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Políticas  para mejorar educación superior, responsabilidad del gobierno y  universidades

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene los niveles más altos de desigualdad de ingresos entre los países socios, lo que tiene implicaciones en términos de acceso a la educación superior. En las estadísticas del mismo organismo México también tiene la población más joven, 46 por ciento tiene entre 0 y 24 años.

Durante la presentación de Paulo Santiago, director de la División de Política e Implementación dentro de la Dirección para Educación y Competencias de la OCDE, en el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE) del ITESM, expuso el contexto actual de la educación superior en México.

Retomó los resultados del informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe Pisa, estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial, y destacó que en México un porcentaje de alumnos mayores de 15 años tiene la ambición de aspirar a educación terciaria, sin embargo, la preparación pre-terciaria de estos alumnos en comparación con otros del mundo es muy baja.

De acuerdo con esta prueba, México está bien ubicado en competencia lectora (eje más importante evaluado en la prueba Pisa), frente a países latinoamericanos, pero el panorama cambia respecto al contexto mundial donde se vuelve débil.

Destacó que los graduados en educación superior tienen más probabilidades de estar empleados y menos de estar inactivos, pero al mismo tiempo no se ha avanzado en la última década en los niveles terciarios (maestrías y doctorados). La mayoría se ha quedado en la licenciatura  y no se ha trabajado en crear competencias en la fuerza laboral para abatir la automatización de los trabajos y la inserción de la Inteligencia Artificial que se da a pasos agigantados.

En ese sentido, Paulo Santiago refirió que la educación superior tiene tres responsables: el gobierno federal, estatal y las universidades públicas y privadas. El gran reto para las instituciones será establecer un marco de gobernanza adecuado para todo el sistema de educación superior que defina una división más clara de responsabilidades, construir y desarrollar estrategias a largo plazo, mejorar la transparencia del financiamiento de la educación superior, asegurar la calidad, equidad y el acceso a ésta, así como crear espacios de coordinación dentro del sistema de educación superior. México tiene un sistema fragmentado de instituciones, “actualmente existen 13 subsistemas de educación superior y no hay un sistema de créditos que facilite la transición y movilidad entre éstas”, finalizó.