El incumplimiento de las obligaciones jurídicas del Estado en la rama del Derecho Cultural no debería injerir en el papel que juega la sociedad civil en el nuevo paradigma constitucional de México.
De acuerdo con la doctora Erika Flores Déleon, nuestro país cuenta con un factor importante capaz de cambiar aquellas inercias que impiden la dignificación del ser humano: su bono demográfico (la mitad de su población cuenta con menos de 30 años). Así pues, de utilizar las herramientas jurídicas adecuadas, esta nueva ola generacional evitaría las constantes violaciones a sus derechos más básicos.
Durante su estancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la doctora Flores Déleon llevó a cabo una investigación en torno al Derecho Cultural en México como una nueva especialidad de la Ciencia Jurídica que publicó bajo el sello editorial Atelier Libros.
Con su análisis, la también presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable (IDC Cultura) propone una metodología para legislar e instrumentar políticas públicas en materia cultural basada en el principio de indivisibilidad de los derechos culturales.
Es decir, que los recursos públicos se implementen según una metodología sostenida en el artículo Primero Constitucional, la cual sustenta la obligación de la autoridad de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos, los culturales.
Flores Déleon refiere que poseemos una Constitución Política y unos estándares internacionales que, a partir de 2011, tienen aplicabilidad y fuerza directa vinculante en los tres poderes del Estado, aunque aún no están plasmados ni implementados a nivel de políticas públicas culturales.
“En el marco de la investigación jurídica en materia dogmática de Derecho Cultural, la garantía de primer nivel, que es la garantía legal, se han observado vicios de inefectividad del sistema jurídico cultural mexicano, porque el corpus iuris (Cuerpo de Derecho) cultural no está armonizado con la legislación internacional. Se está mezclando el entretenimiento con las bellas artes y realmente el tema de los derechos culturales en México es un tema que está en plena expansión”.
En este sentido, la investigación de Flores Déleon comentó que se enfrentó a muchos focos rojos en torno a las nueve dimensiones que abraza los derechos culturales (educación, cultura, patrimonio cultural material e inmaterial, derechos de autor, medios de comunicación y nuevas tecnologías, pueblos originarios, fomento artesanal, símbolos nacionales identitarios y diversidad cultural), por ejemplo, las diferentes concepciones sobre la palabra cultura.
Para manejar una sola idea sobre ésta, generó un marco teórico y conceptual con el fin de operar términos desde un ámbito jurídico.
Con relación al resultado del análisis que realizó en torno a la nueva Constitución Política de la Ciudad de México y la nueva Ley de los Derechos Culturales de los habitantes de la Ciudad de México, concluye que es un papel estéril, inerte e insustancial, “porque si se trata de dignificar a las personas, la ley no los tutela de manera efectiva”.
Aclaró que la definición que esa ley hace de la palabra cultura es mucho más compleja que la establecida por la comunidad internacional. “Dice que la cultura es todo el contenido emocional de un pueblo, pero ¡no se le puede decir a un jurista que regule las emociones! En el marco de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la conciencia humana está vetado, por tanto, esta ley no dignifica al sector cultural más bien deja una puerta abierta de manera tal que los poderes públicos tienen una libertad exacerbada —la discrecionalidad del poder público—, que es tan amplia que roza la arbitrariedad”.
Por otro lado, si nos enfocamos en el artículo Tercero Constitucional, la doctora sostiene que la educación no es laica ya que insta a adorar símbolos y tiende a la identidad nacional, pues todo lo que tiene que ver con aquélla viola el principio de libertad y de desarrollo de la personalidad, “y en el marco de los derechos humanos y de la educación, el Estado tiene vetado interferir en la conciencia humana”.
En entrevista aclara que su intención fue investigar sobre la identidad y creatividad, sin embargo, conforme avanzaba en su investigación decidió profundizar en las nueve dimensiones que abrazan los derechos culturales ya sea para continuar con la investigación o saber si las instituciones y políticas educativas requieren de una modificación.