de comunicación con el exterior).

En este contexto, el periodista y escritor Óscar Martínez, señaló que las medidas políticas de Bukele están enfocadas al marketing y a la necesidad de posicionar mensajes para promocionar su gobierno. Agregó que el repunte de la violencia echó por tierra el “logro” en la reducción de homicidios, objetivo del Plan de Control Territorial del gobierno salvadoreño.

En entrevista con el programa Prisma Ru de Radio UNAM, conducido por Deyanira Morán, alertó que las tres principales pandillas salvadoreñas estaban separadas desde 2002 y que su estructura delictiva seguía intacta, por lo que juntarlos implica la posibilidad de que empiecen a operar en conjunto y se vuelvan una amenaza para el Estado.

Asimismo, Martínez acotó que las fotografías en medios impresos y redes sociales con cientos de pandilleros hacinados —en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19—, han causado preocupación a grupos de derechos humanos por el alto riesgo de contagio. “La pandemia es utilizada por el presidente de El Salvador para mostrarse autoritario y controlador del Estado, sin respeto por las normas políticas.”

Finalmente, el autor de los Migrantes que no importan denunció que las conferencias de prensa de Nayib Bukele se hacen sin derecho a preguntas y las entrevistas que concede son a medios afines a su gobierno, en consecuencia, se desconoce su plan de seguridad en los centros penitenciarios y su estrategia para desmantelar a grupos criminales.